El Congreso insta a Renfe a volver a indemnizar los retrasos de 15 y 30 minutos
El PP ha sacado adelante una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir a Renfe que vuelva al sistema de indemnizaciones que eliminó en julio. De paso, además, le ha infligido otra derrota parlamentaria al PSOE, que ha visto como sus aliados en la Cámara Baja se han abstenido o han votado a favor de la proposición.
La proposición insta al operador público ferroviario a restablecer las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos que eliminó el pasado 1 de julio. La propuesta ha salido adelante con el apoyo de PP, Vox y UPN y de los aliados socialistas Podemos, ERC y BNG. En contra han votado los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Sumar; mientras que otros tres de los apoyos con los que el Partido Socialista cuenta en la Cámara, Junts, PNV y Bildu, se han abstenido.
También se ha aprobado el segundo punto de la PNL, este sin votos en contra y apoyado por el Gobierno, con el que se insta al Ejecutivo a adoptar todas las medidas necesarias para mejorar los servicios públicos ferroviarios de su competencia, actuando tanto sobre las infraestructuras como sobre los trenes, con el fin de reducir "drásticamente" las numerosas incidencias que se vienen produciendo.
El último punto de la iniciativa, que también ha prosperado por los votos a favor de PP, Vox, UPN y Podemos, exige "inmediatamente" al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que comience a gestionar "de manera real y efectiva" los servicios e infraestructuras públicas ferroviarias de su competencia en beneficio de los usuarios, que sufren "un permanente caos ferroviario por la gravedad de las incidencias y por el talante del ministro".
[[QUOTE:PULL|||El PP cree que rebajar este compromiso es copiar "lo peor" de las empresas privadas]]
En su proposición, los populares pedían al Gobierno revertir «de forma inmediata» los actuales compromisos de puntualidad y devoluciones de Renfe, restableciendo los existentes antes del 1 de julio, pues consideran que han supuesto «un empeoramiento para los usuarios de los servicios públicos ferroviarios. El perjuicio a los usuarios es evidente», según el PP.
El diputado del PP Héctor Palencia, que defendió el martes la propuesta, sostuvo que los ciudadanos no necesitan que Renfe «copie lo peor» de las empresas privadas porque si no, «¿para qué queremos una operadora pública?». A su juicio, no se deben modificar los estándares de puntualidad, sino garantizar a los pasajeros que pueden llegar a tiempo.
«Modificar el criterio de puntualidad solo normaliza el problema, pero no lo soluciona. Evidencia su falta de compromiso real con el bienestar de los españoles», espetó Palencia. En este sentido, ironizó con que a los socialistas «se les atraganta un día sí y otro también la palabra progresista» y realizan lo contrario de lo que significa.
Imposible de mantener
El PSOE justificó el cambio de política en el compromiso de puntualidad de Renfe por la entrada de nuevos competidores extranjeros en la alta velocidad. El portavoz de Transportes del PSOE en el Congreso, César Ramos, reprochó a la bancada popular que con su propuesta perjudican a la empresa pública en beneficio de operadores privados como Iryo o Ouigo. "Quieren poner a uno de los operadores ferroviarios unas condiciones. Y yo me pregunto, ¿y al resto de operadores por qué no? Quieren beneficiar a empresas extranjeras en detrimento de Renfe", dijo el diputado extremeño.
Óscar Puente ha asegurado para defender la pertinencia de la medida que en un escenario de guerra precios como el actual por la liberalización ferroviaria, no se puede seguir manteniendo el compromiso de puntualidad, "aunque en un tiempo en el que el ecosistema ferroviario español se estabilice, podríamos volver a un compromiso similar. Pero en estas circunstancias es un suicidio económico". Sólo el pasado ejercicio, Renfe tuvo que hacer frente a un pago de 42 millones de euros en compensaciones a pasajeros por retrasos e incidencias, una cifra que este año será muy superior, en torno a los 55 millones, según fuentes consultadas por este periódico.