Otra oportunidad perdida

Un verano más, la inmigración se ha convertido en el eje del debate político en nuestro país. De nuevo, hemos escuchado los mismos mantras de siempre que la ultraderecha ha sabido colocar en el ranking del odio y que, desgraciadamente, el PP utiliza en su pugna con Vox pisándole los talones.

Querer sacar partido de las migraciones convirtiéndolas en el nuevo leitmotiv contra el gobierno, recurriendo a lemas como ‘el efecto llamada’ y ‘las deportaciones masivas’, alentando la campaña del miedo con binomios tan peligrosos como migración y seguridad -cuando los datos objetivos demuestran lo contrario-, no sólo es inhumano, sino profundamente irresponsable. 

Son los mismos que tratan de deshumanizar y estigmatizar a los etiquetados como MENA, menores no acompañados. En Canarias hay actualmente cerca de 6.000 niños y niñas sin referentes familiares, a los que es imposible brindarles una acogida digna y asegurar sus derechos porque el sistema de protección a la infancia en el archipiélago está desbordado. Los derechos de los niños y niñas no son una cuestión de caridad o solidaridad, están garantizados en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Orgánica de Protección del Menor, y son de obligado cumplimiento. Aquellas Comunidades Autónomas que se están negando al reparto y a la acogida, están obviando sus obligaciones jurídicas.

Grandes eslóganes y un viaje a África con relato cambiante

El manido discurso de la ´migración ordenada y regular’ es una propuesta vacía si no se acompaña de medidas alternativas, bien articuladas y realistas. Se trata de ofrecer vías legales y seguras, tanto temporales, como es el caso de los programas de migración circular anunciados por el presidente Sánchez, como estructurales para aquellas personas que no pueden volver a su país en un plazo concreto de tiempo. 

¿Podría un maliense o un sudanés que ha huido de la guerra en su país, volver en nueve meses a través del plan de migración circular? Por supuesto que no. Por tanto, estas personas seguirán optando por jugarse la vida en un cayuco para ponerse a salvo.

No es muy coherente que un día después de que Sánchez anunciara en Mauritania la propuesta de migración circular, España comenzara a imponer un nuevo visado de tránsito aeroportuario a los nacionales de Mauritania, sumándose a una larga lista de países en conflicto como Mali, Somalia, Siria, Burkina Faso, Afganistán o Palestina a quienes también se les exige.

Cuantos más visados de tránsito se requieran a nacionalidades procedentes de conflictos, más personas tendrán que arrojarse al mar y ponerse en manos de las redes de tráfico. No podemos olvidar que, en lo que llevamos de 2024, han fallecido o desaparecido 3 personas al día intentando alcanzar las Islas Canarias.

Hablemos claro: lo que verdaderamente fomenta la inmigración irregular es la imposibilidad de acceder a un visado, de poder optar a una plaza de reasentamiento, la imposibilidad de reagrupar a tu familia o de optar a alguna alternativa que no sea la de pagar a un traficante para llegar a Europa.

Tampoco es muy coherente que un día después de ofrecer un relato en positivo de las migraciones, el propio Sánchez abrazara el discurso de las deportaciones que tanto defiende la ultraderecha y el PP. 

La escalada retórica sobre este asunto, además de falsa, supone un incentivo para el odio, el racismo y el avance de la ultraderecha. Siendo realistas, se trata más de un discurso mediático que de una medida real y efectiva ya que no es fácilmente aplicable. En primer lugar, porque en muchos casos opera el principio de no devolución para quienes necesitan protección, y por otro lado, requiere de acuerdos bilaterales que no siempre son viables. 

Países como Alemania, Dinamarca o Reino Unido, que plantearon como medida estrella las deportaciones masivas, han reconocido las dificultades para ejecutarlas por las trabas legales, burocráticas y diplomáticas existentes.

Considerar que el anuncio de la expulsión de inmigrantes irregulares traslada ‘un mensaje desincentivador, nítido, claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos’ según palabras del propio Sánchez, es demagógico y poco realista. Lo único que puede desactivar a las mafias es la puesta en marcha de vías legales que eviten su lucrativo negocio.

Por tanto, plantear propuestas aisladas sin un paquete transversal y multidimensional, es poner parches y repetir fracasos ya experimentados.

La semana pasada se cumplían 30 años desde que llegó la primera patera a Canarias. 

Durante estas tres décadas, hemos afrontado múltiples crisis migratorias gestionadas por distintos gobiernos tanto populares como socialistas y se han seguido cometiendo los mismos errores con respuestas centradas principalmente en el control de fronteras y afrontando el fenómeno con medidas puntuales y no con soluciones estructurales dimensionadas adecuadamente.

Desde entonces, miles de personas han desaparecido en esta travesía cada vez más transitada y cada vez más peligrosa.

El último pico de llegadas se lleva visibilizando desde julio de 2023, con un incremento significativo, principalmente a través de la ruta canaria, con más de 24.000 llegadas en los ocho primeros meses de este año. 

No podemos obviar que se trata de flujos mixtos, es decir, llegan tanto migrantes como personas que se ven obligadas a huir, susceptibles de recibir protección internacional: refugiadas y solicitantes de asilo.

Para una buena gestión migratoria, lo fundamental es poner sobre la mesa planes que aborden todas sus dimensiones, con propuestas que den respuesta a las diferentes realidades existentes, la de personas migrantes, refugiadas, menores y mujeres, obligadas a recurrir a la única alternativa real con la que cuentan para poder llegar a Europa: las redes de tráfico de personas.

En definitiva, para poder defender el lema de la ‘migración ordenada y regular’ se requiere de un plan estratégico con diferentes medidas y recursos suficientes, que pongan en el centro a las personas y no se dejen llevar por los intereses electorales y partidistas que utilizan este fenómeno para obtener rentabilidad electoral; medidas que faciliten que, las personas que lo necesitan y a las que necesitamos, puedan llegar de forma segura.

Porque a estas alturas, a nadie le cabe duda que la migración es un fenómeno estructural, inevitable y necesario.

El Banco de España anunciaba en abril que nuestro país necesitaría de aquí a 30 años en torno a 25 millones de inmigrantes para afrontar el envejecimiento y mantener nuestro Estado de Bienestar. Estamos hablando de más de 800.000 personas al año.

Porque tampoco cabe duda ni podemos obviar que, las sociedades que gestionan y acogen inmigración, se enfrentan a serias dificultades y desafíos que requieren de una buena gestión ante un fenómeno que es complejo. Pero que aquellas que no tienen migración, se enfrentan a problemas mucho mas graves todavía.

Una respuesta desigual

Teniendo en cuenta toda esa complejidad, es necesario preguntarse qué diferencia existe entre un refugiado ucraniano que huye de la guerra y un refugiado maliense que se encuentra en la misma situación, incluso más precaria y vulnerable, si cabe.

¿Por qué ofrecemos un tratamiento diferente a unos y a otros?

Europa acogió en un tiempo récord a cerca de 6 millones de personas procedentes de Ucrania. En España en concreto acogimos en torno a 200.000. ¿Se rompieron las costuras de Europa o de alguno de los Estados miembros que, solidariamente, abrieron sus puertas a aquellas personas? ¿Algún ciudadano vio amenazado su bienestar social o sus derechos con la llegada de esta cantidad de personas?

La respuesta es clara: No. Todo lo contrario. Nos hizo sentirnos orgullosos ofreciendo una respuesta contundente de acogida e integración a quienes necesitaban protección. 

Creíamos que aquella experiencia gestionada con éxito daba luz al camino a seguir. Sin embargo, el Pacto Migratorio aprobado por Europa al final de la pasada legislatura, vuelve a priorizar el control securitario, recurriendo a la fracasada estrategia de la externalización de fronteras para impedir que las personas lleguen.

En los últimos años hemos visto proliferar los acuerdos entre la UE y terceros países donde no se respetan los derechos humanos, para intentar contener los flujos migratorios. Una estrategia que no es nueva, que esta demostrado que no funciona y que, además, pone en riesgo la vida de miles de personas. 

Estos acuerdos suponen pagar cantidades millonarias a países para que ejerzan de gendarmes, aunque lo hagan bajo estrategias terribles. Bajo esa relación económica, los países van demandando más y más, utilizando la apertura o relajación del control fronterizo como medida de presión para conseguir mas beneficios.

Solo en 2024, la UE ha entregado 500 millones a Mauritania, 7.400 millones a Egipto y 1.000 millones a Líbano. 

Estos fondos, en manos de gobiernos dictatoriales o poco democráticos, tienen un enfoque cortoplacista y no recogen cláusulas de seguimiento y evaluación para garantizar avances que lleguen a la población.  No contemplan un enfoque de desarrollo, derechos humanos y democracia para combatir los verdaderos factores que obligan a las personas a migrar. 

El Pacto Europeo de Migración y Asilo no es una solución para la gestión migratoria, ni para las personas, que sufrirán consecuencias devastadoras, ni para los países del sur como España, que soportamos la mayor presión de llegadas. 

En la presente legislatura europea tenemos dos años por delante para llevar a cabo la implementación y tratar de minimizar esos riesgos, tratando de reconducirlo para que el Pacto defienda el acceso al derecho de asilo, el respeto a los derechos humanos y el principio de solidaridad y responsabilidad compartida entre los Estados miembros como pilar fundamental del Sistema Europeo Común de Asilo. 

Nuestro país se juega mucho en esto. Lo acabamos de ver en los resultados de Alemania. Ante los discursos templados y timoratos para defender las migraciones, quien verdaderamente gana es la ultraderecha mientras pierde la cohesión social y, por tanto, la ciudadanía. 

España debe continuar defendiendo una política migratoria con un relato en positivo y firme. No se puede desligar el enfoque de los derechos humanos y las migraciones. Urgen políticas valientes, sin vaivenes discursivos para frenar el avance del odio. Porque el odio se combate demostrando las aportaciones positivas que conlleva ser una sociedad acogedora.