‘Carencia de policías golpea muy fuerte’ a las cárceles, advierte viceministro de Justicia
El viceministro de Justicia, Juan Carlos Arias, señaló que la existencia de un faltante de 2.000 policías penitenciarios está afectando la labor que se realiza en las cárceles en procura de lograr la reinserción social de los privados de libertad.
Arias explicó este jueves, ante los diputados de la comisión de Seguridad y Narcotráfico, que la labor de los custodios es fundamental para acompañar a los técnicos en salud, educación y psicología durante la rehabilitación de los internos.
“Siempre nos vemos en entredicho con la carencia de personal para realizar el trabajo de la mejor manera posible. Ahí está la mayor deuda (...). La falta de personal policial nos está golpeando muy fuerte”, lamentó el viceministro.
Agregó que el faltante también afecta a otros profesionales. Expuso que la Unidad de Salud Ocupacional del sistema penitenciario advirtió sobre problemas de salud mental entre el personal, debido a las excesivas sobrecargas laborales.
Hasta marzo de 2022, había 14.595 personas recluidas en las cárceles de Costa Rica, mientras que la capacidad instalada era de 13.791 espacios. En comparación, en el año 2020 se contabilizaban alrededor de 4.000 oficiales penitenciarios.
El jerarca se refirió a este tema como parte de la discusión del proyecto de ley sobre la ejecución de la pena, elaborado por la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República, la Defensa Pública y varios jueces.
Según el proyecto, el objetivo de la nueva legislación es definir cómo deben ejecutarse las sanciones y medidas de seguridad impuestas por los jueces.
Ley moderna sobre ejecución de la pena
La iniciativa bajo estudio en la comisión de Seguridad y Narcotráfico es respaldada por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y será la primera en darle vida jurídica al sistema penitenciario y a la figura de la ejecución de la pena como tal.
Hasta ahora, este tema se ha regulado mediante unos diez artículos del Código Procesal Penal, según explicó este jueves Carlos Eduardo Montenegro, fiscal de ejecución de la pena del Ministerio Público.
El proyecto consta de 159 artículos y tres disposiciones transitorias. Regula desde los derechos de los privados de libertad, como el acceso a la defensa, la salud, la educación, y el traslado en condiciones adecuadas, hasta aspectos sobre salud sexual y reproductiva, entre otros.
También establece los deberes de los internos, tales como la convivencia adecuada, el aseo personal y el cuidado de las instalaciones.
Montenegro señaló que la propuesta en discusión mejora los plazos para el proceso de ejecución de la pena una vez que la persona ha sido condenada.
Por ejemplo, para sentencias de hasta 1 año de prisión, la valoración inicial para determinar su ubicación debe realizarse en el primer mes, una vez que la persona esté bajo la custodia del sistema penitenciario.
Para sentencias de entre 1 y 4 años de prisión, debe realizarse en los primeros dos meses; para sentencias de entre 4 y 12 años, en los primeros tres meses; y para sentencias de más de 12 años, en los primeros seis meses.
El único punto que no se logró ajustar, según el fiscal, es que el mismo tribunal que dictó la condena sea el que analice la apelación de la ejecución de la pena.
En su opinión, este proceso debería estar a cargo de un tribunal especializado, pero durante las discusiones se mencionaron las dificultades financieras que enfrenta el gobierno.