Autoridades despliegan 23 allanamientos por caso Coopeservidores
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía llevan a cabo este miércoles 23 allanamientos en San José, Alajuela y Heredia con el objetivo de detener a 11 personas en relación con el cierre de Coopeservidores y recabar evidencia para incluir al expediente de la investigación.
Según un reporte de fuentes judiciales consultadas por La Nación, los operativos se realizaron en viviendas ubicadas en las provincias anteriormente mencionadas.
Pese a que las autoridades aún no brindan detalles sobre si se detuvo a personas vinculadas con la investigación, se conoció que las diligencias se encuentran en desarrollo en las viviendas de los imputados, Óscar Hidalgo Chaves, exgerente general de la entidad, y otros de apellidos Lozano Galindo, Chinchilla Villalta, Mora Sánchez, Torres González, Bejarano Barquero, Mora Arias, Quesada Muñoz, Corredera Ramos y Gutiérrez Mora.
Los operativos también se ejecutan en la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (COOPEFENIX R. L.), Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.) y R G M. Servicio de Limpieza.
Para este miércoles, los afectados por el cierre de Coopeservidores tenían planeado realizar una marcha en protesta por la supuesta inacción judicial en el caso. Sin embargo, tras los allanamientos, se desconoce si dicha manifestación se llevará a cabo.
El caso
El pasado 13 de mayo, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprobó la intervención de la entidad debido a un manejo irregular y riesgoso por parte de su alta administración.
A partir del 3 de julio, Coopeservidores inició el cierre de sus sucursales. Como resultado de la intervención, se suspendió a los miembros del Consejo de Administración y se despidió sin responsabilidad patronal a Óscar Hidalgo Chaves, quien laboraba como gerente general de la entidad desde 2006.
El 28 de mayo, el Ministerio Público allanó la institución tras una denuncia presentada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Posteriormente, se entregó el Informe de Interventoría de Coopeservidores, lo que llevó al Conassif a declarar la cooperativa como una entidad inviable. Esto dio inicio a un proceso de resolución que resultó en el cierre definitivo de la cooperativa.
El 21 de junio, Laura Suárez, presidenta del Conassif, anunció en una conferencia de prensa que Coopeservidores, con 131.000 clientes, no cumplía con los objetivos de solvencia y no se esperaba que pudiera cumplirlos en el futuro próximo por el deterioro continuo de su cartera crediticia.
Se determinó que la entidad necesitaba una inyección de capital muy significativa para continuar sus operaciones, pero el informe concluyó que esta capitalización no era factible.
El proceso de resolución busca minimizar el impacto negativo sobre la estabilidad del sistema financiero, proteger a los depositantes y evitar el uso de fondos públicos para rescatar la institución. Según la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito, Conassif tiene la potestad de ordenar la resolución de un intermediario financiero intervenido tras analizar un informe razonado y la propuesta del interventor.
En este caso, se nombró a Marco Hernández Ávila como interventor y a Sirleny Chacón Vargas como Administradora de Resolución.
La estrategia de resolución recomendada por Hernández consistió en dividir la cooperativa en dos partes: un “banco bueno”, que incluye activos y pasivos de calidad que se transferirán a una entidad financiera solvente, y un “banco malo”, que gestionará los activos de mala calidad a través de un fideicomiso con el objetivo de venderlos en un plazo máximo de un año.
El “banco bueno” abarca el 80% de los activos y pasivos de la cooperativa, mientras que el “banco malo” se encarga del 20% restante.
Al cierre de 2023, el patrimonio de Coopeservidores, que originalmente ascendía a ¢104.000 millones, se utilizó en gran medida para cubrir los créditos incobrables, quedando solo ¢41.800 millones, que se emplearán para respaldar los préstamos del “banco bueno”.
En ese momento, se comunicó que se esperaba que la mayoría de los depositantes, 162.000 personas, recuperaran sus ahorros de hasta ¢6 millones gracias al fondo de garantía de depósitos, aunque aquellos con montos superiores debían esperar a la liquidación de los activos malos.
Este proceso de resolución ocasionó que, a mayo, Coopeservidores registrara una pérdida de ¢30.586 millones. Rocío Aguilar, jerarca de la Sugef, destacó que esta es la primera vez que se aplica la legislación sobre resolución de entidades financieras en Costa Rica, lo que permite garantizar la cobertura para el 97% de los depositantes.
En junio, Marco Hernández confirmó que la Sugef amplió la denuncia ante el Ministerio Público contra la alta gerencia de Coopeservidores y los miembros del Consejo de Administración.
El 31 de julio, se informó que el Banco Popular (BP) absorbería ¢411.000 millones en activos de Coopeservidores, lo que representa el 64,4% de todos los activos de la cooperativa y el 80,5% del llamado “banco bueno”, donde se encuentran los créditos de mayor calidad.
Gracias a esta absorción, se garantizó que todos los ahorrantes con depósitos de hasta ¢6 millones recuperen su dinero. Casi un mes después, el BP informó que un grupo de 16.690 deudores de Coopeservidores experimentó un aumento en la cuota mensual de sus créditos respecto a lo que pagaban en la cooperativa, tras el proceso de absorción de la cartera crediticia.
Colaboró el corresponsal Reiner Montero.
Coopeservidores: Banco Popular confirma aumentos en cuotas de 16.690 créditos