Congreso mexicano refrenda reforma judicial
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 4.— La reforma al poder judicial, último de los proyectos legislativos propuestos por Andrés Manuel López Obrador antes de dejar el cargo en octubre, y que ha sido usado como resorte cuestionador de su gestión por sus opositores, fue aprobada de manera general por la Cámara de Diputados y ahora entra al debate particular de sus postulados.
La aprobación se consiguió en horas de la madrugada de este miércoles con 359 votos a favor y 135 en contra, en una sesión que se efectuó en sede alterna para evadir las expresiones de rechazo de personas que se apostaron a la entrada del legislativo para impedir el acceso de los diputados, lo que ha sido acompañado de una huelga de trabajadores, jueces y ministros de la Suprema Corte.
Después de más de 11 horas de sesión, la mayoría oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados lograron avalar la norma que aspira a modificar por completo el modelo de justicia en México, comentó RT.
Según se anunció este mismo miércoles, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado iniciarán el debate de la reforma el domingo 8 de septiembre, lo que implicará el análisis de casi 800 reservas planteadas al dictamen, que serán debatidas y sujetas a votación. Luego, la iniciativa será enviada al Senado, que ya acordó que realizará un proceso exprés.
Hace dos días, una jueza intentó detener el debate de la propuesta, lo que fue calificado por López Obrador como una «invasión franca y arbitraria a la facultad del poder legislativo».
La reforma judicial ha sido calificada como «retrógrada» por quienes se le oponen y buscan adeptos para frenarla, mientras aducen que restaría independencia al poder judicial. Sin embargo, lo que se busca es todo lo contrario, pues el propósito es una renovación estructural para generar una justicia más ágil y eficiente, acorde con los cambios propiciados por la IV Transformación y los pedidos del pueblo.
Para ello, la propuesta legislativa plantea, entre otros postulados, la reducción del número de ministros del legislativo de 11 a nueve, la reducción del período en el cargo de 15 a 12 años, la eliminación de las dos Salas de la Corte para que esta sesione en pleno y que sus reuniones sean públicas, además de eliminar las pensiones vitalicias.
Uno de sus aspectos más importantes es que la nominación de magistrados y jueces se realice por elección popular, a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión.
En una de sus más recientes conferencias matutinas, Obrador volvió a referirse a la necesidad de esos cambios al apuntar que el poder judicial «está mal», porque «hay nepotismo y corrupción», y que «es indispensable que se purifique». Para ejemplificarlo recordó la existencia de jueces que «dejan libres a presuntos delincuentes del crimen organizado y también a delincuentes de cuello blanco, a funcionarios corruptos».
«No atienden al pueblo que exige justicia», dijo también Obrador, y señaló que los actuales funcionarios del poder judicial solo «están para servir a los de la cúpula del poder económico, del poder político y la delincuencia organizada».
El debate interno desatado por el proyecto y sus detractores ha sido contexto utilizado para nuevas posturas injerencistas como la que manifestaron la semana pasada las embajadas de Estados Unidos y Canadá al cuestionar el proyecto legislativo, a lo que AMLO respondió poniendo las relaciones con ambas legaciones «en pausa», aunque aclaró que los nexos con sus naciones se mantenían sin alteración.
«Nuestra Constitución establece que somos un país libre, independiente y soberano. Y no es para pelearnos con nadie, con nadie. Es nada más aclarar las cosas», señaló entonces el mandatario.
Pese a ello, el embajador estadounidense, Ken Salazar, reiteró el martes su postura, al afirmar que respeta al Presidente mexicano y la soberanía nacional del país, pero insistió en que hay preocupación en personas de diferentes sectores en Estados Unidos por la reforma, particularmente por la propuesta de la elección popular de sus altos funcionarios, reportó el diario El Financiero.