Elecciones inéditas
Luego de la intensa deliberación pública que generó la reforma al Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral enfrenta el reto operativo más denso y complicado de su historia reciente. Desde su origen, ha logrado superar modificaciones legales inéditas que implicaron el despliegue de todas sus capacidades, de poner a prueba las habilidades y experiencia acumulada de sus directivos y equipos técnicos. Como ejemplo, bastaría citar la implementación realizada en 1991, cuando el entonces IFE tuvo que poner en marcha un proceso electoral en forma simultánea a la integración de sus órganos centrales y desconcentrados y a la planeación sobre la marcha de todas las actividades electorales con una ley nueva; también la inauguración del modelo de radio y televisión o la implementación del sistema nacional de elecciones de 2007 y 2014, siempre en un entorno político complejo.
La diferencia, ahora, es que se trata de elecciones inéditas para las cuales incluso los referentes internacionales aportan pocos elementos útiles. Esta semana el INE deberá declarar el inicio de un proceso electoral que no tiene precedentes y cuyo marco legal se limita a las generalidades del decreto de reformas constitucionales publicado ayer, aún sin definiciones en leyes secundarias, pero eso sí, con la facultad establecida en favor de la institución para emitir todos los acuerdos reglamentarios que considere necesarios para precisar actividades, plazos y garantías de las elecciones.
Varios son los retos a resolver con urgencia, al tiempo que se negociará un presupuesto que podría ser más alto que el ejercido durante el proceso electoral recientemente concluido y que algunas voces han señalado que saldrá de los fideicomisos creados por el propio Poder Judicial. Así, la planeación implica la revisión de los ámbitos geográficos específicos de las elecciones que no corresponden a las demarcaciones distritales que el INE maneja para las elecciones de las diputaciones de mayoría relativa y para la instalación de sus juntas y consejos distritales.
La planeación específica requerirá definir el modelo de organización que el INE seguirá, la logística específica y la cadena de responsabilidades a cumplir en cada una de sus áreas ejecutivas; la integración de las más de 170 mil mesas directivas de casillas, que en principio no podrán ser con menos funcionarios; el diseño de nuevos sistemas informáticos para dar seguimiento al proceso electoral y obtención de resultados; el diseño y fabricación de materiales electorales y una larga cadena de actividades a desarrollar.
Entre los temas más delicados está el diseño de la boleta para las elecciones que podría ser como el sugerido oficiosamente por la Secretaria de Gobernación el pasado 20 de agosto, conforme con el cual los electores anotarían los nombres de aspirantes impresos al reverso de la boleta, o bien, el modelo tradicional cruzando los nombres o colocando números en boletas gigantescas; también se tendrá que diseñar el modelo de distribución de tiempos en radio y televisión para la difusión de aspirantes; los formatos de encuentros tipo debates; la fiscalización y procedimientos sancionatorios; y la comunicación del INE para informar a la ciudadanía, por señalar algunos aspectos a planear y resolver.
Veremos después del 1º de junio de 2025 qué tanta participación ciudadana consigue esta elección y, sobre todo, si resulta cierto que ni el gobierno ni los partidos se involucrarán en las elecciones o si la historia se repite, como ocurrió con la farsa de la revocación de mandato en 2022 que el oficialismo convirtió en un mecanismo de propaganda en favor del presidente. Veremos si se resuelven los problemas que aquejan al Poder Judicial y si la elección popular de los juzgadores garantiza su independencia frente al gobierno y las nuevas mayorías.