Gobierno y Junta aceleran los diseños de las desaladoras de Málaga y Almería y los convenios con los regantes

Las grandes infraestructuras hídricas son necesarias en una comunidad como Andalucía con unas reservas que vuelven al 30%, tienen presupuesto asignado y hay «voluntad y buen clima político» para su ejecución. Sin embargo, los ritmos administrativos siguen siendo lentos como se puso de manifiesto el miércoles 11 de septiembre en la primera reunión del curso político entre el consejero de Agricultura, Ganadería, Agua y Pesca, Ramón Fernández-Pacheco, y el secretario de estado de Agua, Hugo Morán . Por este motivo, ambas administraciones subrayaron la necesidad de agilizar los trámites, de competencia estatal, tanto de elaboración de los anteproyectos técnicos como de negociación con los regantes para la aprobación de los nuevos convenios. El principal objetivo de ambas administraciones es ampliar la red de desalación de agua de Andalucía que en la última situación crítica (antes de las lluvias de primavera) se demostró como claramente insuficiente para las necesidades de la comunidad autónoma. En este sentido, hay dos proyectos claves e n los que que Gobierno y Junta de Andalucía trabajan de forma conjunta para acelerar y reducir los plazos: las nuevas desaladoras de Almería y Costa del Sol con una inversión asociada que supera los 360 millones de euros. En el caso de la desaladora de Almería, Bajo Almanzora II, el Gobierno central ha comunicado a la Junta de Andalucía que el anteproyecto con el diseño estará culminado antes de la finalización de este año de forma que en 2025 se pueda iniciar la tramitación ambiental, completar la cesión de los suelos de titularidad de la Junta de Andalucía y realizar las concesiones de agua, además de suscribir el convenio entre Acuamed (empresa adjudicataria) y los futuros usuarios de las desaladoras. A partir de ahí se deben licitar y ejecutar las obras. Tendrá una capacidad de 20 hectómetros cúbicos al año. En cuanto a la desaladora de la Costa del Sol, en la Axarquía , la situación administrativa es similar aunque con los plazos más dilatados. La previsión es que el anteproyecto esté en febrero de 2025 y a partir de ahí se desarrolle todo el proceso para completar una infraestructura que partirá con una capacidad prevista de 25 hectómetros cúbicos pero que podrá alcanzar los 50 a medio plazo. En ambos casos, la Junta de Andalucía y el Gobierno acordaron «avanzar en los convenios que se han de suscribir con los regantes» a través de reuniones que se celebren este mismo otoño, de forma que se puedan recortar plazos de tramitación y ejecución de los proyectos. Junto a esto, también en Almería, el Gobierno central tiene como reto la puesta en funcionamiento de nuevo de la desaladora de Bajo Almanzora, que lleva sin estar operativa desde 2012. Para ello, en estos momentos están en tramitación las actuaciones de reparación y puesta en servicio, una nueva línea eléctrica, las obras de protección, una intervención para que la producción final de este equipamiento sea de 20 hectómetros cúbicos al año y un nuevo parque fotovoltaico que estará en funcionamiento en 2026. En la desaladora de Carboneras están encima de la mesa la mejora de la eficiencia energética, la modificación del vertido por el cierre de la central térmica litoral y el nuevo parque fotovoltaico que también entrar en funcionamiento en el año 2026. Además de estas intervenciones, Gobierno y Junta analizaron la situación de la desaladora del Campo de Dalias con una ampliación de su capacidad a 40 hectómetros cúbicos programada, una red para la distribución del agua y el abastecimiento a Adra, así como un nuevo parque fotovoltaico. El consejero Ramón Fernández-Pacheco, que asumió las competencias de agua tras la salida de Carmen Crespo antes del verano, llevaba además dos peticiones al Gobierno central en las que se avanzó durante la reunión. En primer lugar, «desbloquear» la presa de Alcolea . La Junta ha propuesto al Ministerio distintas opciones: desde que se desarrolle la obra conforme al convenio actual, que el Ministerio permita al Gobierno andaluz que siga adelante con la presa o, incluso, disolver el convenio y que se compense a Andalucía para que, con la cantidad comprometida, pueda desarrollar otra obra hidráulica. En cualquier caso, las dos administraciones se han mostrado conformes con terminar con la inacción que pesa hoy en día sobre esta actuación, también en la provincia de Huelva. Por último, el consejero ha pedido que el Gobierno andaluz pueda participar «con voz, pero sin voto» en las reuniones entre los Ejecutivos de España y Portugal para lograr el mejor convenio de Albufeira posible para obtener agua del río Guadiana para la zona de Huelva. La Junta ha solicitado, de hecho, la regularización de Bocachanza I y la autorización de Bocachanza II. Ambas infraestructuras y sus normas de explotación están contempladas en el Plan Especial de Sequía y en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica Tinto, Odiel, Piedras y Chanza. La regularización de la estación de bombeo Bocachanza I, que toma agua del estuario del Guadiana, consiste en un bombeo extraordinario que sólo funciona cuando el sistema se encuentra en situación de alerta (escasez severa) o emergencia (escasez grave). En concreto, busca asegurar su aportación de 75 hectómetros cúbicos anuales en 2024 . La autorización de la estación de bombeo Bocachanza II, por su parte, está declarada de Interés General del Estado al estar incluida en la Ley del Trasvase del Tinto, Odiel, Piedras Chanza a Guadalquivir.