Ábalos pide al juez entrar en el caso Koldo como perjudicado y aporta su propia auditoría

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso Koldo en el que solicita acceder a la causa en calidad de «perjudicado» y aporta una pericial que rebate la auditoría realizada por orden del ministro Óscar Puente en el Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas en plena pandemia a la empresa instrumental Soluciones de Gestión. El escrito, al que tuvo acceso ABC, alega que si bien el juzgado «no ha realizado intimación o petición de información alguna» a Ábalos ni ha sido llamado «en ninguna condición», siguen «apareciendo informaciones y noticias que le afectan de forma personal y directa», de ahí que solicite ejercer como perjudicado. En este sentido, se refiere a la auditoría del Ministerio de Transportes, «que en principio debería tener sólo la virtualidad de control interno a efectos de recomendar mejoras en la gestión del servicio», y ha sido difundida «de forma deliberada» por Puente y después, aportada a la Audiencia Nacional a requerimiento del juez. «Teniendo en cuenta que este Juzgado Central ha solicitado al ministerio la entrega de dicho informe a efectos de investigación de la presente causa, mi representado ha solicitado informe pericial contradictorio elaborado por perito especialista (...) que, además de analizar la falta de metodología como auditoría, viene a desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones que el citado informe proyecta y focaliza en su persona», dice el escrito que firma la defensa de Ábalos. La pericial, de 41 páginas y a la que tuvo acceso ABC, ha sido realizada por una abogada perito experta en Compliance sobre el resultado de la auditoría de Puente y pone el foco en el acomodo del mismo a la legalidad. Destaca, por ejemplo, que «no consta» se haya publicado en el BOE la orden del ministro que acordaba realizar el informe sobre las contrataciones, que estas ya fueron objeto de fiscalización del Tribunal de Cuentas descartando ilegalidad y que el trabajo del ministro «contiene juicios de valor que le apartan de la objetividad requerida en una auditoría». Asimismo, señala que varios de sus pasajes adolecen de «sesgo de confirmación, donde las conclusiones parecen estar influenciadas por expectativas previas del auditor», la documentación aportada está incompleta, no se han seguido «los principios fundamentales de auditoría como independencia, objetividad y evidencia suficiente» y no consta justificación de las personas interrogadas.