Sole, abuela de un menor vulnerable: "Entrego a mi nieto a los servicios sociales, pero mi lucha sigue"
La administración asturiana declara en desamparo al niño de 11 años que presenta una discapacidad y asume su acogimiento residencial. La madre se separó tras denunciar al marido por maltrato, sufrió dos ictus y fue desahuciada de casa
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Sole Gabarre repite una y otra vez que su nieto, de 11 años, estaba “muy bien cuidado” porque ella siempre se preocupó de que no le faltara “de nada”. El menor, con una discapacidad del 63 por ciento por Trastorno del Desarrollo (TEA) en nivel 3, con afectación cognitiva y del lenguaje severas y una dependencia reconocida de grado 2, tiene que abandonar el domicilio familiar en Oviedo en las próximas horas para su acogimiento residencial en Gijón.
La medida se adopta en cumplimiento de una resolución dictada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado por la que se ha declarado la situación de desamparo del menor y se ha acordado la asunción de su tutela por la entidad pública y la suspensión a los padres en el ejercicio de la patria potestad.
La abuela asegura que no pondrá “obstáculos” y entregará al menor sin oponer resistencia a la administración del Principado, pero ha solicitado acogerse a la asistencia jurídica gratuita para que un abogado de oficio la represente en su lucha para lograr que le “devuelvan” pronto al niño para que no pierda el arraigo familiar.
Una situación familiar complicada
Sole es madre de cinco hijos, algunos de ellos están enfermos, y reconoce que la situación familiar es complicada: “No se puede tapar el sol con un dedo, pero eso no es motivo para que no nos hagan caso”, se queja.
Ella es la abuela materna y desde un principio ha estado apoyando a su hija Rebeca, madre del menor, especialmente desde que ésta y su marido se separaron. Rebeca le denunció por un delito de violencia de género y un juzgado le condenó el año pasado por un delito de injurias leves en el ámbito familiar y le impuso una orden de alejamiento hacia ella durante seis meses.
Las secuelas de dos ictus
Rebeca ha sufrido ya dos ictus que le han dejado secuelas y ha tenido que ser atendida en alguna ocasión por profesionales de la Cruz Roja por sus problemas de descompensación ya que padece diabetes e hipertensión.
La administración regional considera que la capacidad de la madre para ocuparse del niño es “gravemente inadecuada” para responsabilizarse de él dada su propia situación de dependencia y así lo ha reflejado en el informe incorporado al expediente de seguimiento de su caso.
El bienestar del menor prima por encima de todo y aunque la abuela entiende que los profesionales buscan mejorar la calidad de vida de su nieto dice que la familia se la ha proporcionado en todo momento.
“Aquí solo vale lo que digan ellos y no nos escuchan. Sabemos que Rebeca está limitada por su enfermedad –dice Sole– pero tememos que empeore si le quitan a su hijo”.
El desahucio de la vivienda
Si los problemas ya le parecían suficientes, otro más se ha añadido a la lista. Rebeca y su hijo fueron desahuciados de la vivienda donde residían en la localidad de Lugones, en el concejo asturiano de Siero. El pasado mes de diciembre, cuando se iba a hacer efectiva la orden de desalojo, contaron con el respaldo de la Plataforma Stop Desahucios y, ante la presión social, se paralizó. Pero fue un balón de oxígeno que duró tres meses y en marzo de este año tuvieron que abandonar definitivamente la vivienda al ejecutarse la orden de desahucio.
Desde entonces, Rebeca vive en una vivienda pública en régimen de alquiler “por urgencia social” en Oviedo, por lo que la familia materna no comprende cómo es posible que el acogimiento residencial sea en Gijón, a 30 kilómetros de distancia.
“Eso solo va a empeorarlo todo porque además, ¿Quién nos paga el traslado?, ¿Cómo vamos a ver a mi nieto solo el día que ellos digan?. Además dicen que no podemos estar las dos a la vez, si va Rebeca yo tengo que ir otro día”, son algunos interrogantes que se plantea.
El desahucio se hizo efectivo tras la denuncia del propietario por impago. La familia materna sostiene que, antes de abandonar la vivienda, Rebeca y su hijo permanecieron en la casa cuatro meses sin agua, porque se les cortó el suministro. Aunque Sole admite que había esa deuda, mantiene que su hija no tenía ingresos económicos y su exmarido era el responsable de pagar los recibos.
Tampoco encontró el respaldo que ella esperaba en el Ayuntamiento de Siero. Se queja de que el alcalde, el socialista Ángel García “Cepi”, no se preocupara de su caso, así como de la “poca empatía” de los servicios sociales. Comenta que puso en su conocimiento que había una vivienda que estaba vacía y situada a escasos metros de donde ella y su hija Sonia viven, también en Lugones, pero desde el ayuntamiento descartaron esta opción.
La versión municipal
Fuentes municipales han negado rotundamente que el alcalde se desentendiera de la situación de vulnerabilidad de la familia. Afirman que estaba al corriente de este expediente, pero su caso se remitió a la Concejalía de Servicios Sociales que es la que tiene delegada la competencia en esta materia.
Las mismas fuentes han indicado que en este caso concreto, además de un seguimiento personalizado de la familia, se les ofreció como alternativa dos viviendas ubicadas respectivamente en Pola de Siero y en Carbayín, al ser los lugares donde había disponibilidad de viviendas de emergencia social en ese momento, pero en las dos ocasiones su propuesta fue rechazada por los familiares del menor.
La propia Sole ha confirmado este ofrecimiento que le hizo el ayuntamiento, pero argumenta que decidieron no aceptarlo por la distancia que había desde estas localidades a Lugones: Pola de Siero –capital del concejo– está situada a 14 kilómetros, mientras que Carbayín se encuentra a 20 kilómetros.
“Yo no tengo coche para desplazarme. Es verdad que antes de que le dieran a mi hija Rebeca la casa de emergencia social en La Corredoria (Oviedo) le ofrecían ir a otras viviendas, pero especialmente la de Carbayín estaba muy, muy lejos y no perdimos nada ahí. Mi hija Sonia y yo estamos viviendo en Lugones y Rebeca y mi nieto tenían que estar cerca de nosotras”, reitera.
El corte de agua
Las condiciones de la vivienda donde madre e hijo residían en Lugones, hasta que se produjo el desahucio, no eran las más idóneas y se tenían que apañar como podían a raíz de que les cortaran el suministro de agua, según la versión de la abuela.
“Durante cuatro meses yo tenía que coger agua de una fuente que hay cerca para llevársela a Rebeca porque les cortaron el suministro y el chiquillo tenía que bañarse y el agua se necesita para todo. No se puede cortar el agua así y dejarlos tirados como ocurrió”, lamenta.
Solo encontraron el apoyo de Podemos Siero, según explica la abuela. Sole corrobora que fue el único partido que exigió la restauración inmediata del suministro de agua al tratarse de una familia monomarental cuyos únicos ingresos eran 450 euros mensuales y siendo altamente vulnerable por la condición de su hija como víctima de violencia de género y su nieto presentar un alto grado de discapacidad.
“Me da ansiedad, llorera, estoy desesperada, con rabia, impotencia, todo junto en una mezcla de sensaciones”, describe Sole mientras recalca, una y otra vez, que en todo momento tanto ella como su hija Rebeca mostraron su disconformidad a que el niño fuera acogido por el Principado.
No obstante, es consciente de que si ella u otro familiar no pueden responsabilizarse del cuidado y atención que requiere el menor, debe ser el Principado quien asuma su guarda y acogimiento residencial.
“Eso lo entiendo y por eso voy a entregarlo, pero mi lucha sigue. Siempre cuidamos bien de él y no le faltó de nada. No pueden buscar las palabras para poner en un informe que no le atendimos bien. El niño es muy cariñoso y no sé qué va a pasar cuando no esté con su madre, ni con nosotros”, cuenta con gesto de preocupación.
Los informes del Principado
Por su parte, el Principado ha recogido todas estas preocupaciones de la familia en los informes a los que ha accedido elDiario.es Asturias donde consta expresamente su disconformidad con las medidas protectoras acordadas por la administración regional.
Así lo expresaron los profesionales en una comparecencia celebrada el 5 de septiembre en las dependencias de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, previa citación de la Dirección General de Infancia y Familias en el trámite de audiencia de tutela en el expediente de protección.
“La abuela y tía materna consideran que Rebeca se ocupa de su hijo adecuadamente y ellas la apoyan en los cuidados. Consideran que es un error ingresar en estos momentos al niño en un centro porque está bien atendido, es un niño feliz y necesita el cariño de su madre y su familia. Muestran su total desacuerdo con las medidas propuestas”, señala el acta de comparecencia.
Sin embargo, en otro párrafo está la clave. Literalmente dice la siguiente frase: “Ante el planteamiento de un posible acogimiento familiar exponen que no pueden hacerse cargo”.
La ayuda a la familia
El acta finalmente no fue firmado ni por Rebeca, ni por su madre Sole ni tampoco por su hermana María Luisa que las acompañó a ambas a esa comparecencia, aunque ya se especificaba que la firma del documento implicaba únicamente el conocimiento de su contenido, “pero no necesariamente que la compareciente esté conforme con las medidas que pueda asumir la entidad pública respecto del menor”.
El expediente de protección incorpora los informes de los profesionales que a lo largo de los últimos años han hecho un seguimiento a la familia. Hace referencia al apoyo recibido por los Servicios Sociales de Siero desde el nacimiento del menor, así como del Programa de Apoyo en el Entorno para personas con discapacidad intelectual de Cruz Roja que se lleva a cabo desde 2020, con el objetivo de propiciar el desarrollo y estimulación de las capacidades del niño, dar apoyo y pautas educativas a la unidad familiar y proporcionar el desahogo de la cuidadora principal.
Otro de los problemas que preocupa a la administración es el sobrepeso del menor, otro de los aspectos que se han tenido en cuenta y desde Cruz Roja se trabajó orientando a la familia en hábitos saludables.
El seguimiento para la protección del menor
Asimismo, el Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) ha continuado con la intervención de seguimiento de la situación del menor a través de coordinaciones con Azvase, Cruz Roja, el Colegio de educación infantil al que acude el niño y Salud Mental Infantil.
El 23 de septiembre, la Sección de Familia de la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado emitía un informe donde estimaba necesaria la declaración de desamparo, la asunción de la tutela del menor por la entidad pública y su acogimiento residencial.
Dos días más tarde, la Comisión del Menor acordaba elevar esta propuesta y el pasado martes, 1 de octubre, ya se comunicó a la familia la decisión adoptada, por lo que la entrega del menor debe efectuarse ya en las próximas horas. Una medida que, a pesar de su disconformidad, hará efectiva la familia.
Sole ya ha contactado con el Colegio de Abogados de Oviedo para solicitar la asistencia jurídica gratuita para “seguir con la lucha para que el niño pueda volver con la familia”, asevera.
Un cambio de circunstancias
La administración ya le ha comunicado que durante el plazo de dos años desde la notificación de la resolución por la que se declara el desamparo, los padres del menor que continúen ostentando la patria potestad pero la tengan suspendida, están legitimados para solicitar que cese la suspensión y quede revocada la declaración de desamparo “si por cambio de las circunstancias que la motivaron entienden que se encuentran en condiciones de asumir nuevamente la patria potestad”.
También están legitimados para oponerse a las decisiones que se adopten respecto a la protección del menor durante ese plazo y podrán informar al Principado y a la Fiscalía sobre cualquier cambio de las circunstancias que dieron lugar a la declaración de desamparo y la propia administración podrá en todo momento revocar ésta y decidir la vuelta del menor con su familia.
Un deseo por el que la familia materna y en especial la abuela van a luchar para que el menor “vuelva pronto con su familia, que es con quien tiene que estar”, remata Sole.