La Junta de Andalucía pide al Ministerio que respete su decisión de no aplicar la ley de vivienda sin «castigos ni premios»

La Junta de Andalucía, al igual que el resto de comunidades gobernadas por el PP en España, volvieron a escenificar unidad de acción en su reunión con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Mantienen su rechazo a que el Gobierno introduzca medidas que incentiven o penalicen a las autonomías que no apliquen las medidas de intervención en el mercado de alquiler que establece la ley estatal de 2023. Andalucía es una de ellas. «La Junta de Andalucía cumple con la Ley estatal de Vivienda pero hay una parte que es potestativa de cada comunidad como es la declaración de zonas de alquiler tensionado. Andalucía no está de acuerdo con intervenir el mercado y no vamos a aplicar esas zonas tensionadas porque son recetas que se ha demostrado que no solucionan los problemas, sino que los agrava, ya que los precios han subido, hay más inseguridad jurídica y los casos de ocupación ilegal han aumentado», detalló la consejera de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio Rocío Díaz. Ante esta posición de todos los gobiernos autonómicos de España (salvo Cataluña) de no declarar zonas de alquiler tensionadas , el Gobierno de España anunció la pasada semana la posibilidad de introducir medidas de penalización en el reparto de fondos y programas de ayudas estatales, un planteamiento que la Junta de Andalucía calificó de «chantaje». Posteriormente la ministra Isabel Rodríguez matizó que el planteamiento no es penalizar a quien no cumpla, sino premiar a quien lo haga. «Le pedimos que rectifique y cese en esa política de castigos y premios que lo único que crea son desigualdades entre unas comunidades autónomas y otras», concluyó la consejera. En contraste con ese modelo, la Junta de Andalucía ha diseñado su propio anteproyecto de ley en el que no hay ninguna medida de intervención pública directa sobre los precios del mercado del alquiler . La apuesta de la Junta de Andalucía es establecer las bases para que aumente y se acelere la construcción de vivienda, al entender que hay una falta de oferta en la comunidad autónoma, y aumentar la protección sobre los propietarios.