Golpe al Estado

Nuestro sistema político y la democracia mexicana están a unos días de sufrir un gran retroceso en materia constitucional y de derechos. La consigna lanzada por el presidente de la República y avalada por su sucesora ordena a un Poder Legislativo, dominado por ellos y su partido, dar un terrible golpe al Poder Judicial, mas con ello están modificando la democracia constitucional.

En las horas bajas que vive nuestra democracia bien haríamos en recordar que la acumulación de las acciones de la partidocracia, en el ejercicio gubernamental de los últimos años, es el motivo central del triunfo del populismo desde 2018. Fue justo su cartelización, es decir, el desdibujamiento ideológico entre ellos (los partidos tradicionales), su corrupción en los cargos del poder en los tres niveles de gobierno, el alejamiento de las causas que decían representar de diversos grupos sociales y la no representación de los intereses de esos grupos, así como el alejamiento de sus propias bases militantes, la homogeneización de “sus programas” en el ejercicio del poder, y la complicidad e impunidad manifiesta frente a sus actos de corrupción, entre otros factores, lo que llevó al hartazgo de la gente para comenzar a escuchar “el canto de las sirenas” del populismo de López Obrador.

Pero, además, después de perder el poder y conocer el tamaño electoral del rechazo social, la partidocracia siguió no solo como si nada hubiera pasado, sino que, cerrando filas, las cúpulas de esos partidos se apropiaron de ellos, para seguir disfrutando de las prerrogativas y de los escasos puestos de representación proporcional en el Congreso. Llegado el momento político electoral del 2024 continuaron con la misma dinámica que traían, y después del segundo batacazo vuelven a repetir sus nefastas prácticas, para, sin pudor alguno, seguir destartalando los restos de esas viejas maquinarias políticas. La codicia, el cinismo, la arbitrariedad, el rompimiento de tradiciones y normas, la corrupción y el valemadrismo de lo que digan no solo la sociedad sino incluso los escasos militantes que aún tienen, con tal de seguir solo por el interés personal de una camarilla con las migajas que el poder les da para mantenerse como “oposición leal”, es en lo que están terminado los partidos históricos del México posrevolucionario.

Han pasado ya seis años del triunfo del populismo y nunca la partidocracia hizo una autocrítica de su paso por el poder, ni de su actuar partidario, y por tanto, nada se espera hoy. Así lo confirman los hechos de la reelección de cúpula del PRI, y en el caso del PAN, ese club privado donde la membresía para ser militante (que son los que votan) y que habrá de participar en la renovación de sus dirigentes, es más selectiva que el club social más exclusivo de México, habrá de repetirse en función del control justo de ese padrón por los mismos que hoy tienen a ese partido. El PRD ahora enfrenta la liquidación ante el INE. Los cascarones vacíos que son hoy en conjunto lo que resta de la partidocracia habrá además de tener escisiones, que ya algunos se preparan para nuevas aventuras de construcción partidaria el próximo año, así como de algunos de los liderazgos de “la marea rosa”. Una pulverización de esa fuerza opositora se vislumbra en el corto plazo. Así que frente a esta realidad no podemos esperar que ellos sean los defensores de la Constitución y de la democracia en nuestro país, nada los avala para ello en estos tiempos.

Es cierto que el movimiento populista enfrenta también el reto de poder cuajar como partido político (Morena) sin el liderazgo abierto de López Obrador, y de que más allá de los programas sociales, el próximo gobierno enfrenta los negros saldos de casi los 200 mil asesinatos por el clima de inseguridad, violencia y permisividad que el obradorato le dio al crimen organizado (“abrazos y no balazos”), amén de un sistema de salud destrozado, la crisis del sistema educativo nacional, una economía estancada (en promedi,o el crecimiento económico sexenal será del 0.8 por ciento del PIB); además, ahora con una inflación alta en parte también presionada por el pago del llamado “derecho de piso” que productores y comerciantes hacen y que eleva el precio del producto o servicio final al consumidor, finanzas públicas demasiado frágiles porque pues si no hay crecimiento de la economía, los factores de la producción no pagan impuestos, además del alto costo de la deuda pública que se tiene que estar pagando puntualmente. Pero tienen mayoría en el Congreso y obedecen solo una orden, la de López Obrador para seguir con la destrucción de la democracia y del Estado mexicano.

Ahora hecho público el dictamen para la reforma del poder judicial, es claro el ataque directo a un poder del Estado como es el judicial, y con su método propuesto de elección de sus ministros, magistrados y jueces es no solo destruir las carreras profesionales, sino además pisotear el mérito, para optar por la politiquería y el aplauso popular aparentemente, cuando bien se sabe que será el dedo presidencial y el uso de recursos públicos los que estarán definiendo los nuevos nombramientos, como recién fuimos testigos en el pasado proceso electoral. El golpe al poder judicial por una mayoría morenista y una ausente oposición partidaria con su silencio cómplice, no solo atenta contra el equilibrio y separación de poderes sino que discurre en la amenaza de tergiversar la justicia con la pantomima de la “elección popular” de los jueces y magistrados como si de popularidad se tratara la interpretación de la Constitución y la impartición de justicia. No niego que una reforma que haga de la impartición de justicia un acto más transparente y rápido es urgente, pero no la búsqueda de un control de un poder del Estado por una sola persona, que además es el presidente de la República, así no solo estaría dándose un golpe al Estado Constitucional de Derecho sino a la democracia misma para entrar en un régimen autocrático. Es por esto y muchas cosas más que debemos de ser conscientes del “legado” que la partidocracia dejó y que hizo posible el triunfo populista, la construcción de un régimen autocrático comienza a tomar carta de naturalización con el golpe al poder judicial, que es a la vez un golpe al Estado constitucional y el triunfo de los enemigos de la democracia constitucional.