Moncloa eleva al Vaticano su rifirrafe con los obispos

Moncloa eleva a Roma las batallas abiertas con la Iglesia española: la expulsión de los benedictinos del Valle de los Caídos y la fiscalización estatal de las indemnizaciones a las víctimas de abusos. La audiencia del presidente Pedro Sánchez con Francisco este viernes tenía como eje estas dos cuestiones internas, amén de que desde el Gobierno se anunciara que el motivo principal era la paz en Oriente Medio y la crisis migratoria. De hecho, según ha podido saber LA RAZÓN, la petición de la cita pontificia tuvo lugar mucho antes de que el conflicto de Gaza se extendiera a la región y de que el Papa manifestara su interés por viajar a Canarias para conocer de primera mano el drama de los cayucos.

En su comparecencia en el jardín de la Real Academia de España en Roma, el mandatario socialista aclaró que estas cuestiones se han abordado «desde un punto de vista más global» con el pontífice y «desde un punto de vista más bilateral» en un diálogo posterior con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, el cargo equivalente a un primer ministro, así como con el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher. En público expresó «nuestra absoluta predisposición a llegar a un acuerdo con la Iglesia católica para resolver estas dos cuestiones», presentando de manera genérica su determinación en «la aplicación y desarrollo del informe y las conclusiones que impulsó el Defensor del Pueblo» sobre los abusos sexuales. A la par, Sánchez defendió el deseo de completar «la resignificación del Valle de Cuelgamuros».«Evidentemente queremos hacerlo también de la mano de la Iglesia», dejó caer. La Santa Sede correspondió con un comunicado en el que mostró su voluntad de «fomentar un diálogo fructífero entre la Iglesia local y las autoridades gubernamentales».

En el entorno eclesial español no tienen dudas de que detrás de esta visita y de las palabras de «guante blanco» del presidente hay «un ejercicio de presión» directo al Papa y a Parolin, cuando no un intento de «desautorizar a los obispos llevando los problemas al ‘jefe’, azuzando una ventanilla superior, o incluso intentando encontrar fugas entre la visión de Roma y la española». Estas mismas fuentes confirman que, hoy por hoy, «el Vaticano no va a enmendar ni cuestionar la labor de la Iglesia española en estos dos asuntos, no por corporativismo, sino porque verdaderamente se considera que se está obrando con acierto en la que están abordando tanto la cuestión del Valle como la lacra de la pederastia, aun con sus salvedades». Es más, tanto el propio Francisco como sus más estrechos colaboradores estarían al día de cada uno de los movimientos que tanto el Ejecutivo como los actores eclesiales vienen realizando en los últimos meses.

La comisión creada por el Gobierno para resignificar Cuelgamuros funciona a pleno rendimiento y sí o sí incluye en sus planes la expulsión de la actual comunidad monacal, un objetivo que quieren culminar antes de finales de 2025, cuando se cumplen los 50 años de la muerte de Franco. Si bien hay voces que hablan de que la negociación corresponde a la Conferencia Episcopal, al Vaticano o a la abadía francesa de Solesmes de la que dependen los benedictinos del Valle, quien está llevando las riendas de esta encrucijada es el equipo del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Aunque el punto de partida de la Iglesia es defender la presencia de la comunidad monástica, también son conscientes de que Moncloa no perdona los contratiempos institucionales que generó la resistencia pública del abad Santiago Cantera a la exhumación del dictador resulta imperdonable para Moncloa. A partir de ahí, la negociación se abre a múltiples posibilidades: desde sustituir a los monjes actuales por otros benedictinos, algo que el Ejecutivo tampoco parece admitir, hasta buscar otra congregación religiosa. Incluso se habría estudiado la posibilidad de que la presencia católica en el enclave se pusiera en manos de la Comunidad de Sant’ Egidio, precisamente por la labor de esta plataforma en procesos de paz y reconciliación en todo el planeta, incluido el País Vasco. A su favor juega precisamente su impronta mediadora, que iría en la línea del centro de interpretación histórico que Moncloa quiere crear en el Valle. Además, Sant’Egidio contaría con el aval de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que conoce de primera mano su estilo y labor. Sin embargo, la puesta en marcha de ese centro de revisión histórica implicaría eliminar toda presencia eclesial permanente en la zona: cerrar el monasterio, la hospedería y la escolanía, que hoy cuenta con 36 alumnos. Si se fuera más allá de este extremo, la Iglesia sí tiene un límite: el templo no se toca. En caso de este órdago a la grande, en tanto de que se trata de una basílica pontificia y ahí sí tendría que intervenir directamente la Santa Sede.

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en una entrevista hace un mes dijo que «nos parece valioso que debajo de la cruz haya una basílica donde se celebre el sacramento de la comunión, de la reconciliación» y subrayó que «tiene que ser la propia Iglesia quien decida quién está allí». El propio arzobispo de Valladolid abría la puerta a que «el resto, el conjunto del lugar» ha de estructurarse «como la sociedad quiera organizarlo».

Más allá de Cuelgamuros, sobre la lacra de la pederastia, la tensión entre el Episcopado y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha acentuado en estos meses. La aprobación por parte de la Iglesia de una comisión de expertos que determine las indemnizaciones a las víctimas cuyo caso ha prescrito o el abusador ha fallecido cayó como un jarro de agua fría a Bolaños. Sobre todo, porque los obispos se adelantaron a un organismo estatal de similares características que determinaría estas cuantías y obligaría a la Conferencia Episcopal a participar en un fondo para tal fin fiscalizado por la Administración. El ministro presionó por carta a Argüello y convocó de manera improvisada a algunas asociaciones de víctimas para deslegitimar a la acción de los obispos. Hoy por hoy, la comisión eclesial ya funciona con once expertos, dos de ellos pertenecientes a asociaciones que acompañan a víctimas. Entretanto, se desconoce si el Gobierno ha movido ficha más allá de la queja vaticana del viernes.