Editorial: Policía a pie
El 39 % de las patrullas asignadas a la Fuerza Pública está fuera de servicio y, en muchos casos, ninguna reparación garantizará una extensión significativa de su vida útil. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, lo confirmó ante los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el martes, durante la discusión del presupuesto de la cartera para el 2025.
Hace un año, la situación ya era preocupante. El 25 de mayo del 2023, La Nación informaba de un 42 % de las patrullas inutilizadas por falta de reparaciones u obsolescencia, según declaraciones de la subdirectora de la Fuerza Pública, Yadelly Noguera. En ese momento, el 58 % de las patrullas y el 57 % de las motocicletas seguían en las calles, pero el Ministerio tenía la meta de poner en operación a al menos el 75 % del parque vehicular. Como es obvio, la meta no se cumplió.
Pasado más de un año, dice la diputada Sonia Rojas, de la totalidad de los vehículos terrestres asignados al Ministerio de Seguridad Pública, solo el 34 % está en operación. Zamora dijo tener presupuesto para reparaciones, pero no fijó metas tan optimistas como las señaladas hace un año por la subdirectora de la Fuerza Pública.
“Obviamente, por la antigüedad de las unidades, Costa Rica merece cambiar, porque hay patrullas, como la que mencionaba, que tienen 900.000 kilómetros. Requieren mantenimiento permanente en el taller. Cuando usted mide lo que se le invierte al año, hubiese sido mejor comprar que estar reparando con esos niveles de deterioro”, afirmó el ministro antes de aportar un dato sorprendente: el 85 % de los vehículos son de la época en que ocupó el despacho por primera vez, en el 2014.
En esas circunstancias, no es difícil comprender por qué la diputada Rojas criticó el recorte de ¢337,6 millones de la partida de mantenimiento y reparación de equipo de transporte, en comparación con el 2024. La suma del año pasado fue insuficiente para producir un avance y los equipos tienen año y medio más de deterioro en relación con la fecha de las declaraciones de la subdirectora de la Fuerza Pública.
El 4 de agosto, cuando este diario publicó un reportaje sobre el estado de las aeronaves del Servicio de Vigilancia Aérea, solo una de las nueve existentes estaba en condiciones de volar. Los 32 pilotos de la unidad acumulaban 29,5 horas de vuelo en los seis meses anteriores, para un promedio individual de 4,9 horas al mes.
Una policía sin movilidad, carente de vehículos para patrullar y responder a las emergencias, no puede cumplir su imprescindible labor. Es una verdad de Perogrullo, pero no podemos dejar de repetirla cuando el Organismo de Investigación Judicial teme cerrar el año con un número de homicidios parecido al del récord de 907 impuesto el año pasado.
A juzgar por las respuestas de la administración a los periódicos reclamos por la inseguridad, solo se requiere presupuesto para instalar escáneres, y con esos aparatos en funcionamiento, todo quedará resuelto. Si esa tecnología bastara para poner fin al narcotráfico, los puertos de Norteamérica y Europa serían invulnerables. Hace falta mucho más, y dotar a la Policía de vehículos está entre los requerimientos más básicos.
Claro está, los escáneres pasaron de ser un elemento necesario para mejorar la lucha contra el narcotráfico a transformarse en un distractor en el debate sobre la inseguridad ciudadana, tanto como los defectuosos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Congreso para luego quejarse de su falta de aprobación. Para darse cuenta, basta con preguntar cuánto aportarían los escáneres y las reformas legales a la seguridad ciudadana de un país donde la policía se desplaza a pie y por qué la compra y mantenimiento de los vehículos (salvo 150 adquisiciones anunciadas por el ministro) no son prioridad.