Recado al Gobierno: "La CNMC no tiene habilitación legal, medios ni personal para proteger a consumidores y menores en el ámbito digital"

El objetivo del Gobierno de convertir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un centro de control de los servicios digitales y de la información ha chocado con los primeros obstáculos, además del rechazo de los partidos de la oposición. Su presidenta, Cani Fernández, ha denunciado ante la Comisión de Economía del Congreso la "falta de habilitación legal, de medios y de personal" para poder aplicar el reglamento europeo, que ha activado el protocolo de vigilancia a los intermediarios de servicios digitales y poder así proteger a consumidores y menores y, por extensión, actuar contra la desinformación. Y para que quede claro, Fernández ha sido clara y contundente ante los diputados: "No podemos tomar las riendas del mayor reto regulatorio y supervisor de la Unión Europea".

Se refiere la responsable de Competencia a que considera "imprescindible" que las Cortes Generales "habiliten a la CNMC con una modificación legal". En concreto, ha manifestado que su organismo no elude el mandato del Gobierno y está dispuesto a asumir la responsabilidad del registro de medios de comunicación que plantea desarrollar el Gobierno con "independencia" y "rigor", pero exige que se cambie el marco legal de la CNMC y su estructura para encargarse de esta nueva función. Aunque ha reconocido que sin medios no puede dar contenido a la nueva función, ha señalado que si el Congreso de los Diputados la aprueba deberán llevar aparejados los "consiguientes cambios legales" que permitan las nuevas atribuciones y una renovación estructural de la entidad para poder hacer frente a esta nueva función.

La pretensión del Ejecutivo es que el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) se centre en vigilar el comportamiento de los intermediarios de servicios digitales para proteger a los consumidores y usuarios y para que éstos "asuman responsabilidad por las ilegalidades en internet de manera que todo lo que sea ilícito y sancionable 'offline', lo sea también 'online'". Fernández ha apuntado que se debe organizar una red coordinada de estos servicios digitales en cada uno de los Estados miembros, que en el caso de España estará asumida por la CNMC. "Solo una actuación coordinada y cohesionada permitirá crear esa red de contención contra los peligros de internet y para la protección de los derechos de los ciudadanos en el entorno digital".

Pero esta es la teoría, ya que la práctica está aún muy lejos de llevarse a cabo. Por eso ha lamentado que la CNMC "todavía no puede hacer todo lo que debería" en el marco del citado reglamento (DSA). Por ello y de momento, ha anunciado que se ha creado dentro de la institución un grupo de trabajo interno para "trasladar todas las denuncias que nos vienen cuando se trata de plataformas o redes que están establecidas en otros países de la Unión Europea", aunque reconoció que, ahora mismo, "no tenemos poderes para actuar. Nos falta tener todos los instrumentos para asumirlo de forma plena, coherente y determinada". Pese a esta problemática, la presidenta ha insistido en que "somos plenamente conscientes de nuestro papel clave como garantes y supervisores del entorno digital en nuestro país".

Por otro lado, Cani Fernández, ha reclamado que la elección de los cuatro nuevos consejeros del organismo se haga "en tiempo y forma" y "sin sobresaltos". El Gobierno estaba negociando con el PP la renovación del consejo de administración del organismo de Competencia en un paquete que incluía la elección de nuevos cargos también en el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España y la CNMV. De momento, PSOE y PP alcanzaron un pacto para renovar el Poder Judicial, pero el Gobierno decidió designar al exministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España, algo a lo que la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha opuesto en reiteradas ocasiones. Ahora mismo deben reelegirse los cuatro nuevos consejeros y un nuevo vicepresidente, tras el fallecimiento de Ángel Torres el pasado agosto. "Espero y deseo que pronto puedan comparecer ante esta comisión los profesionales que sean propuestos". Con este escenario, Cani Fernández ha señalado que la elección "no debería prorrogarse mucho más en el tiempo".