Ministerio Público solicita prisión preventiva contra imputados en caso Camaleón
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción, en contra de los imputados en el caso Camaleón.
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La información fue confirmada por la fiscal Mirna Ortiz, quien también indicó que pidieron declarar el caso complejo.
Además dijo que la audiencia fue fijada para este sábado a las 11:00 de la mañana.
La magistrada señaló que las imputaciones en contra de los implicados en el caso de desfalco al Estado van desde delitos de alta tecnología, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos así como estafa contra el Estado a través de contrataciones públicas, con las que fueron favorecidas las empresas señaladas en el expediente.
Autoridades allanan residencia de Hugo Beras
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) tiene bajo arresto a Jochi Gómez, uno de los propietarios de la empresa Transcore Latam SRL, por las presuntas irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
También está apresado Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
El 31 de octubre del año 2023 la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, S.R.L por lo indicios de irregularidades encontrados en el contrato.
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Contrataciones Públicas decidió suspender los efectos del contrato por un monto de RD$1,317 millones 350 mil 997 de pesos.
Se recuerda que el 9 de noviembre el entonces director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Cómo operaba la red
Para llevar a cabo el supuesto desfalco al Estado mediante el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la empresa Transcore Latam S.R.L. fue necesario establecer un esquema de responsabilidades distribuido entre siete personas, incluido Jochi Gómez y Hugo Beras.
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