Cayucos en un mar polarizado

La suspensión cautelar del protocolo aprobado por el Gobierno canario para la acogida de menores extranjeros no acompañados mantiene sin solución la emergencia migratoria en las islas. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a instancia de la Fiscalía, puede ser comprensible desde el punto de vista jurídico por la necesidad de proteger el interés superior de menores vulnerables, pero lo cierto es que su atención por los servicios sociales no va a mejorar por mantener la situación actual. La Administración canaria ve prolongarse una crisis de medios humanos y materiales que se está gestionando con el esfuerzo ejemplar de funcionarios y voluntarios y un dudoso cumplimiento del seguimiento a los menores no acompañados, eufemismo que esconde la realidad de quienes son auténticos menores abandonados. El protocolo del Gobierno canario pretendía enfrentar a la Administración del Estado con sus propias responsabilidades en la recepción y protección de menores de edad, embarcados en un viaje incierto y, en ocasiones, mortal. Para las autoridades canarias esos menores no deberían ser considerados en situación de desamparo porque estarían bajo la tutela del Estado, que tendría que asumir su obligación de identificarlos y tramitar, a continuación, un procedimiento de documentación individual. Solo una vez resuelto este procedimiento, la Administración canaria acogería al menor extranjero. Es cierto, como dice el Tribunal Superior de Justicia, que el protocolo altera el régimen actual de funcionamiento, el cual es también insatisfactorio y perjudicial para el menor. Al margen de lo que tarde en sustanciarse el proceso judicial contra el protocolo impugnado por la Fiscalía –ahora corresponde al Gobierno canario hacer alegaciones–, el Ejecutivo central sigue sin propiciar un acuerdo político de Estado sobre migración. La obligación de Pedro Sánchez, precisamente por no tener mayoría parlamentaria estable, es negociar con el Partido Popular la reforma de la Ley de Extranjería. El acuerdo alcanzado entre el presidente canario y del PP deja en evidencia la cerrazón de Sánchez en negarse a hablar con el principal partido de la oposición y primero en respaldo electoral. Tampoco es menor el dato de que son las comunidades autónomas las que soportan el coste de mantener, durante años, a estos menores, con especial incidencia, tras Canarias y Cataluña, en algunos de los territorios gobernados por el PP, como Madrid y Andalucía. La cuestión de los menores extranjeros en situación irregular es, sin duda, el punto más difícil de cualquier pacto migratorio, porque rigen principios universales humanitarios y compromisos internacionales que las democracias occidentales no pueden ni deben ignorar. Las soluciones populistas no tienen cabida en un sociedad solidaria, pero tampoco es razonable asumir con impotencia que las mafias vean en ese humanitarismo una ocasión para aumentar el tráfico ilegal de personas y sus crueles beneficios económicos. La política migratoria es una combinación entre el Derecho Humanitario y el principio de legalidad, el control de las fronteras nacionales y la cooperación internacional. La premisa debe ser que la inmigración ilegal es inadmisible y que un sentimentalismo mal entendido, traducido en una política de brazos abiertos, solo incentiva a las organizaciones criminales, ilusiona vanamente a miles de jóvenes y libera a los países de origen de su responsabilidad. El pacto migratorio en España es urgente y corresponde al Gobierno promoverlo sin más excusas como un acuerdo de Estado. La disputa judicial con el Ejecutivo canario es otra pérdida más de oportunidad para hacer una política sensata.