Unidad fiscal, sin singularismos

El Partido Popular envía un sólido mensaje político a los españoles al reunir a sus doce presidentes y dos vicepresidentes autonómicos para rechazar los intentos de independencia fiscal del separatismo catalán, volver al respeto y a la lealtad institucional plasmados en la Constitución y recuperar las bases mínimas de un consenso. El despliegue de poder autonómico de los populares –que el Gobierno intentó neutralizar al citar por separado a sus líderes para negociar y ofrecer más recursos– cuajó este viernes en un poderoso gesto político de rechazo a la «artimaña de la bilateralidad» que Pedro Sánchez intenta imponer como nuevo marco político del sistema autonómico para complacer a los aliados que lo mantienen en La Moncloa. En defensa de la solidaridad, el PP ha planteado dos cuestiones centrales: primero, que se convoque de forma inmediata la Conferencia de Presidentes para iniciar las negociaciones en torno a una nueva financiación autonómica, y, segundo, que estas se desarrollen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano previsto por nuestro ordenamiento para resolver estas cuestiones. La declaración de los populares recuerda que el actual sistema de financiación, tan incómodo para Cataluña, data de 2009 y es resultado de una negociación del PSOE con el independentismo de esa comunidad. Al mismo tiempo, le exige que la reforma suponga nuevos recursos para unas comunidades autónomas que han visto dispararse un 40 por ciento el gasto sanitario, y que no se trate de una simple maniobra aritmética para intentar encajar el nuevo cupo que quiere ofrecer a Cataluña. Como una primera medida urgente, los presidentes del PP exigen que el Gobierno ponga a disposición de los ejecutivos autonómicos 18.000 millones de fondos Next Generation que la Administración central ha sido incapaz de ejecutar. Y como segunda cuestión relevante, solicitan al Gobierno que articule la creación de un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas mientras se pacta un nuevo modelo. Otras dos cuestiones en las que los presidentes autonómicos del PP coinciden es en la necesidad de respetar la autonomía fiscal de las comunidades, un punto que concierne especialmente a Madrid, objetivo habitual de los ataques de un PSOE que la acusa de 'dumping'. El segundo aspecto relevante es la negativa a admitir el troceamiento de la Agencia Tributaria. En este punto, el PP plantea uno de los puntos críticos del acuerdo que ha permitido el acceso de Salvador Illa a la Generalitat: que los independentistas quieren recaudar y gestionar todos los impuestos, pero también desean que el resto de España les siga pagando las pensiones, lo que supone una transferencia neta de riqueza desde las otras regiones a Cataluña. La cumbre del PP fortalece el liderazgo de Núñez Feijóo. Como expresidente autonómico no puede validar la estrategia de ordeno y mando sobre sus barones y baronesas desde Génova, que algunos consideran indispensable para constituirse en líder del PP. Ha sabido ser paciente y esperar a que cuajara un consenso fruto del patriotismo de sus compañeros y se hiciera presente la responsabilidad política en una hora difícil para España. Se trata de una manera de gestionar el poder mucho más respetuosa de nuestro modelo autonómico que las veleidades confederales en las que está cayendo el PSOE. Un consenso que sin duda es más fuerte que la obediencia debida y la cesión permanente.