Los empleados de la Seguridad Social inauguran su otoño de paros semanales con la amenaza de huelga

El viernes a las once de la mañana, los principales sindicatos que representan a los empleados de la Seguridad Social se manifestarán ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para denunciar « el incremento de la carga de trabajo y las difíciles condiciones laborales para prestar un servicio adecuado a los ciudadanos», han dicho en un comunicado conjunto Comisiones Obreras (CCOO), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) y la Confederación Intersindical Galega (CIG), que juntos representan al 67,81 por ciento del personal público de la Administración General del Estado. Sera solo el precedente, avisan, de concentraciones semanales en los centros de trabajo, paros parciales y huelgas si el Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, «persiste en su actitud de no cumplir lo firmado por él mismo el 16 de mayo de 2023». Se refieren al compromiso de establecer un plan estratégico de recursos humanos en la Administración de la Seguridad Social, que era una revisión de otra promesa, en este caso de noviembre de 2018, que tampoco fue cumplida. El enfado de los funcionarios se centra en el incremento permanente de las cargas de trabajo que se ha producido en los últimos años, que se ha visto empeorado por las « constantes modificaciones normativas » y «novedades en la gestión telemática y organizativa», dicen. Una de su reivindicaciones centrales gira en torno a las 'productividades', que consisten en un complemento que se añade al salario que percibe un trabajador público. Las cantidades de este complemento no están tabuladas, así que se cobra de forma distinta dependiendo del ministerio. Los empleados de la Seguridad Social piden la revisión del modelo de productividades que se está empleando con vistas a que se ejecute el 100% del presupuesto , pues hasta ahora, explican a este diario, la parte que no llega a repartirse se devuelve a Hacienda. Además, exigen que el reparto de ese remanente se haga premiando a los que tengan más carga de trabajo y mayores rendimientos, y que se centre en los que estén por debajo del nivel 22; es decir, en aquellos trabajadores que lidian con las gestiones de los ciudadanos. Para que quede claro, no quieren que los empleados 'de despacho' queden excluidos de las productividades, solo del reparto del remanente que ahora se está devolviendo a Hacienda. Precisamente, los que están por debajo del nivel 22 son los que tienen mayores cargas de trabajo , por eso los sindicatos exigen, «con carácter de urgencia», la convocatoria de un macro concurso para que se cubra la totalidad de puestos de trabajo vacantes por debajo de ese nivel, que aseguran son muchos. Esto, añaden, debería hacerse antes de la resolución de cualquier Oferta de Empleo Público, priorizando la promoción interna ante la oferta libre. Asimismo, también reclaman una nueva ordenación de los recursos humanos y una actualización de las relaciones de puestos de trabajo que se adapte a la realidad actual; por ejemplo, en el caso de los empleados que necesitan manejar una lengua cooficial propia o trabajan a distancia. Sobre esto último, el trabajo a distancia, también piden que se autorice al menos durante dos días semanales en todas las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, con vocación de ir ampliando los días a tres o más semanales, que es lo que ya se hace para el resto de personal dependiente del Ministerio. Una reivindicación muy importante es la de la cobertura definitiva de las plazas que por el momento están provisionalmente ocupadas por personas con un contrato temporal. Hay que recordar que Bruselas ya ha dado un tirón de orejas a España por esto y en diciembre expira el plazo dado por la Comisión para reducir la plantilla de eventuales al menos al 8%. Pues bien, en la Seguridad Social aún son más de un 20% los que trabajan en ese régimen. Esto es lo mollar, pero otras reivindicaciones de los sindicatos incluyen la revisión de la Circular de Acción Social, la recuperación del proyecto de Escuela de Formación, la implantación de itinerarios formativos conforme a las directrices y recomendaciones del INAP y Función Pública, la creación de Comités de Seguridad y Salud provinciales, revertir la política en materia de prevención, la convocatoria del Grupo de trabajo de responsabilidad social y la creación de bolsas de trabajo .