PNP propone que penal de Barbadillo, que recluye a expresidentes, sea exclusiva para policías
El Establecimiento Penitenciario Barbadillo, en Ate, es conocido mundialmente como la cárcel de los expresidentes peruanos, pues no existe otro lugar así en la región. Sin embargo, la PNP tiene otros planes para este lugar, de acuerdo con un informe reservado, que develó el programa dominical "Punto final".
El penal de Barbadillo se encuentra dentro de las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, la Diroes. Hasta diciembre del año pasado, albergó a famosos presidentes como Alberto Fujimori, y hasta ahora lo siguen habitando sus pares Alejandro Toledo y Pedro Castillo, en cumplimiento de sus prisiones preventivas.
No obstante, de confirmarse lo que dice un informe de la Policía, el penal de Barbadillo, de ser exclusivo para expresidentes, se convertirá en el corto plazo en el centro penitenciario policial para aquellos agentes procesados o sentenciados por cometer delitos en el ámbito de su función.
El documento de 17 páginas fue elaborado a pedido de sus superiores por el comandante PNP Luis Alberto Castellares Matamoros, de la División de Seguridad y Penales, el 29 de marzo.
“La seguridad del policía es muy importante, pero el penal tiene que ser manejado por el INPE. El INPE no puede renunciar a eso”, indicó Leonardo Caparrós, exjefe del INPE.
“Me parece que, así como el ejército tiene un penal donde hay militares que han sido condenados por cierto tipo de delitos, me parece adecuado que la policía también tuviera lo mismo”, sostuvo Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular.
No obstante, el informe también se pone ante un escenario adverso para la institución en que decenas de policías sean recluidos en penales por la violenta represión en las protestas al inicio del Gobierno de Dina Boluarte, que dejó al menos 44 fallecidos y 116 heridos.
758 policías se encuentran reclusos en los penales del Perú
A julio del 2023, la población penitenciaria a nivel nacional era de 93.147 internos. Esto representa una sobrepoblación de 52.128 internos, considerando que los penales solo tienen un aforo para 41.019 personas.
De todos ellos, 758 son policías, 367 están recluidos como procesados, mientras que 391 cuentan con sentencia.
En Lima, 70 policías presos se encuentran en el penal de Lurigancho. Otros 46 están en Castro Castro.
¿Cuáles son los delitos por los que los policías fueron encarcelados?
Del total de policías presos han cometido delitos comunes, estos son:
- 159 están en la cárcel por el delito de cohecho pasivo propio.
- 66 por robo agravado.
- 53 por promocionar o favorecer el tráfico ilícito de drogas
- 36 por violación sexual a menores; entre otros delitos.
Sin embargo, solo 6 están por delitos contra la humanidad, como lo es la tortura o la desaparición forzada. Uno de ellos está en el penal de Castro Castro, otro en el penal de Chincha y 4 en el centro penitenciario de Piura. Estos 6, por ejemplo, son candidatos para ir al penal exclusivo para policías.
Exjefe del INPE aprueba penal policial en Barbadillo, pero que siga bajo la administración de INPE
El exjefe del INPE Leonardo Caparrós ve viable que se establezca ese penal policial en Barbadillo, pero tiene hace una acotación.
“Lo importante aquí es que no pase lo que está pasando un poco con el penal Virgen de las Mercedes, que es el penal vía convenio con las Fuerzas Armadas, donde el INPE casi no tiene manejo. Entonces, lo importante es que este penal, mantenga el manejo del INPE”.
El penal Virgen de las Mercedes se encuentra en Chorrillos, al costado de la Escuela Militar y dentro del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. Allí están los militares que fueron sentenciados en la época del conflicto armado. Allí están recluidos 23 de ellos, pero tiene una capacidad para 48.
Allí, estuvo, un tiempo, por ejemplo, Antauro Humala, y fue removido de allí por razones de inconducta. En la actualidad, uno de sus internos es exministro del Interior y exgeneral del Ejército, Daniel Urresti.
“El hecho de que un penal manejado por el INPE esté dentro de una instalación más grande manejada por otra institución que tiene un interés legítimo, además con sus promociones y sus colegas, yo creo que genera un conflicto de intereses a la hora de pensar donde voy a poner un penal”, sostuvo Caparrós.
A diferencia de la policía, el Ejército sí cuenta con un convenio firmado con el INPE que hace posible que el Virgen de las Mercedes sea un penal.
En el informe hecho por el comandante de la policía Luis Alberto Castellares, que, por cierto, tiene a su sobrino, el coronel PNP en retiro Raúl Manyari Castellares preso desde septiembre del año pasado por el delito de Desaparición Forzada, adjunta un proyecto de convenio entre el Ministerio del Interior y el INPE para que se viabilice el penal policial.
Este informe, si bien fue elaborado por el comandante Manyari Castellares, la cadena de mando fue la siguiente: "El 18 de marzo, el general PNP Luis Alberto Olivero Chumpitaz, director de la Dirección de Seguridad Integral, le pide al coronel PNP Luis Angel Santos Villar, de la División de Seguridad y Penales, un informe técnico para implementar el centro penitenciario policial".
El 1 de abril, el coronel Santos Villar le remite el informe técnico al general PNP Olivero.
"Punto final" buscó al general Olivero y esto respondió por WhatsApp: “Es una propuesta que se encuentra en estudio de su aprobación por los órganos de asesoramiento legal tanto de la PNP y el Mininter. De ser el caso viable, el siguiente paso sería un convenio interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia-INPE”.
“Aclaro que esto no beneficia a personal PNP que cometa delitos fuera de la función. Policial como sería Corrupción, cohecho, homicidio, robo, secuestro, entre otros”, agregó. Desde el INPE, indicaron que no están al tanto de esta propuesta.
“Yo supongo, espero, que el INPE acepte ese acuerdo porque si el INPE ya aceptó el acuerdo para el penal Virgen de la Merced que yo he visitado también en Chorrillos, también podría ocurrir eso con el penal. Me parece justo”, sostuvo Fernando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular.
“A mí lo que me preocupa es el gasto corriente. Y esa es la razón por la que lo termina manejando otra institución. A nivel de infraestructura no debe ser muy caro acondicionarlo, está acondicionado varias veces. Lo que sí es que cada penal sí debe tener un director, un subdirector, Fujimori, tenía como 20 personas trabajando en el penal donde estaba”, sotuvo Caparrós.
“Ese es el gasto corriente lo que me preocupa. Porque luego termina pasando es que la Policía se haga a cargo de esto, la Policía a cargo de aquello y termina yendo el director una vez al año y ya. Se distorsiona lo que estábamos conversando hace un rato”, agregó.
Este informe, con el proyecto de convenio para que se firme con el INPE, ya está, desde el 19 de julio, en manos del jefe de gabinete de asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, que es Walter Zegarra.
Según este oficio enviado por el mismo comandante general Víctor Zanabria. Ahora está en manos del terreno político, es decir, el Gobierno de Boluarte, que decidirá si la Policía tendrá un penal exclusivo para ellos.