Aumento al salario mínimo es buena política; la reforma, no

Creo que la política de aumentos al salario mínimo que se ha implementado en los últimos años ha sido acertada. Así lo sostuve en estas páginas en diversas ocasiones desde que inició el ciclo de aumentos significativos. Se logró aumentar los salarios en todos los deciles de la fuerza laboral formal, pero en mayor proporción a los de menores ingresos: los trabajadores de menores ingresos vieron aumentos anuales reales promedio de 11 por ciento en los últimos cinco años, con lo que la masa salarial real aumentó en 32 por ciento en el mismo lapso, lo cual fue una de las principales causas por las que el consumo tuvo una buena dinámica y se fortaleció el mercado interno.

La literatura económica más reciente muestra que hay ocasiones en las que se puede aumentar el salario mínimo sin que ello resulte en presiones inflacionarias o en mayor desempleo. Esto puede ocurrir cuando existen fallas de mercado, por ejemplo, cuando en ciertos sectores existe poder monopsónico.

Y en efecto, en el caso de nuestro país, los aumentos al salario mínimo no resultaron en un choque inflacionario. Es cierto que la inflación aumentó a partir de 2022, pero creo que nadie puede afirmar que se debió al aumento en los salarios mínimos ya que el brote inflacionario se dio en casi todos los países del mundo, en proporciones similares a las que se observaron en México, de la misma manera que la resistencia de la inflación de servicios se ha observado en varios países.

Dicho lo anterior, quiero dirigir la atención a la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en torno a que durante su administración el salario mínimo aumente de tal forma que en 2030 sea suficiente para adquirir dos y media canastas básicas. Creo que se trata de una buena política y que existe el espacio para hacerlo sin que nuevamente ello implique presiones inflacionarias o un aumento en la tasa de desempleo. Asumiendo aumentos en la inflación de 3.5 por ciento (el promedio observado en la década previa al brote inflacionario), para cumplir con el objetivo propuesto se tendría que aumentar el salario mínimo en alrededor de 7 por ciento por año. Eso implicaría que el salario mínimo en términos reales estaría todavía alrededor de 80 por ciento por debajo del nivel que llegó a alcanzar en los años setenta (con esto no quiero decir que haya que regresar a ese nivel) y por debajo del salario mínimo observado en distintos países de América Latina. Estos aumentos seguirán mejorando la calidad de vida de millones de trabajadores, sin crear mayores distorsiones en los precios y al mismo tiempo potenciando el mercado interno.

Pero, por otra parte, el Congreso aprobó una reforma constitucional que establece que el salario mínimo nunca podrá crecer menos que la inflación y que los salarios de profesores, policías y otros servidores públicos no podrán ser inferiores al salario mínimo de cotización del IMSS. Reconociendo que es buena política que en los próximos años el salario mínimo crezca por encima de la inflación, me parece que establecerlo rígidamente en la Constitución, de manera que siempre tenga que ocurrir, es una mala idea.

Hay ocasiones en que una economía se puede beneficiar de que exista un decremento en salarios reales, por ejemplo, para absorber un choque externo, en caso de que –por la razón que sea– el tipo de cambio no se pueda ajustar lo necesario para que la economía mantenga su competitividad. También puede haber situaciones en las que, ante un choque inflacionario con aumentos en las expectativas, aumentar el salario mínimo a la par de la inflación pudiera resultar en una espiral inflacionaria en los salarios. Es decir, imponer una rigidez permanente en el mercado laboral no es necesariamente una buena idea, pues en ocasiones, esta falta de flexibilidad puede terminar aumentando el desempleo, la inflación o la capacidad de crecimiento de la economía.

De la misma forma, creo que es muy oportuna y buena idea aumentar los salarios de policías, maestros y otros servidores públicos. En particular, no podemos aspirar a tener mayor seguridad sin pagar mejor a quienes se encargan de protegernos. Y creo que es buena idea aumentarlos ahora con miras a que alcancen el salario medio de cotización. Pero ponerlo en la Constitución, para que estos salarios sean siempre iguales al dicho salario medio, creará rigideces innecesarias y, en ciertos contextos, presiones fiscales que pueden resultar más costosas para el país.