¿A cambio de qué?

La reforma al Poder Judicial se decidirá en el Senado. Por el momento, parece existir un bloque opositor del tamaño necesario para impedirla. Son 43 senadores y senadoras que han afirmado estar en contra de la reforma, dejando a la coalición oficial 85 votos, insuficientes para una reforma constitucional en caso de que estén todos presentes.

En respaldo a ese bloque opositor se llevó a cabo una gran manifestación ayer domingo (convertida en plantón permanente), encabezada por los trabajadores del Poder Judicial, apoyada por estudiantes de diversas universidades, además de organizaciones de la sociedad civil que en otras ocasiones ya habían manifestado apoyo a las instituciones que López busca destruir.

No sabemos cuál será el resultado de la votación. Pueden dejar de asistir senadores de una u otra posición, o pueden cambiar su voto algunos de ellos. Ya lo sabremos. Si la reforma se aprueba, estaremos en problemas serios, e innecesarios. La coalición en el poder no necesita de la reforma para ir reemplazando ministros y magistrados por personas más cercanas a ella. Y eso de cambiar a todos los jueces es un absurdo monumental. Lo más grave de la reforma, en mi opinión, es el tribunal inquisitorial que tendría la posibilidad de destituir a cualquier miembro del Poder Judicial, prácticamente sin posibilidad de defensa.

Puesto que no ganan nada, pero ponen mucho en riesgo, la única explicación del apoyo unánime a la reforma por parte de los oficialistas es su condición de lacayos de López. Así como lo dijo el todavía presidente de Morena, Mario Delgado, le quieren ofrecer un regalo de despedida. Pues que lo paguen ellos, diría yo, y no lo endosen a todos los mexicanos.

Aunque el efecto directo de esta reforma en la economía no es nada sencillo de identificar, se trata de un cambio de reglas que no es acorde con los acuerdos internacionales. Ya lo han dicho muchas voces desde Estados Unidos y Canadá, y considerando la importancia de sus inversiones en México y el comercio con ambas naciones, deberíamos al menos escucharlos.

La segunda reforma en la lista, entiendo, es la desaparición de los organismos autónomos. Ésa sí es claramente violatoria del T-MEC, y sin duda provocaría grandes dificultades. A la luz de ella, la reforma al Poder Judicial toma una dimensión diferente, más amenazante.

Para los mexicanos, esta reforma es un regreso a los tiempos de la discrecionalidad total, como ocurría antes de 1995. En esos años, una decisión del gobierno era imposible de detener. Así se expropiaban propiedades, o bajo la amenaza de ello se compraban baratas. Así se concentraban mercados a favor de los amigos y se expulsaba a los competidores. Así se definían regulaciones y permisos de importación que otorgaban ganancias extraordinarias. A los amigos, claro, que eran también socios.

Regresar a esa época implica vivir en una economía extractiva, no productiva. En ella, hay unos pocos que ganan mucho, a costa de los demás. Es de ahí de donde viene la gran desigualdad de México, no del cuento del neoliberalismo. Fue en los años del régimen de la Revolución, del viejo PRI, cuando se concentró el ingreso y la riqueza en México, siempre bajo un discurso ficticio de desarrollo social. Lo mismo, pues, que Morena.

Regresar a eso con un país con una población casi cuatro veces mayor, un cuarto de ella viviendo en Estados Unidos, en el entorno de un mundo globalizado pero en proceso de regionalización, garantiza el desastre. No me refiero a una crisis fiscal (que ya tenemos) o una cambiaria (que no tendremos), sino al derrumbe de la estructura productiva y de las relaciones comerciales que nos permiten vivir. Y todo ello a cambio de nada.