La mayoría del Consejo Fiscal se opone a la nueva Fiscalía que quiere crear el Gobierno
La mayoría del Consejo Fiscal se ha opuesto en el pleno extraordinario de este pasado martes a la creación de una nueva unidad de Fiscalía especializada en delitos contra la Administración Pública que planea el Gobierno como parte de su plan de acción por la democracia.
Los seis vocales de la asociación fiscal mayoritaria, Asociación de Fiscales (AF), y el único de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), de los 12 totales, han mostrado su rechazo.
La AF considera que "carece de justificación la creación" de la plaza de fiscal de sala de delitos contra la Administración Pública, y dos más para fiscales adjuntos a esta unidad, al no estar previsto en su "estatuto orgánico" y existir un posible solapamiento de competencias ya que la intervención sobre este tipo de delitos es competencia de la Fiscalía Anticorrupción y Criminalidad Organizada.
Los vocales de esta asociación avisan de la inseguridad jurídica que supondría que sea, como prevé el Gobierno de Pedro Sánchez, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el que decida si existe la "especial transcendencia" que determinará que un asunto lo asuma Anticorrupción o que planean de delitos contra la Administración Pública.
No descartan que esta legislación -acuñada plan de acción por la democracia- pretenda, entre otras cosas, "eludir a la Fiscalía Anticorrupción, desdeñando la labor que viene realizando". Ponen como ejemplo de ello que el preámbulo de Real Decreto que la recoge se diga que lo que se busca es la "verdadera y efectiva lucha contra la corrupción".
Por lo que el informe que ha salido de esta último reunión del Consejo Fiscal en torno a su valoración de la creación de esta unidad especializada del Ministerio Público y otra de delitos económicos contra la Hacienda pública ha sido crítico y exceptivo con el primero.
Consideran tanto la AF como la APIF que para reforzar y mejorar la lucha contra la corrupción bastaría con dar más medios materiales y humanos a la Fiscalía Especial de Anticorrupción.
Los cinco vocales restantes, dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y dos natas, sí que se mostraron partidarios de su puesta en marcha bajo la idea de que cualquier clase de ampliación de la estructura del Ministerio Fiscal es positiva y permite fortalecer sus actuaciones.