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Сентябрь
2024

40 entidades presentan una iniciativa legislativa para "liberar" TVG: "La presión a sus trabajadores es inhumana"

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Los colectivos -entre los que hay partidos políticos, sindicatos o asociaciones culturales- han registrado en el Parlamento gallego la propuesta, que ahora deberá ser estudiada por la Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría

TVG: la cadena pública que el PP domina con mano de hierro frente a las 300 semanas de lucha de sus trabajadores

Mientras la Xunta trabaja en un anteproyecto de ley de reforma de los medios públicos gallegos que aumenta el control político y abre la puerta al castellano -un texto que ha encontrado ya el rechazo frontal de oposición, Colexio de Xornalistas y sector audiovisual-, la sociedad gallega se moviliza para tratar de conseguir que la CRTVG “cumpla los fines” para los que fue creada y “garantice la objetividad y neutralidad” de los contenidos. Con ese objetivo, 40 entidades agrupadas en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo han registrado en el Parlamento de Galicia una iniciativa legislativa popular (ILP), Liberemos a Galega!, que busca garantizar por ley el pluralismo ideológico y político, la defensa de la identidad y la lengua de Galicia y la promoción de la igualdad.

La histórica periodista Tareixa Navaza fue la encargada de ejercer como portavoz de la plataforma. Emocionada, se dirigió directamente a los periodistas que recogían sus palabras: “Estáis trabajando por el fortalecimiento de la democracia en este país. Si os hacéis eco de esta iniciativa, de todos los movimientos que hagamos, porque sois el cordón umbilical con la ciudadanía, estáis haciendo un servicio al país”.

“Los trabajadores y trabajadoras no protestan por tener un cargo más de poder, por tener un aumento en su nómina... No: lo hacen para que se respete su código deontológico y realmente poder poner en práctica la carrera que estudiaron, que no es otra que hacer información veraz y servir al pueblo de Galicia, que es el propietario de los medios públicos de Galicia”, concluyó, antes de recibir el aplauso y el abrazo del resto de representantes de la plataforma.

Navaza recordó que los empleados de los medios públicos gallegos “están sometidos a una presión brutal, que todos sabemos”. La portavoz recordó que “no sólo han pasado directivos por los juzgados” -el propio director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, es uno de los ocho imputados en un caso de acoso laboral- “sino que una cantidad importante (de trabajadores) están con problemas de salud”. “Esto es inhumano, una burla a la ciudadanía y a la democracia”, concluyó la veterana periodista.

Por eso, incidió en la necesidad de “fortalecer” la democracia de la que “son el fundamento”, pero frente a ese papel “están censurados”. Como ejemplo del uso político de los medios públicos, recordó los ataques del jefe de informativos de la Radio Galega al informe del Consello da Cultura sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri en Palas de Rei; un informe elaborado por expertos y “emitido por un órgano institucional de Galicia, creado para asesorar, informar y aconsejar al gobierno”.

Otra forma de elegir al director xeral

Uno de los aspectos más polémicos del anteproyecto de ley de la Xunta es, precisamente, la posibilidad de nombrar al director xeral de la CRTVG por mayoría absoluta del Parlamento -una mayoría con la que hoy cuenta el PP- si no hay un acuerdo previo con la mayoría cualificada a la que obliga la actual ley. Es la falta de consenso la que ha convertido a Sánchez Izquierdo en “el más longevo desde que se creó la CRTVG”, después de que el Gobierno gallego utilizase una “maniobra” en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2016 para mantenerlo en el puesto “ilegalmente”. Una solución provisional que dura ya casi una década.

La Plataforma, por contra, propone que el nombramiento se produzca a través de concurso público, con un respaldo de tres quintas partes de la cámara gallega y con la posibilidad de ejercer “sólo un año más” cuando finalice su mandato. Tras ese período, se formaría una comisión de tres expertos, que necesitarían el mismo respaldo parlamentario, y después se nombraría al nuevo responsable.

Según sus promotores, la ILP pone “especial atención” a la programación infantil y juvenil y propone la creación de canales temáticos en la preservación del patriomino documental. Incide, además, en que la producción y edición de informativos no se podrá subcontratar y reclama la creación de Estatuto Profesional y un Consello de Informativos que “garanticen una información veraz y que sean respaldo” para la plantilla. Los dos órganos estaban previstos en la ley de 2011 y nunca llegaron a crearse. El nuevo texto los sustituye por un Consello Asesor donde el PP podrá asegurarse el nombramiento de buena parte de sus integrantes.

Tras la presentación del texto articulado de la ILP, la Mesa del Parlamento tiene ahora un mes para examinarlo y decidir si lo admite. Si lo hace, tendrá que comunicárselo a la Junta Electoral de Galicia para que garantice la regularidad del procedimiento de recogida de firmas por parte de la comisión promotora. El mínimo para sacarla adelante es de 10.000 rúbricas.

Entre las entidades que promueven la campaña están los dos principales partidos de la oposición en Galicia -BNG y PSOE-; varios sindicatos, incluidos los mayoritarios -CIG, UGT y CCOO-, A Mesa pola Normalización Lingüística, asociaciones de escritores, músicos y actores junto a colectivos culturales, feministas, ecologistas o en defensa de la sanidad pública, todos ellos históricamente discriminados en las emisiones informativas tanto de la radio como de la televisión autonómica.