Las denuncias por fraude y corrupción en la contratación pública se disparan un 18%

Las denuncias por presuntas irregularidades en la contratación pública no dejan de crecer. El año pasado, las agencias y oficinas con competencias en prevención y lucha contra la corrupción de ámbito nacional, autonómico y local, así como el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, reportaron un total de 221 comunicaciones de este tipo, un 18% más que en 2022, según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Cataluña es la región de España en la que más casos de irregularidades en la contratación pública se denunciaron. Su oficina antifraude recibió el 31,22% de las denuncias, según los datos reportados al organismo estatal.

Aunque, como la oficina dependiente de Hacienda pone de relieve en su informe «La prevención y lucha contra le corrupción en la contratación pública», suponen el 7,24% del total de las denuncias que recibió (3.054), frente al 10,73% del ejercicio 2022; también lo es que su número ha ido en aumento en los últimos años, al pasar de 118 en 2019 a 131 en 2020 y de ahí a 154 en 2021.

Causas

La supuesta existencia de «irregularidades en el expediente de licitación o en la adjudicación del contrato» es la causa que genera más denuncias de fraude y/o corrupción en materia de contratación pública, con un total de 72, el 36,9% del total. La segunda mayor causa, con el 19,46% (43), es la que la oficina denomina «prácticas corruptas», y que aglutina el conflicto de interés con un funcionario o empleado público (incluido cargo electo) con implicación en la adjudicación del contrato; el tráfico de influencias de las personas responsables del contrato y/o la adjudicataria; y el trato de favor a una empresa sin que medie, aparentemente, tráfico de influencias o conflicto de interés. La tercera, con 40 casos, es la ejecución de contratos.

En todos los casos, sus números empeoraron en 2023 con respecto a 2022. Para corregirlos, la oficina recomienda el refuerzo en la justificación y argumentación en la que se basa la adjudicación del contrato, así como en la tramitación del expediente de licitación y la especial atención a las prácticas corruptas, constituyéndose estas categorías como «áreas de riesgo a tener en cuenta en lo que a corrupción y fraude se refiere», según las define.

Atendiendo a la información recibida por la oficina de supervisión en lo que respecta al tipo de contrato objeto de denuncia, el contrato de servicios, por sexto año consecutivo, se consolida como el tipo de contrato que más riesgo presenta en materia de fraude y corrupción desde la perspectiva de las denuncias efectuadas, con el 64,25% del total (142).

En cuanto a la situación de los expedientes, el informe asegura que del total de 221 comunicaciones recibidas, 90 denuncias son las que causaron la apertura de un procedimiento o expediente de investigación a 31 de diciembre de 2023, mientras que 122 no habían tenido, en su caso, tal consecuencia, al menos hasta el momento procesal en el que se encontraban. El organismo destaca, no obstante, que ninguna de las 90 denuncias o comunicaciones que finalmente han originado un expediente de investigación han sido remitidas a la Fiscalía para su investigación en ámbito judicial.

El informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación analiza también con detalle el impacto de la corrupción en los contratos vinculados a los fondos de recuperación de la Unión Europea que ha recibido España en los últimos años en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De las 221 denuncias recibidas por la oficina de Hacienda, 16 afectaron a los Fondos Next Generation.