Los fotovoltaicos españoles piden al Gobierno que extienda los años de retribución para compensar los recortes

La Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) vuelve a dirigirse al Gobierno. En esta ocasión mediante dos cortos: uno que satiriza sobre la «injusticia» que sufren 65.000 familias españolas frente a los laudos favorables que han recibido los inversores extranjeros y otro que cuenta la lucha de los que invirtieron en fotovoltaica hace 15 años tras la promoción del Gobierno de Zapatero. En su presentación, sin embargo, la Anpier ha comunicado también su petición al Ejecutivo: que extienda los años de retribución para compensar los recortes por las primas renovables de la pasada década. Según cuenta el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, la asociación ha presentado su propuesta ante el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta. Y aunque aún no han perdido la esperanza en el Gobierno socialista, sí esperan que con el cambio de ministro, se abra la puerta al diálogo. Además, admite que también hablan con la oposición ya que la vía judicial está agotada. «Las familias hemos optado por promover que se extienda unos años más la retribución para compensar el recorte de los años anteriores. Es decir, estamos en el año 15, en el ecuador, pero cuando se llegue al año 30 pedimos que nos dejen producir unos años más para compensar lo perdido», explica Martínez-Aroca. «Vamos a dejar por el camino 30.000 millones de recorte retroactivo, pedimos una compensación», reclama el presidente de la asociación. Un reclamo en el que el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha mostrado una vez más su apoyo al acudir al acto y defender la «injusticia» que sufren las familias afectadas. La asociación que representa a las 65.000 familias afectadas pretende hacer llegar el corto al Ministerio a modo de denuncia. «Es una injusticia de un calibre desproporcionado. A los extranjeros que construyeron fotovoltaica les protege la Carta de la Energía y gracias a ella están obteniendo muchos laudos condenatorios», resume Martínez-Aroca. Los inversores extranjeros, agrega, «están mucho mejor posicionados que los españoles». Recuerdan que de los 52 demandantes internacionales, 26 ya cuentan con un laudo final favorable, que supondrá para el Estado español, hasta la fecha, un desembolso de 2.000 millones de euros. No obstante, cabe recordar que el Gobierno tiene recurridos todos estos procesos, y por el momento no se han hecho efectivos los desembolsos. Hace 15 años, el Estado español se lanzó a promover la instalación de fuentes de generación renovable, con la intención de combatir la emergencia climática e iniciar una transición energética hacia un modelo eléctrico y renovable, en el que nuestro país contaba con importantes ventajas competitivas —por su territorio, su sol y su viento— y evitaba la enorme dependencia energética del exterior, que lastraba nuestra balanza comercial. Esa decisión de Estado, según señalan desde Anpier, tenía como objetivo primordial madurar las tecnologías renovables y poner en marcha un tejido industrial tecnológico innovador. Aunque la situación económica dio un vuelco y hubo que retirar esas ayudas. Los inversores internacionales no vieron conveniente acudir a la justicia española, como inevitablemente debieron hacer los nacionales, aseguran desde Anpier, «en cuyas instancias perdieron cualquier posibilidad de reparación frente a argumentos por parte del Estado que no han parecido aceptables en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial en Washington, instancia a la que acudieron de forma masiva los inversores foráneos y en la que sí están logrando laudos favorables, que condenan al Estado español a repararles los daños sufridos por estos cambios normativos retroactivos». El presidente de Anpier ya demandaba esta desigualdad entre inversores nacionales e internacionales hace dos semanas. Entonces pedía explicaciones de por qué «los inversores foráneos son compensados por unos drásticos recortes retroactivos, mientras que sus nacionales no tienen ningún tipo de compensación por los mismos quebrantos». También estimaba en unas 65.000 familias las perjudicadas. Este martes Martínez-Aroca ha explicado que «hay dos caminos, o seguir por la vía política o aceptar la sentencia del Tribunal Supremo» y ha asegurado que, de momento, no abandonarán su causa.