Imágenes satelitales muestran tamaño de tala en fincas de Pacheco Dent
Imágenes satelitales tomadas en enero y mayo de este año muestran la pérdida de cobertura arbórea en las dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, en Gandoca-Manzanillo, donde la Fiscalía Adjunta Ambiental presume que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó un permiso ilegal de tala el 12 de abril pasado.
En los cuatro meses transcurridos entre la toma de una imagen y otra, se estima que se perdieron 3,5 hectáreas de capa forestal. Para ponerlo en perspectiva, la reducción equivale a 8,6 canchas de fútbol juntas, de acuerdo con las medidas oficiales de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).
Mediante este algoritmo, se compararon los índices arrojados en enero y mayo pasados, y se detectó la reducción de la cobertura forestal.
En mayo, en cambio, la cobertura arbórea se redujo en un 23,5% y solo abarcaba 11,34 hectáreas.
A esa conclusión llegó La Nación con ayuda de un especialista en Sensores Remotos, quien utilizó imágenes de Planet NICFI y una herramienta de la plataforma Google Earth Engine para identificar los indicios de la pérdida de cobertura arbórea.
Con base en las imágenes satelitales, esta herramienta analizó los cambios en la vegetación a través de cuatro índices espectrales: NDVI, GNDVI, EVI y SAVI. Esos índices son calculados a partir de las diferentes bandas de luz visible e infrarroja reflejada por la vegetación, lo que permite evaluar su salud y densidad.
Mediante este algoritmo, se compararon los índices arrojados en enero y mayo pasado, y se detectó la reducción de la cobertura forestal.
Según la Fiscalía, como representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., Allan Pacheco Dent obtuvo un permiso del Sinac, aparentemente ilegal para cortar 29 árboles –aunque, en un principio, pidió autorización para talar 94– en dos fincas contiguas (7-48141 y 7-59699), con el objetivo de construir un camino de 1,2 kilómetros de largo y 14 metros de ancho. Así consta en el expediente judicial N.° 24-00003-1851-PE.
El empresario pretendía donar el camino a la Municipalidad de Talamanca, para posteriormente urbanizar la zona.
Toque la imagen para ver el cambio
Imagen satelital coincide con foto del OIJ
La imagen satelital de mayo es coincidente con una fotografía aérea de la zona que tomaron peritos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ese mismo mes, con un dron, mientras realizaban una inspección.
Como resultado de esas visitas in situ, la Policía Judicial emitió tres informes confirmando que, en una área de 8,5 hectáreas, encontró “rastros por la corta de árboles, tocones (el tronco que queda en el suelo cuando se corta un árbol) y movimientos de tierra producto de la misma labor”.
Los peritos también determinaron que las dos propiedades están cubiertas en un 85% por humedales y que al menos 4,6 hectáreas contienen bosque. Esas dos condiciones hacían imposible que el Sinac otorgara una autorización para talar bajo la modalidad de inventario forestal, como al final ocurrió en abril pasado.
En primer lugar, la Ley Forestal y su reglamento impiden que se use esa modalidad en terrenos boscosos y, adicionalmente, los humedales ubicados en esas fincas están dentro de uno de los 12 sitios protegidos en Costa Rica por la Convención Internacional sobre Humedales, Ramsar, lo que impide, aún más, que puedan ser destruidos.
Sumado a estas dos condiciones, esas dos fincas están dentro de una lista de 137 propiedades, en Gandoca-Manzanillo, que deben volver al patrimonio natural del Estado, en acatamiento a un fallo de la Sala IV, de julio del 2014, que el actual gobierno sigue sin obedecer.
En esa oportunidad, los magistrados declararon inconstitucional una ley del 2014 que había cedido a manos privadas al menos 188 hectáreas de bosques. Los jueces ordenaron recuperar las tierras y delimitar de nuevo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
La reincorporación de esas propiedades dentro de los límites del Refugio también hubiera impedido que el Sinac otorgara el permiso de aprovechamiento forestal a Pacheco Dent y que se permita la urbanización.
Sin embargo, han pasado cinco años y dos meses sin que se cumpla la sentencia. Por el contrario, el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, se ha negado a delimitar de nuevo el Refugio para recuperar hectáreas de bosques cedidas a terceros en el 2014.
En mayo del 2023, el jerarca recibió una propuesta de decreto para devolver al Refugio 231,8 hectáreas de terrenos, 43,8 más de las 188 que calculó la Sala IV en el 2019. No obstante, decidió engavetar el documento y, a la fecha, no ha firmado ese ni ninguno similar. Alegó que el decreto “no procedía”, sin dar más detalles, en una comparecencia en la Asamblea Legislativa, el 6 de agosto anterior.
Incluso, el 25 de junio del 2024, la directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, del Sinac, Maylin Mora Arias, negó que la Sala IV les hubiera ordenado delimitar el área del Refugio, algo que los magistrados desmintieron un día después, mediante un comunicado de prensa.
El pasado martes 10 de setiembre, la Sala IV confirmó el incumplimiento y reiteró al ministro Tattenbach y al director ejecutivo a. i. del Sinac, David Chavarría, su obligación de acatar la sentencia del 2019 o, de lo contrario, los acusará penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad.
Sumado a esa negativa por delimitar la zona, el Sinac desapareció” en mayo anterior casi 92 hectáreas de humedales en un informe sobre la delimitación de estas áreas protegidas en la zona marítimo-terrestre (ZMT) del litoral del Caribe Sur.
El 20 de agosto anterior, el ministro Tattenbach, además, ordenó actualizar “de manera inmediata” el mapa de Gandoca-Manzanillo en Ramsar, con el fin de homologarlo con el mapa del Sinac que redujo ese refugio de vida silvestre. Tres días después, el 23 de agosto, la directora del Programa de Humedales, Jacklyn Rivera Wong, se opuso, y cuatro días más tardes, fue removida del cargo.
Ahora, ante el pronunciamiento de la Sala IV, el jerarca afirmó que acatará lo ordenado.
En cuanto a la obligación de recuperar las fincas y devolverlas al patrimonio natural del Estado, esa es otra tarea sin resolver. Desde el 2021, el Sinac enumeró las 137 propiedades que debían recuperarse –incluyendo las de Pacheco Dent– y remitió la lista a la Procuraduría General de la República (PGR).
De seguido, en marzo del 2022, la PGR encomendó esa labor al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y le indicó que debía iniciar los procesos legales correspondientes ante el Tribunal Contencioso Administrativo, dado que era el dueño original de esas tierras. No obstante, a la fecha ningún proceso judicial se ha instaurado.
Directora removida se negó a borrar humedales en mapas de fincas de Pacheco Dent
Pesquisas en el Ministerio Público
Por el aparente otorgamiento ilegal de ese permiso de tala, Pacheco Dent y otras cuatro personas son investigadas por la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta). Se trata de la regente forestal de apellidos Camacho Calvo, dos funcionarios del Sinac apellidados Campbel Lindo y Salas Rojas, y la administradora del Refugio, de apellidos Cruz Torres.
A todos se les investiga bajo el expediente N.° 24-00003-1851-PE, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
Además, la Fiscalía General tiene una causa abierta contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro Franz Tattenbach por el aparente delito de tráfico de influencias, debido las fiestas celebradas por altos jerarcas del gobierno y personal de Casa Presidencial en una propiedad de la familia de Pacheco Dent, en Barva de Heredia.
En ese mismo expediente (N.° 24-000041-0033-PE), el Ministerio Público indaga las visitas que Pacheco Dent realizó a Casa Presidencial desde junio del 2022, tan solo un mes después de que este gobierno entró en funciones. Incluso, varias de estas visitas ocurrieron durante el primer cuatrimestre de este año, en el mismo plazo en que se tramitó el supuesto permiso de tala ilegal en el Sinac.
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