¡Es la vivienda! ¡La vivienda!

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Emprendemos la recta final para el próximo domingo en Madrid, donde vamos a vivir una gran manifestación por la vivienda. No te descubrimos nada nuevo si recordamos las palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista de elDiario.es: “En el Gobierno somos conscientes de que la vivienda ahora mismo es el principal problema de los ciudadanos”.    

Es un grave problema para los ciudadanos y se ha convertido en un factor fundamental de la política económica, aunque el papel de los partidos con responsabilidad de Gobierno y el reparto competencial (las Comunidades Autónomas tienen la competencia en Vivienda) está complicando aún más la situación. Entre otras cosas porque el Partido Popular (PP) asume la vivienda como un producto de mercado más y rechaza la intervención pública pese a la crisis de precios que provoca la incapacidad de los ciudadanos para acceder a alquileres sostenibles o la compra de un piso.  

De esta manera, la estrategia del PP ante la Ley de Vivienda de la mano de sus presidentes autonómicos y con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pasa por oponerse a la declaración de zonas tensionadas que le han solicitado los ayuntamientos de sus Comunidades, aunque sea una vía para lograr rebajar en algunos barrios el precio del alquiler. Eso sí, estos líderes autonómicos conservadores no hacen ascos al dinero que les pueda caer con los planes que ha diseñado el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, y cerraron en una reunión el reparto de 200 millones de euros por el Bono Alquiler Joven y la preparación del Plan Estatal de Vivienda. Con esta actitud, Isabel Rodríguez cambio de estrategia del palo por la de la zanahoria y anunció que el ministerio premiará a las regiones que declaren zonas tensionadas con fondos extra. 

El Gobierno de coalición ha dado tímidos pasos para solventar el problema de la vivienda, pero es que esta situación viene de lejos, sin que los anteriores ejecutivos hayan diseñado medidas reales para acabar con esta fuente de desigualdad. Un informe del gabinete económico de Comisiones Obreras señala que los distintos gobiernos de nuestro país han derrochado cerca de 160.000 millones en beneficios fiscales a los propietarios de viviendas en los últimos 40 años. Si se hubieran eliminado esas deducciones en el IRPF a la compra de pisos y casas se podrían haber construido 1,6 millones de viviendas públicas destinadas al alquiler asequible.

De hecho, los pisos en alquiler han sido una fuente de ingresos en negro para muchas personas hasta que la Agencia Tributaria se puso seria. Hacienda ha aflorado 1.000 millones en alquileres de viviendas no declarados gracias a los cientos de miles de notificaciones que envía cada año, desde 2016, a los propietarios con ingresos por arrendar sus propiedades. Este trabajo de la Agencia Tributaria ha elevado la recaudación y ha mejorado la calidad de los datos tributarios registrados del mercado del alquiler después de haber levantado más de un millón de declaraciones “que incluyen rendimientos inmobiliarios”.

Actualmente, algo más de tres millones de familias tienen ingresos por el alquiler de propiedades inmobiliarias en España (2022). De su actividad, Hacienda recauda unos 2.000 millones cada año. La cuestión es que la vivienda se ha convertido en una fuente de ingresos relevante para las personas más ricas, ante la baja rentabilidad de los productos bancarios, la inversión en ladrillo para dedicarlo al alquiler se ha convertido en un foco para hacer negocios, especialmente para los más ricos, como podemos ver en el siguiente gráfico:

Como dice nuestro director, Ignacio Escolar, aunque el artículo 47 de la Constitución recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, la realidad es que es un derecho pisoteado. Es un problema que no para de crecer y que tiene un impacto claro en la banca. De aquellos abusos, estas provisiones. Entidades como Caixabank, Santander, Banca March, Abanca, Kutxabank o Ibercaja han reforzado en los últimos meses sus balances para poder responder a reclamaciones millonarias de sus clientes por hipotecas y cláusulas suelo. De hecho, en 2023 las hipotecas disparan las quejas al Banco de España contra las entidades financieras.  

La vivienda se ha convertido en una selva donde se va a la caza del máximo beneficio sin importar si se pasa sobre la vida de las personas. Los abusos constantes en el alquiler como el intento de cobrar un seguro de impago, las artimañas de los grandes propietarios para desahuciar a personas por el retraso mínimo del pago de una parte del alquiler pese a que “no ha perjudicado el interés del acreedor” o las maniobras judiciales de los fondos para quedarse con inmuebles son varios ejemplos de la jungla en que se ha convertido el mercado inmobiliario. De esta manera, no es extraño que la crisis de la vivienda impacte en la salud mental de los ciudadanos.

Sobran razones para la manifestación del 13 de octubre en Madrid bajo el lema 'La vivienda es un derecho no un negocio'.

El Gráfico

Vuelven momentos que parecían olvidados en el terreno de la economía. La política de austeridad que fue el colofón de la crisis financiera de 2008 se vuelve a imponer en Bruselas. Estamos en pleno proceso para definir la consolidación fiscal que se nos viene encima: el Gobierno de España “tiene el compromiso de presentar el plan fiscal estructural de medio plazo el 15 de octubre”, según recordó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Ahora bien, cada vez hay más voces que ponen en duda la vuelta a políticas que solo trajeron miseria al continente europeo. Una investigación del Instituto de Estudios Económicos Internacionales de Viena señala que las nuevas reglas fiscales comunitarias “subestiman” el daño de los recortes al crecimiento de la economías. Los cálculos de los “ajustes” presupuestarios que deberá hacer España llegan a 3,6 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) entre 2025 y 2028, una estimación similar a las realizadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o por el Banco de España. En este enlace te contamos cómo las nuevas reglas fiscales de la UE hacen más daño que lo que se supone a la economía. 

Cada vez que habla sube el pan

Es como el trabajo y la pensión, para las que había una regulación muy abrupta: o eras trabajador o eras pensionista. Con el acuerdo alcanzado [de pensiones], hemos hecho que ese tránsito desde la voluntariedad pueda ser más flexible. Pues lo mismo en la incapacidad temporal

Elma Saiz — Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Ha sido uno de los temas económico de la semana. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, anunció la apertura de dos mesas de negociación relevantes: la primera, sobre la nueva cotización de los autónomos según sus ingresos reales y negociar las nuevas cuotas a partir de 2026 (aquí tienes el calendario de la Seguridad Social para cobrar [o devolver] las nuevas cuotas de los autónomos). La segunda mesa es para reformar la incapacidad temporal, entrando de lleno en la polémica porque la ministra apuntó la posibilidad de crear situaciones “más flexibles” que permitan estar de baja médica y a la vez trabajar. Se lio parda con las bajas “flexibles”.

El vocabulario de la ministra causó recelo entre los agentes sociales, ya que eso de la voluntariedad es muy relativa cuando hay una clara desigualdad de poder entre empresarios y trabajadores. A esto hay que añadir que realmente no se sabe si es voluntario o prevalece la autoridad del médico para acordar la bajas o el alta en los procesos de enfermedad. La Seguridad Social ha citado el 14 de octubre a los sindicatos y patronal para abordar las bajas laborales “flexibles”. Una reforma que empieza con polémica. Aquí te explicamos lo qué se sabe de la propuesta de la Seguridad Social sobres las bajas médicas “flexibles” que permitan trabajar.

En el entorno laboral, también te hemos explicado las claves de la huelga en el transporte y en los autobuses de viajeros que sobrevuela la Navidad y el Black Friday. Se trata de varias jornadas de paro convocadas por las sectoriales de CCOO y UGT en octubre, noviembre y diciembre para que se facilite la jubilación anticipada. Una movilización un tanto contradictoria cuando las centrales sindicales de CCOO y UGT a nivel estatal pactaron con el Ministerio de Seguridad Social la última reforma de pensiones hace solo unos meses, donde se incluyó un nuevo procedimiento para acceder a las jubilaciones anticipadas por penosidad, además de la modificación de la jubilación parcial y el contrato relevo. 

El Dato

450.000 euros de multa

le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a la firma de moda japonesa Uniqlo en España por mandar la nómina de 446 empleados, con sus salarios desglosados, nombres completos, DNI, números de afiliación a la seguridad social y cuentas bancarias, a una empleada que se puso en contacto con el departamento de recursos humanos de la compañía para solicitar su nómina ante el fin de su relación laboral con la empresa. Pese a la gravedad de la brecha de seguridad, Uniqlo no informó a los afectados de lo sucedido, que posteriormente atribuyó a “un error humano” cuando la AEPD le requirió información. La AEPD considera que lo sucedido demuestra que la empresa no tenía “las medidas apropiadas” para salvaguardar los datos más sensibles de sus trabajadores en España. Cuidado con los correos que se envían. Más información en este enlace sobre la alta multa a Uniqlo por enviar a una empleada las nóminas de toda la plantilla.

Entrepreneur  

Los millonarios royalties de las variedades de la mandarina mantiene en guerra judicial al Rey de Marruecos con la empresa Eurosemillas, un gigante alimentario español, participado por uno de los dueños de Santalucía, en el que sus gestores tienen una histórica relación con el Opus Dei. De momento, el Tribunal General de la UE (TGUE) confirmó la protección de Nadorcott, una variedad de mandarina propiedad del rey de Marruecos, y rechazó un recurso de Eurosemillas, que alegaba que no cumplía el requisito de novedad, frente a la clementina Tang Gold, de la empresa agroalimentaria andaluza. La empresa se está planteando recurrir la decisión con lo que esta batalla, que dura ya varios años, no ha terminado. Aquí tienes más detalles sobre la pugna entre el líder cordobés de las semillas y el rey de Marruecos.

Otra noticia relevante a nivel empresarial. Un juzgado de Madrid investiga por lo penal el suicidio de un empleado de la empresa pública Mercasa, que se quitó la vida en 2020 después de años sufriendo acoso y sobrecarga de trabajo. Por ahora hay tres personas investigadas, entre ellas Agustín García-Cabo, actual director Económico Financiero de Mercasa. Se va a dirimir la existencia de presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, acoso y homicidio imprudente por un suicidio, cuyo carácter laboral ya ha declarado en firme el Tribunal Supremo, y si la empresa pública implantó algún tipo de protocolo o prevención ante el acoso laboral. Aquí te contamos que un juzgado investiga a un alto directivo de Mercasa por el suicidio de un empleado que sufrió acoso laboral. 

Bien Público

No hay un infierno fiscal en España. Lo repetimos porque hay gente en nuestro país que no se entera: no hay un infierno fiscal en España. Lo puede proclamar todo lo que quiera el universo neoliberal patrio pero los datos demuestran lo contrario. Tras la corrección del cálculo del PIB (Producto Interior Bruto) por parte del INE, el peso de la recaudación de impuestos y de las cotizaciones sociales en España cayó del 38% en el que se había quedado en 2022 —antes de la revisión de la Contabilidad Nacional— al 36,8% en 2023, según los datos aportados por la Agencia tributaria. “Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, llegó a decir el presidente Pedro Sánchez. No es tan fácil con la debilidad parlamentaria del Gobierno si tiene que negociar con el PNV y Junts, pero hay margen para subir impuestos. La contribución fiscal en España está entre cuatro y cinco puntos por debajo de la media de la eurozona. Hay que recordar que  la Comisión Europea amenazó con llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber puesto en marcha las medidas necesarias para aplicar el nuevo tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades, que se esta tramitando en el Congreso. Hay margen para subir impuestos. Aquí tienes más información sobre cómo ha caído la contribución fiscal en España.  

Nos gusta la competencia

En esta sección te ofrecemos una selección de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Hasta aquí llegamos. Ya sabes que volveremos con más información económica el próximo jueves. Hasta entonces nos puedes escribir con propuestas, ideas o quejas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!