Casi 200 sanciones a los pisos turísticos en Castilla y León en cinco años: la mayoría son por no tener permiso

Desde enero a junio de 2024, se han incoado 13 expedientes sancionadores en Viviencias de Uso Turístico (VUT), la mayoría de ellos por publicitar la vivienda sin haber tenido la declaración pertinente. Este tipo de infracciones están calificadas como 'graves', pero en todos los casos han sido sancionados con la cantidad mínima: 901 euros. El máximo es de 9.000 euros.

Además, muchos de estas sanciones se han reducido por la subsanación de la anomalía o por pronto pago. De esta manera, hasta junio la sanción se ha reducido en todos los casos o está en trámite. Las multas han pasado de 901 euros a 540,6 o incluso a 60 euros. Solo 33 de las sanciones han sido mantenidas, más de la mitad (144) se han reducido incluso a 50 euros.

La Consejería de Cultura, que prepara una nueva norma para regular los pisos turísticos, ha facilitado a este diario los datos de las sanciones en los últimos cinco años, en los que se han incoado 185 expedientes sancionadores para viviendas y apartamentos turísticos. El 72% de todas las sanciones eran por publicitar o alquilar la VUT o el apartamento sin haber presentado la declaración de uso turístico o por difundir a través de internet información “que pueda inducir a error” sobre los elementos esenciales o los precios del alojamiento turístico.

La Junta de Castilla y León reguló las Viviendas de Uso Turístico en 2017 (con un gobierno del PP, antes de la llegada de Mañueco) a través de un decreto en el que pide que la vivienda tenga cédula de habitabilidad y un número mínimo de dependencias, con unas condiciones mínimas de dimensiones, ventilación y muebles; salvo en casos excepcionales que también contempla la norma. Para ello es suficiente una declaración responsable, pero el decreto no limita de ninguna manera los barrios o edificios en los que pueden instalarse estas viviendas de uso turístico.

Un juez anuló una sanción de 2.000 euros en Segovia

En su etapa de alcaldesa, la socialista Clara Martín asegura que aprovechó la pandemia para buscar con acuerdo con hosteleros y el gobierno autonómico para localizar los apartamentos sin licencia. “La Junta puso 13 expedientes sancionadores con hasta 3.000 euros por no tener licencia. La mayor parte de los propietarios pagaron la multa y dejaron de ejercer, pero hubo uno que recurrió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y este le dio la razón”, recuerda Martín. El propietario había sido sancionado con 2.000 euros por no comunicar la actividad de este piso turístico.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, retiró la sanción porque el Ayuntamiento de Segovia porque aseguró que no se podía demostrar que se hubiera alquilado durante más de un mes (tiempo mínimo para que se considere un alquiler turístico habitual) a pesar de que había varios comentarios de clientes y que no se identificaba las fechas de inicio y finalización de las estancias en la vivienda, ni cuántas personas pernoctaron cada vez que se cedió. “Cada opinión no necesariamente supone una cesión a una única persona, siendo práctica habitual que el apartamento sea ocupada por varias personas”, señaló el juez, a pesar de que normalmente los portales solo permiten el comentario de la persona que ha gestionado esa reserva y, por lo tanto, es un cliente verificado.

“No puede admitirse que se cumpla ni por el número de visitantes que dan su opinión, ni por que pueda atribuirse la cesión de la vivienda a un momento determinado, de tal manera que esta indeterminación en los hechos no puede perjudicar a la demandante, dado que en caso contrario, se mermaría sus derechos a la presunción de inocencia”, apuntó el magistrado.

“Esa sentencia no se podía recurrir y nos ató de pies y manos. La Junta de Castilla y León nos propuso firmar un convenio para que la Policía Local cubriera esas competencias y nosotros dijimos que no, porque eso suponía destinarlos a una competencia que no les correspondía”, protesta Clara Martín.

El PSOE de Salamanca exige endurecer las sanciones

El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Ávila, José Luis Mateos, exige endurecer las sanciones a los propietarios de pisos ilegales y que se consideren también infracciones urbanísticas, para que las multas sean más altas. “Eso se podría hacer con la norma actual, que solo permite las viviendas de uso turístico en bajos comerciales habilitados y primeras plantas porque se considera que las VUT son de uso terciario, como recoge nuestro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”, explica a este diario.

El portavoz del Grupo Socialista en el consistorio charro recuerda que en julio recabaron los datos públicos de pisos que deberían ser clausurados por no cumplir con el PGOU: más de 250 no podrían ejercer la actividad en Salamanca, de acuerdo con su PGOU. “Cribamos ese listado y se lo dimos, no pueden mirar para otro lado, pero de momento no se ha actuado de oficio. No nos ha contestado el Ayuntamiento ni siquiera al escrito”, reprocha el líder de la oposición.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, José Fernando Carabias, asegura que hay bastante “desinformación” y que hay algunos propietarios que desconocen que es necesaria también una licencia municipal y no solo basta con registrarse ante la Junta de Castilla y León. Por este motivo han empezado a contactar a los propietarios que constan en la base de datos autonómica.

“Desde enero, la Junta no registra todas las declaraciones, sino que preguntan primero al Ayuntamiento y eso ha impedido que se registren algunos. Hemos escrito a los que ya estaban registrados que tienen que regularizar esta situación. Bastantes propietarios, que tenían una vivienda turística en un tercer o cuarto piso, van a volver al alquiler tradicional. Y otros deberán cumplir requisitos adicionales en materia de suministros, iluminación, accesibilidad o ventilación”, apostilla Carabias.

El Ayuntamiento de Salamanca, en manos del PP, está trabajando en una nueva ordenanza, que para los socialistas tiene “unas novedades mínimas”. Entre las alegaciones que el PSOE prevé enviar se encuentra establecer unos parámetros de máximos por zonas o que los dueños paguen un impuesto o tasa “acorde a la actividad que se desarrolla”, puesto que el Impuesto de Bienes Inmuebles, por ejemplo, es el mismo para un residente que para un propietario de VUT.

Para los socialistas, la Policía Local también debe inspeccionar estas actividades ahora mismo y no solo en el futuro. “Si la Policía Local tiene constancia de que se ejerce la actividad sin permiso, puede cursar un expediente para comprobar si se ejerce la actividad y si contraviene las normas o no. En algunos casos, muy pocos, se produce una actuación de la Policía Local, y es normalmente después de que se quejen los vecinos por el ruido”, explica José Luis Mateos.