Los afectados por el cierre de los centros de estética Único tienen un mes de plazo para reclamar sus deudas

Todas aquellas personas afectadas por el cierre de los centros de depilación Único disponen de un mes, a partir de mañana, para comunicar a la administración concursal los créditos que tuvieran pendientes con esta empresa; es decir, lo que pagaron por tratamientos que jamás se realizaron porque al llegar a la clínica se toparon con que estaba cerrada, sin más explicaciones. Entonces ABC entrevistó a uno de los miles de afectados, Rocío Medeiro, que explicó que después del cerrojazo, y a pesar de tener dinero adelantado, la empresa dejó de responder a correos electrónicos o teléfono. El pasado 13 de septiembre el Juzgado de lo Mercantil número 18 de Madrid declaró un concurso voluntario y acordó la disolución de las sociedades a las que pertenece la cadena, así como el cese de los administradores de las mercantiles, quienes fueron sustituidos por la administración concursal. Pues bien, hoy, 20 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la entrada en concurso, dando a los afectados un mes de plazo para especificar lo que se les debe. Son seis las sociedades concursadas, pero hay que matizar, estas poseen solo el 78% de los 115 centros Único que hay en España, pues el 22% restante son franquicias que, de hecho, pueden seguir abiertas, pues el procedimiento no les afecta. Por ello, esta mañana en un comunicado la organización de consumidores Facua recomendaba a los afectados que especifiquen qué tipo de establecimiento visitaron antes de iniciar cualquier trámite. ¿Y cómo se reclama? ABC ha contactado con Rubén Sánchez, el secretario general de Facua, que explica que los usuarios que quieran hacerlo deben dirigirse a PKF Attest Concursal SLP, el administrador concursal, o contactar con el mismo en el teléfono 9155611994 o en la dirección de correo electrónico concursogrupogavia@pkf-attest.es . A partir de ahí se abre un plazo que dependerá de cada caso, pues la legislación española da prioridad en el cobro de las deudas a la Administración o a los trabajadores, entre otros, antes que a los clientes. Paradójicamente, los que han tenido mayor suerte son los que firmaron un crédito vinculado con una financiera para pagar el tratamiento; cosa habitual en este tipo de clínicas, que ofrecen servicios que a veces pueden resultar muy caros. Estos últimos no van a concurso, así que pueden reclamar directamente a la financiera -y dejar de pagar las cuotas- en lugar de hacerlo a una empresa en quiebra y que, lógicamente, tendrá no pocos problemas para hacer las devoluciones. El portavoz de Facua, a su vez, ha aprovechado para recordar los casos de las empresas iDental, Dentix, SmyDent o Centros Ideal, negocios de salud o estética que han cerrado sus puertas dejando a miles de usuarios con deudas pendientes de cobro por servicios que jamás se prestaron. Por todo ello, Sánchez ha vuelto a insistir en una reclamación que para Facua ya es histórica, la reforma de la Ley de protección de los consumidores para que incluya la obligatoriedad de que las sociedades firmen un seguro de responsabilidad civil como requisito para la apertura del negocio, cosa que cubriría los daños a terceros en caso de quiebra.