Montero asegura que el pacto con ERC no es un concierto fiscal e insiste en que beneficiará "al resto de territorios"

“Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del sistema de financiación. Y cualquiera que diga otra cosa, miente”. Así ha intentado zanjar la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la polémica sobre el acuerdo alcanzado entre los socialistas y ERC para la investidura de Salvador Illa que implica que la Generalitat recaude el cien por cien de los impuestos mediante una Hacienda propia.

De visita al municipio gaditano de Rota, Montero ha respondido a las preguntas de la prensa ante la falta de información sobre el contenido de ese pacto con un mensaje de tranquilidad. “Trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad porque va a ser bueno para el conjunto del estado y va a ser muy bueno para Andalucía. No va a suponer ningún agravio para el resto de territorios”, ha asegurado. Y ha acusado al PP de no tener ninguna propuesta para abordar la reforma pendiente del sistema de financiación.

En el documento del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC apenas si se esbozan las líneas maestras de una declaración de intenciones que, no obstante, supone ya un compromiso político entre los socialistas y los republicanos sobre una demanda histórica del independentismo que tanto el departamento de María Jesús Montero como el Gobierno en su conjunto habían rechazado de manera explícita y reiterada. 

En el apartado ‘B’ del segundo punto de ese acuerdo, justo el que hace referencia a una financiación “singular” de Catalunya, se plantea abiertamente que el nuevo modelo ha de estar basado en “la negociación bilateral con el Estado”. Es decir, al margen de los foros de negociación multilateral con el resto de territorios. A continuación, el texto firmado por ambos partidos incluye dos enunciados.

El primero, del que hace bandera Esquerra, no deja lugar a la interpretación: “Que sea la Generalitat la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya (...), que corresponden a la Agencia Tributaria de Catalunya, salvo los de naturaleza local”. El segundo, en el que pone toda la atención el Gobierno de Sánchez: “La aportación catalana a las finanzas del Estado integra la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Catalunya y la aportación a la solidaridad”. 

Ni sobre el desarrollo de la Agencia Tributaria de Catalunya y sus competencias ni sobre los mecanismos de solidaridad hay, por el momento, ningún detalle más. Aunque todas las fuentes consultadas coinciden en la complejidad del desarrollo práctico de ese acuerdo político, nadie en el PSOE ni en el Gobierno se atreven a plantear abiertamente la posibilidad de no cumplirlo, algo que en cualquier caso podría acabar por achacarse a la falta de una mayoría parlamentaria que respalde la reforma.