El Supremo devuelve a Barcelona la causa contra Alvise por la falsa PCR de Illa y pide al juez que motive su imputación

El titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona remitió al Tribunal Supremo la causa que seguía contra Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por la publicación de un falso test de covid del líder del PSC y ahora presidente de la Generalitat, Salvador Illa; pero de momento, no servirá para abrir causa contra el eurodiputado: el Alto Tribunal le ha devuelto los escritos porque el instructor no había elevado la preceptiva exposición razonada motivando los indicios concretos de forma individualizada. Según informan en fuentes jurídicas a ABC, en su resolución, el Supremo indica al juez que debe elevar una exposición razonada donde consten los avances de su investigación y las conductas que se imputan a Alvise Pérez. Le recuerda, de paso, que el plazo de instrucción de su causa vence el 17 de noviembre y tendrá que acordar una prórroga para que de tiempo a tramitar esa elevación que se produce porque el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta goza de aforamiento. La causa se abrió tras una querella de la Fiscalía contra Alvise por delitos de falsedad documental e injurias en relación a una serie de mensajes en sus redes en los que difundía una falsa prueba PCR de diagnóstico de coronavirus a Salvador Illa acusándole de ocultar un positivo de cara a participar en un debate electoral de la campaña a las Generalitat de Cataluña. Pérez llegó a prestar declaración en el juzgado y reconoció que difundió el documento sin verificarlo. La sospecha es que ese documento, con sello de una clínica privada, lo habría fabricado él. Alvise tiene otra causa abierta en los juzgados de Madrid por la publicación en sus redes de parte del sumario del caso Villarejo y en concreto, de los whatsapps extraídos por los investigadores del teléfono de Francisco Martínez, que fue secretario de Estado de Seguridad con gobierno de Mariano Rajoy. Este asunto dado su aforamiento, también tendría que acabar en el Tribunal Supremo. Y allí, la Fiscalía tiene otros dos asuntos entre manos. Por un lado, la denuncia de una juez de Sevilla que señaló a Alvise por amenazas y presiones en internet. Por otro, la que interpuso Álvaro Romillo, el empresario detrás del Madeira Invest Club, quien asegura (y sustenta con toda una cadena de mensajes y audios) que le entregó 100.000 euros en negro para que financiase su campaña electoral al Parlamento Europeo. Ese chiringuito financiero está siendo investigado por estafa en la Audiencia Nacional y allí, una de las acusaciones pidió también la imputación de Alvise. El juez al frente del asunto, José Luis Calama, ha puesto en cuarentena la solicitud en espera de que avance la investigación y se aprecie si afloran o no, indicios concretos de la participación del líder de SALF en los hechos.