Podemos reclama al Gobierno que regularice a un millón de inmigrantes

El portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Pablo Fernández , afirmó este lunes que España «lo que necesita es regularizar al menos a un millón de personas que están en situación irregular», e instó al Gobierno a hacerlo por su cuenta, en caso de no salir adelante la iniciativa que se encuentra en tramitación en las Cortes. Durante una rueda de prensa, Pablo Fernández pidió al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios aprobar «de una vez por todas» la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de personas migrantes que actualmente se está tramitando en el Congreso. Fernández arremetió contra el pacto europeo de migración y asilo «aprobado por el Partido Popular y por el Partido Socialista Europeo», así como contra algunos aspectos de la Ley de Extranjería actualmente en vigor. «Son normativas que criminalizan a las personas migrantes y que tratan a la migración como si fuese un problema de seguridad ciudadana o de orden público y no como lo que realmente es, que es política humanitaria basada en el respeto a los derechos humanos y a las personas migrantes», subrayó. Para el portavoz de Podemos, «este país lo que necesita es regularizar al menos a un millón de personas que están en situación irregular», ya que España «necesita y precisa más trabajadores y trabajadoras con derechos y menos racistas miserables como Alvise como Albiol como Vox o como tantos racistas y xenófobos que estos días van esparciendo sus discursos de odio y sus bulos». Por ello, instó al Gobierno a actuar «contra los discursos de odio y contra los continuos bulos promovidos día sí y día también por la ultraderecha». Volviendo a la ILP, de la que recordó que «está firmada por más de 700.000 personas», Fernández reclamó al Ejecutivo que, si no se acaba aprobando en las Cortes, sea el propio Gobierno, el que haga uso de su «prerrogativa de dar la nacionalidad mediante carta de naturaleza a todas esas personas migrantes». En la misma línea, recalcó la urgencia de reconocer «a estas personas en situación irregular que viven y que trabajan ya en nuestro país», al ser «una medida de justicia social y de respeto a los derechos humanos que nos dignificaría como país».