López Obrador saca adelante su polémica reforma judicial
En una sesión parlamentaria inverosímil e inaudita, el Congreso de los Diputados de México aprobó en la madrugada del miércoles la polémica reforma del Poder Judicial que permitirá que partir de 2025 los jueces mexicanos sean elegidos directamente por los ciudadanos.
Los diputados de Morena y sus socios del Partido Verde y el Partido del Trabajo dieron luz verde por 359 votos a favor y 135 en contra a la última gran medida de transformación institucional del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que el próximo 1 de octubre entregará la batuta presidencial a su sucesora Claudia Sheinbaum.
La jornada parlamentaria empezó accidentada, pero nada ni nadie iba a impedir que se produjera la ansiada votación. Los diputados no pudieron acceder a sus escaños en la sede del poder legislativo de San Lázaro cuyos accesos estaban tomados por los manifestantes y trabajadores del Poder Judicial. En lugar de posponer el debate, los diputados se trasladaron a un polideportivo cercano e instalaron ahí la sede parlamentaria en cuestión de horas. A las cuatro de la tarde empezaba una acelerada sesión parlamentaria que culminó con la votación las 4 de la mañana.
La presidenta electa Claudia Sheinbaum, a golpe de comunicado en redes sociales durante el debate parlamentario, salió nuevamente en defensa. “A la presidenta o presidente lo elige el pueblo, al poder legislativo lo elige el pueblo. Si los jueces, magistrados y ministros -nombre que reciben los jueces de la Suprema Corte de Justicia- se eligen por el pueblo ¿dónde está el autoritarismo?”.
“Más democracia, más justicia, más libertad. La reforma al poder judicial no afecta ni nuestras relaciones comerciales, ni las inversiones privadas nacionales, ni extranjeras. Habrá más y mejor estado de derecho y más democracia”, insistió Sheinbaum, que será la encargada de desarrollar y poner en marcha el nuevo sistema judicial.
La bandera de la democracia y el combate contra la corrupción en la Justicia son los principios que han motivado a López Obrador desde que presentó esta reforma el pasado 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana. Motivos muy loables y puros. Sin embargo, la elección directa de jueces y magistrados, en votación ciudadana, permitirá que se pueda presentar a los puestos para impartir justicia cualquier licenciado en Derecho que tenga una nota media de 8 y, por supuesto, haga una buena campaña electoral. En teoría, un abogado cercano al narco y a la delincuencia organizada podría presentarse a juez y hacer una campaña electoral económicamente solvente que le garantizara el triunfo en las urnas. O quien asegura que el poder político no financie las campañas de jueces cercanos.
Con esta reforma judicial se da por terminada la carrera judicial y peligran los empleos de los más de 1.700 jueces y magistrados del país así como los 55.000 empleados del Poder Judicial.
Los trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación se pusieron en huelga indefinida el pasado 21 de agosto. Este martes se declararon en paro los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el equivalente al Tribunal Constitucional en España. Y se suman las advertencias de Estados Unidos. “Si no se hace bien, puede traer muchísimo daño en la relación”, volvió a recordar el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Las relaciones entre Estados Unidos y México están actualmente en pausa por las criticas de Washington a la reforma de AMLO.
Sin embargo, la medida cuenta con el respaldo de las urnas que el pasado 2 de junio decidieron dar su confianza a Claudia Sheinbaum, que arrasó con el 60% de los votos.
Las primeras elecciones para jueces, una vez se ponga en marcha la reforma, están previstas para junio del 2025. El próximo año se renovará al 50% de la plantilla judicial y al 50% restante en 2027.
Además de la elección popular, la nueva ley introduce la figura de los jueces sin rostro para proteger la identidad de los jueces en juicios contra delitos de narcotráfico, principalmente. Una medida muy criticada por las organizaciones de derechos humanos porque vulnera los principios de un tribunal independiente e imparcial.
A partir de esta aprobación, sigue un breve trámite parlamentario que llevará la reforma a ser debatida y votada en el Senado. En esta cámara, Morena y sus aliados necesitan de un solo voto para tener una mayoría absoluta. La semana pasada, dos senadores de la oposición (que ganaron sus escaños en las pasadas elecciones del 2 de junio) se pasaron a la bancada morenista en un estrepitoso episodio de transfuguismo. Al ser una reforma constitucional, se mandará también a los congresos de los Estados para su aprobación por mayoría simple. No se prevé que en lo que resta de trámite haya mayor oposición.