La Fiscalía reclama el archivo de la querella contra el exconsejero de Interior al descartar la «inacción» policial en la fuga de Puigdemont

El fiscal Pedro Ariche solicita el archivo de la querella que Vox presentó contra el ya exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, tras la fuga de Carles Puigdemont, el pasado 8 de agosto. En su escrito, el representante del Ministerio público sostiene que la formación de Santiago Abascal imputa una serie de delitos a Elena y a funcionarios de los Mossos que «dirigieron o participaron en los dispositivos de seguridad previstos» para la aparición pública del 'expresident' en Barcelona, en base a «meras especulaciones y prejuicios de sesgo ideológico». Apunta así el fiscal que Vox «trata de responsabilizar» a Elena y a los responsables del operativo policial no solo del «fracaso» al no haber podido detener a Puigdemont, sino que les atribuye «el dictado de concretas órdenes o instrucciones a los jefes de los dispositivos policiales desplegados» para frustrar dicho arresto. Y subraya así: «No consta así indicio alguno de que por parte de los querellados se impartiese a los directos jefes de las unidades desplegadas en los orden o instrucción tendente a favorecer su inacción y en consecuencia a posibilitar el incumplimiento policial de la orden judicial de detención vigente sobre Puigdemont«. Vox también reclamó investigar al abogado del 'expresident', Gonzalo Boye, algo que también descarta la Fiscalía Superior de Cataluña,y apunta que, del informe que el comisario jefe de los Mossos -entonces Eduard Sallent- sobre lo ocurrido aquella jornada, «en modo alguno se deduce» que Elena, o el resto de mandos del operativo, tuviera por objeto impedir u obstaculizar la –inicialmente- prevista detención y puesta a disposición judicial de Puigdemont. Recuerda además el fiscal que el citado informe detalla que el objetivo del despliegue policial fue el de «preservar el normal funcionamiento de las instituciones y la pacífica celebración de la sesión de investidura prevista, objetivo que se considera cumplido en cuanto que dicha sesión pudo celebrarse sin incidencias destacables». En lo relativo a Puigdemont, el documento indica que «al momento de detectarse su presencia, su detención se consideró improcedente por hallarse rodeado por cientos de personas, y poderse en consecuencia producir una grave alteración del orden público». También, como los Mossos admiten que en su «análisis razonable de los posibles escenarios», no se llegó a contemplar la eventualidad de que aquel «con la actividad organizada de un grupo de colaboradores próximos» no llegase a incorporarse a la comitiva de autoridades, cargos públicos, militantes del partido y otras personas que se dirigió al parque de la Ciudadella, a cuyas puertas los jefes policiales habían previsto practicar su detención, sino que optase por abandonar precipitadamente el lugar montado en un vehículo dispuesto «ad hoc» para tal fin. Descarta así el representante del Ministerio público que ni Elena ni ningún mando policial incurriesen en la omisión del deber de perseguir delitos, tal y como apunta Vox en su querella. Por ello solicita su inadmisión. Lo mismo reclama el fiscal para las que presentó la entidad Hazte Oír contra el presidente del Parlament Josep Rull y el ya expresidente de la Generalitat Pere Aragonès. [EN AMPLIACIÓN]