Lourdes Arrieta filtró los proyectos para liberar a los militares condenados por lesa humanidad: cómo pensaban hacerlo

Tras la difusión de los chats en donde se organizó la visita al penal de Ezeiza, la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lourdes Arrieta filtró los proyectos que se estaban trabajando dentro del bloque para beneficiar a militares condenados por genocidio durante la última dictadura militar en Argentina, entre 1976 y 1983. Esta filtración incluye proyectos de ley y un decreto presidencial para favorecer la liberación de represores condenados por delitos de lesa humanidad. 

Arrieta, que fue protagonista de una feroz pelea dentro del bloque de LLA la semana pasada, difundió en sus redes sociales los chats en el grupo administrado por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un militar condenado por delitos de lesa humanidad, en donde entraron en contacto diputados del oficialismo con abogados vinculados a los militares, quienes les presentaron iniciativas para favorecer la libertad de los militares condenados, a quienes consideran "presos políticos". 

Luego, la diputada mendocina fue más allá y difundió públicamente el contenido de esos proyectos. Arrieta remarcó que el presidente Javier Milei no estaba al tanto de estas visitas, sugiriendo que quien podría estar detrás es la vicepresidente Victoria Villarruel, conocida por su militancia a favor de la "memoria completa" y enfrentada duramente con la Casa Rosada. 

Proyecto de Ley "Plazo Razonable": Un intento de liberar genocidas

El primer proyecto revelado por Arrieta lleva el nombre de "Plazo Razonable" y propone una reforma al Código Penal. Esta iniciativa busca incorporar un nuevo inciso, el 8 del artículo 59, que permitiría la liberación de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad si, transcurridos veinte años desde la comisión del delito, no se ha dictado una sentencia judicial firme.

El proyecto argumenta que el plazo de 20 años supera los tiempos previstos por la jurisprudencia nacional e internacional, así como los plazos de prescripción de la acción penal para delitos que merecen prisión perpetua, establecidos en el artículo 62 del Código Penal. La propuesta justifica esta modificación señalando que ayudaría a descongestionar las agendas de los Tribunales Orales Federales, responsables de juzgar tanto crímenes de lesa humanidad como otros delitos graves, como la corrupción y el narcotráfico.

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— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 26, 2024

El decreto presidencial: Extinción de la acción penal

Junto al proyecto de ley, Arrieta también expuso una propuesta de decreto presidencial para que lo firme Javier Milei. El mismo establece un plazo máximo de 25 años para la duración de un proceso penal, incluyendo aquellos relacionados con delitos de lesa humanidad, lo que chocaría de frente con la imprescriptibilidad de los mismos. 

Según el decreto, si no se ha alcanzado una sentencia firme en ese plazo, la acción penal se extinguiría por "insubsistencia". El texto argumenta que, independientemente del criterio que cada tribunal determine respecto a la duración de los procesos, es necesario establecer un límite temporal definitivo. También se estipula que este plazo se computará desde la fecha de comisión del delito o desde la mayoría de edad de la víctima, en casos de menores de edad, y que se suspenderá en caso de que la democracia en el país sea interrumpida.

¿Milei estaba al tanto?

Arrieta ha sido enfática en aclarar que estos proyectos no forman parte de la agenda oficial del presidente Milei, insistiendo en que "nada tienen que ver con los ideales de la libertad" que supuestamente promueve su partido. Tras la filtración, la diputada señaló que no permitirá que se manipulen las leyes a espaldas del presidente.