¿Se puede frenar la reforma al Poder Judicial? PAN la impugnará ante la Suprema Corte
La aprobación de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Senadores no fue aceptada por el Partido Acción Nacional (PAN), que dijo que impugnará la iniciativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su Comisión Permanente de este miércoles 11 de septiembre, donde se acordó la expulsión de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Yunes Linares, el partido calificó la reforma aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado como “regresiva y destructiva” hacia el Poder Judicial, que podría tener modificaciones estructurales como un órgano vigilante así como la elección de jueces, ministros y magistrados.
Con ello, en el PAN esperan que la Suprema Corte, que sería afectada por la reforma judicial, ayude a que la reforma no logre oficializarse, mientras México está a la espera de lo que decidan los 32 congresos locales. Basta con que 17 la aprueben para que pase al presidente, sea Andrés Manuel López Obrador o Claudia Sheinbaum, y la firmen para que llegue al Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Se consideró que el procedimiento tiene vicios que pueden ser sujetos de revisión por el máximo tribunal del país, ya que existe violación de suspensiones de amparo de al menos dos juzgados federales que impedían la discusión y votación, la falta de oportunidad de las nuevas legislaturas de abrir foros y espacios de discusión que permitieran un estudio profundo de la reforma, los irregulares cambios de sedes en ambas Cámaras y la falta de certeza para la votación de las y los diputados”, dijo el PAN en su sesión.
El partido comandado por Marko Cortés, quien pidió a los congresos locales que voten contra la reforma, dijo que la iniciativa contiene aspectos que la vuelven “una reforma electoral”, ya que crea procesos electivos para la selección de jueces, magistrados y ministros, además de que modifica las reglas de elección de juzgadores.
La denuncia del PAN gira en torno a una supuesta acción de inconstitucionalidad debido a “vicios” del proceso legislativo.
También se promoverán juicios de amparo para “combtir la violación de los derechos de los legisladores de conocer con tiempo, estudiar y poder analizar los alcances y consecuencia del dictamen (de la reforma al Poder Judicial)”.