Retiran a un guardia civil en silla de ruedas por «inutilidad» para el servicio: «Lo discriminan por su discapacidad»

La familia de Jacobo Barchín , el agente en silla de ruedas que lucha desde hace años por volver a trabajar de Guardia Civil, recibió este martes la peor de las noticias, la que estaba tratando de evitar por todos los medios. Atisbaron luz al final de túnel en forma de promesas, pero finalmente ha llegado el «mazazo». La Benemérita le ha comunicado que pasa a retiro al joven de 34 años por literalmente -según expresa el documento oficial que obra en poder de ABC- «inutilidad permanente» para el servicio. Jacobo sufrió un grave accidente en bicicleta el pasado 2 de diciembre de 2020, cuando salió a rodar en la localidad alicantina de El Campello, donde fue destinado este agente manchego nacido en el pueblo conquense de San Clemente. Cayó dentro de una arqueta abierta sin señalizar y sufrió una lesión medular que le dejó en silla de ruedas. No obstante, lleva desde entonces realizando una dura rehabilitación diaria que le ha permitido sentirse capacitado para «seguir cumpliendo su sueño de ser Guardia Civil» en un puesto adaptado. Para ello, basaba su deseo en casos similares registrados en otros cuerpos oficiales. Así, apoyaron todas sus alegaciones en los casos de la soldado Isabel Fernández, del Ejército de Tierra, que realiza funciones administrativas en la academia de infantería de Toledo, o también en el de un policía nacional destinado en Córdoba en circunstancias idénticas. «¿Es acaso mi marido menos que ellos?» , lamenta su esposa Raquel. Ahora, tres meses después desde que se hiciera pública su denuncia en un reportaje en ABC , su mujer critica la decisión del instituto armado de pasarle a retiro por no ser útil para el servicio, «siguiendo en su empeño de discriminarlo por su discapacidad, sin tener en cuenta las alegaciones presentadas». «Jacobo sólo quiere sentirse útil y seguir ejerciendo su trabajo como cualquier otra persona, pero parece ser que este gobierno tan progresista que apuesta por la igualdad y la inclusión en la sociedad no tiene hueco para él y que no tiene los mismos derechos por el simple hecho de tener una discapacidad», critica en declaraciones a este periódico. En esta última resolución, la Guardia Civil no tiene en consideración las últimas alegaciones basadas en el informe de un perito que valoró a Jacobo y donde quedaba reflejado que sí está capacitado para trabajar en tareas administrativas , ya que su lesión sólo es de cintura para abajo y que tiene las capacidades cognitivas intactas. Además, aportaron la legislación estatal e interna de la Benemérita que «amparaba» al agente a ser apto con limitaciones en el cuerpo, como también contempla la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante, confirma la familia que i nterpodnrá un recurso contencioso-administrativo por vía judicial, puesto que la administrativa está agotada, y que el siguiente paso será ir a juicio para «seguir luchando». «Hoy se vuelve una vez más a vulnerar los derechos de las personas con discapacidad. Hoy ese sueño se ve truncado por los miles de prejuicios que siguen presentes en la sociedad y más concretamente dentro del instituto armado», enfatiza Raquel. Todo ello, después que ambos conocieran que el Ministerio de Defensa y el anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, estaban tratando de impulsar cambios normativos para permitir la continuidad en el servicio de sus miembros con discapacidad sobrevenida, como es el caso de Jacobo. Según apunta la pareja del agente, el propio Marcos firmó el pase a retiro de Jacobo unos días antes de recibir una carta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ( Cermi ), al que comunicó que estaban «impulsando modificaciones legislativas y reglamentarias para la continuidad en el servicio de los guardias civiles que se vean afectados por cambios en sus condiciones psicofísicas». Ante esta situación, pregunta a la nueva directora de la Guardia Civil, Mercedes González, si va a cumplir su promesa de «dejar en lo más alto al cuerpo», pues «desde luego que con esto que le están haciendo a Jacobo más bien quedan por muy bajo no valorando a uno de los suyos». Durante su última valoración médica, en el Hospital Gómez Ulla de Madrid en enero de 2024, le aumentaron el grado de discapacidad pese a tener ya uno reconocido por la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, con tal fin, según Raquel, de justificar su pase a retiro. «El mismo tribunal de palabra le dijo a Jacobo que le iban a proponer para un apto con limitaciones porque está completamente capacitado para seguir trabajando en un puesto adaptado a sus nuevas necesidades», recordaba. Por otro lado, la decisión de la Guardia Civil llega en paralelo a la aprobación de la reforma del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores que permitirá eliminar como causa automática de extinción de la relación laboral el reconocimiento de la Incapacidad Permanente de la persona trabajadora. Con esta nueva normativa, las empresas ya no podrán decidir unilateralmente la extinción de una relación laboral en caso de incapacidad permanente de la persona trabajadora y deberán hacer los ajustes razonables o el cambio de puesto que permitan a las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente después de iniciar su relación de trabajo, algo que según Raquel, la Guardia Civil ha pasado por alto. «Se supone que tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, y a la vista está que no es así y siguen tratando a las personas con discapacidad como despojos y como inútiles, es vergonzoso que en pleno siglo XXI en vez de avanzar en derechos y en igualdad cada vez vayamos para atrás», se avergüenza. «Me siento orgullosa de la gran persona que tengo a mi lado, que a pesar de todas las trabas que le están poniendo no deja que nadie le ponga límites y sigue peleando por sus sueños y por sus derechos. Hemos recibido una noticia triste, pero no nos vamos a rendir », confirmaba Raquel. Durante todo este camino, ambos han contado con la ayuda de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ( AUGC ), quienes se han hecho eco de sus reivindicaciones para pedir la adecuación del entorno laboral a las características de los guardias civiles con discapacidad, teniendo en cuenta habilidades y limitaciones. «Es fundamental garantizar que aquellos que han dedicado sus vidas al servicio y protección de los demás, como es el caso de la familia de nuestro compañero Jacobo, puedan continuar desarrollándose profesionalmente en un entorno que reconozca y valore sus habilidades y experiencia», apuntaban desde la organización.