CSJ de Honduras aplica retroactividad «jurídica» contra las ZEDE

La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras de declarar una supuesta «inconstitucionalidad» de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las cuales fueron aprobadas en 2013 para atraer inversiones, revelan una forma de cómo el gobierno de Xiomara Castro se acerca en los pasos de los neototalitarismos impuestos por Cuba, Nicaragua y sobre todo de Venezuela, nación que los funcionarios de tal gobierno afirman que es un «ejemplo» para ellos como sistema «revolucionario».

En efecto, que la CSJ, por mayoría de votos, haya declarado «inconstitucional» lo establecido en el decreto 236-2012 sobre la reforma de los artículos 294, 303 y 329 de la propia Constitución sin tener un procedimiento derogatorio debidamente señalado, así como también «anular» el decreto 120-2013 que contenía la Ley Orgánica de las ZEDE – que fue derogada por el Congreso- llegando al extremo de plantear que tal decisión se realiza por vulnerar artículos «pétreos» y más aún hacerlo como Poder Judicial  a través de la red X del capitalista Elon Musk, es decir, sin realizar una publicación jurídica ni determinante, sino como una especie de «adelanto» de semejante aberración jurídica, no es más que el destello que tales magistrados, tomaron el camino de un evidente exabrupto político.

La única realidad es que estos «magistrados» llegaron al paroxismo de «anular» artículos de la propia Constitución con carácter de retroactividad, verbigracia, algo que se explica desde el primer año de la carrera de Derecho sobre su inexistencialidad en la justicia, donde ellos con solo levantar la mano se llevaron por delante la creación de las ZEDE, las cuales en ese 2013 tuvieron su origen con el mandato presidencial de Porfirio Lobo (2010-2014), y cuya orientación política se demuestra, al decir que tales instancias fueron aprobadas estando en el parlamento Juan Orlando Hernández, sentenciado en Estados Unidos, y ese pareciera ser el «pecado».

Igualmente, resulta irónico que este «fallo» se emite por una supuesta usurpación de las ZEDE desde un hecho educativo que solicitó en 2021 la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), o sea, que también se manipula una decisión que jamás debió alterar el contenido del demandante, porque si efectivamente lo que iba a tratarse era un recurso contra Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea, nunca podría alterarse de su espacio jurídico, es decir, es como si alguien que fuera acusado de robar una tienda, al final un juez dijera que también fue culpable de «asesinato» – sin demanda o hecho previo in fraganti, y sin pruebas de sustentación- y de allí se extrapola la sentencia, y con triple o cuádruple de la pena que inicialmente tendría que ser impuesta.

De hecho, la demanda interpuesta por UNAH por «usurpación educativa» era inconsistente, máxime cuando la CSJ no valoró que las actuales ZEDE, representadas en Próspera, Ciudad Morazán y Orquídea comenzaron oficial y operativamente durante el covid-19 (2020). O sea, ¿Cómo podrían las Zede ser violatorias de funciones educativas, cuando hasta las clases presenciales estaban suspendidas a escala mundial por los efectos de la pandemia? ¿En qué precisión estaba la supuesta violación jurídica en términos educativos, si Próspera en esa fecha estaba centrada en lo turístico, Ciudad Morazán en lo residencial, y Orquídea en lo agrícola? Más aún, lo único que se podría comprobar sobre las ZEDE en que en 2020, cuando arreciaba la pandemia, ellas invertían millones de dólares y creaban miles de empleos en un contexto atípico en materia económica, porque estas generaban sendos recursos, cuando otros los reprimían por razones de incertidumbre sanitaria.

Por supuesto, que desde esta «sentencia», la CSJ entró en una afasia jurídica, y su marginal y precisamente decisión anticonstitucional, ha generado un daño enorme a Honduras en todos sus componentes de justicia, y perjudica de manera inconmensurable los proyectos y procesos de inversión nacional y extranjera, porque no habrá capitales que se atrevan a invertir sus recursos bajo una concreta acción de expropiación, siempre bajo el eufemismo de la «inconstitucionalidad», o bien sobre la propia Constitución o de alguna ley, donde la sindéresis perdió cualquier posicionamiento de efectiva justicia.

Son miles los trabajadores y cientos de inversionistas que han sido perjudicados con una acción claramente marcada de tintes políticos. Vulnerar la Constitución con una decisión retroactiva implica que se ha originado una nefasta jurisprudencia que aniquila de facto, cualquier sustentación jurídica, y peor, anulando precisamente al Congreso como instancia originaria y derogatoria de las leyes y reglamentos, porque en cualquier acción, sería el Poder Judicial, quien tuviera la «última palabra» cumpliendo órdenes de sus jefes políticos.

Las ZEDE en Honduras no violan ni soberanía, ni vulneran derechos humanos cómo ha sido la retórica de sus canales de propaganda y fake news, y por el contrario, solo han generado bienestar, crecimiento y desarrollo para la población. Anularlas bajo una seudo realidad impuesta por una mayoría no jurídica, sino política es el signo que Honduras ha tomado el peor camino: el camino de quebrantar las leyes democráticas. Ojalá se puedan rectificar errores de esta magnitud que solo funcionan para satisfacer los egos de una cúpula política, y destruir los preceptos de progreso y posibilidades de una mejor calidad de vida para una ciudadanía.

El espejo de las ZEDE no está en una nefasta decisión judicial. Esta en el corazón de esos miles de trabajadores y profesionales que han encontrado en ellas, más que una forma de vida, un espacio de eudaimonia, educación, cultura y de amar aún más la patria de Morazán.

@vivassantanaj_