Sánchez comparte representante legal con un imputado del "caso Koldo"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparte asistencia legal con el imputado del «caso Koldo» que declaró el pasado miércoles ante la Audiencia Nacional.
Virginia Aragón Segura es la procuradora y representante legal de Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos, que declaró como imputado en el «caso Koldo» este pasado miércoles. Pero también es la procuradora y representante legal habitual de Pedro Sánchez y del PSOE, como confirman estos casos documentados por este periódico. Por ejemplo, actuó como procuradora y representante legal del jefe del Ejecutivo en la campaña de las elecciones generales de 2020, cuando el PP le denunció ante la Junta Electoral Central (JEC) por hacer mítines desde La Moncloa. Como representante legal de Sánchez pagó la multa de 4.000 euros que le impuso la JEC. Además, actuó como procuradora y representante legal del PSOE tras las generales de 2023, recurriendo el recuento de voto CERA, que concedía al PP un escaño más en la circunscripción madrileña.
En Madrid hay más de 1.500 procuradores y ya parece casualidad que el nombre elegido por este imputado en el «caso Koldo» sea el mismo que el de Sánchez y el PSOE. Esta coincidencia hay que ligarla al hecho de que Sánchez Manzanares ocupó en el PSOE el cargo de secretario del Comité de Derechos y Garantías en 2012. Otro dato que resulta significativo es que el «padrino político» de Sánchez Manzanares es el mismo que el del presidente del Gobierno: el ex ministro José Blanco, hoy dedicado a tareas de lobby desde una importante consultora. Además, fue el que permitió a Sánchez hacer aquella polémica campaña de crowfunding antes de las primarias de 2017. Sánchez Manzanares fue asesor jurídico de la gestora del PSOE tras la dimisión de Sánchez. Y a él se le atribuye el pacto que permitió al hoy presidente usar los casi 100.000 euros recaudados en la campaña de crowfunding organizada antes de las primarias.
Estos datos explican la sorpresa que causó el cese de Sánchez Manzanares como secretario general de Puertos del Estado, dado el papel que ha jugado dentro del partido en los últimos años.
El pasado mes de febrero, Óscar Puente ejecutó su cese, pero el ministro no hizo lo mismo con los otros dos altos cargos de Transporte imputados (Jesús Manuel Gómez y Michaux Miranda) hasta el 23 de agosto, un mes después de su imputación. Para la defensa de Jesús Manuel Gómez, el Gobierno movilizó a la Abogacía del Estado, que finalmente no le defenderá. A Sánchez Manzanares sí le representa legalmente la procuradora de cabecera de Pedro Sánchez y del PSOE.
En España, el procurador de los tribunales es un licenciado en Derecho que se ha inscrito en un Colegio de Procuradores, ejerce la representación procesal de las partes en litigo ante los juzgados y tribunales, y se ocupa del cumplimiento forzoso de las resoluciones dictadas por dichas autoridades.
La Audiencia Nacional investiga una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante la pandemia que afecta al antiguo asesor del ex ministro de Transporte José Luis Ábalos. Este escándalo ha colocado el foco en el Gobierno de Sánchez después de la detención de Koldo García, el exasesor de Ábalos, por la sospecha del cobro de millones de euros en comisiones irregulares. El PSOE abrió un expediente disciplinario a Ábalos por su «responsabilidad política» y le suspendió cautelarmente como miembro del partido. Aunque antes, cuando ya tenían conocimiento de la investigación abierta, y que afecta a distintas Administraciones y ministerios, Sánchez había optado por mantenerle en su candidatura para las últimas generales. Esto le ha permitido contar con el estatus de aforado. El exministro está adscrito en estos momentos al Grupo Mixto, y esta semana ya ha lanzado avisos al Gobierno con dos abstenciones en el Congreso. También esta misma semana, en una entrevista con Carlos Alsina, en Onda Cero, aseguró que se sentía perseguido por el Gobierno, y anticipó que cuenta con su imputación por el Supremo en esta causa.
El exministro ha lanzado varios mensajes que pueden interpretarse como la advertencia de que está dispuesto a tirar de la manta ante la «persecución» que dice sentir del entorno de Sánchez y después de la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes: que cree que tiene como objetivo perjudicarle a él, mientras se protege a otros.