Congreso: Eduardo Salhuana desacata orden de Corte IDH y dispone publicar ley de impunidad
Tras el silencio de Dina Boluarte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dispuso esta tarde la promulgación de la ley de impunidad para los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años ochenta y noventa. La decisión es adoptada en abierto desacato a una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta situación había sido analizada previamente esta mañana por la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, quien consideró que el desacato ubica al Perú al lado de Venezuela y Nicaragua.
En una charla virtual con periodistas peruanos, la especialista en derechos humanos explicó que el Perú ya incurrió en un primer desacato a la Corte IDH, cuando otorgó el indulto al sentenciado por los crímenes de Cantuta y Barrios Altos y por actos de corrupción Alberto Fujimori.
“El estado peruano ha mostrado desobediencia, en general, frente a estas órdenes del sistema interamericano. Ya lo había hecho cuando se ordenó liberar en diciembre del año pasado a (Alberto) Fujimori, a pesar de que el sistema interamericano le había ordenado no hacerlo, por ser contrario a las obligaciones que tiene el estado de Perú”, recordó.
Ahora asistimos a un segundo desacato, toda vez que la Corte IDH había dictado una medida provisional para que el estado peruano se abstenga de darle trámite al proyecto de ley del fujimorista Fernando Rospigliosi, para declarar la prescripción de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los años ochenta y noventa, durante el conflicto armado interno.
En lugar de atender este requerimiento de la Corte IDH, el estado peruano, a través del Congreso, ha dado seguimiento a la iniciativa legislativa y lo aprobó sin mayor reparo. El texto fue remitido a Palacio y Dina Boluarte evitó observarlo. Ahora Salhuana dio el paso siguiente para la la promulgación.
“(El gobierno de Boluarte) no está interesado en frenar esta arremetida del Congreso contra el sistema democrático y las instituciones. Muy por el contrario, no solo la tolera; en la práctica, está dispuesta a apoyar ese proceso”, comentó la representante de HRW.
“En la práctica, Perú queda en una posición al lado de Nicaragua y Venezuela, en términos de no reconocer decisiones del sistema interamericano”, cuestionó Juanita Goebertus, en la tercera sesión del Ciclo de Diálogos Políticos con Periodistas, que impulsa la Fundación Gustavo Mohme Llona, en alianza con la Red Micaelas.
Implicancias
La representante de HRW analizó las implicancias de la ley de impunidad y alertó que esta tendrá implicancias en los procesos judiciales que aún siguen en trámite. “(Esta ley) puede ser usada por jueces y fiscales para socavar investigaciones que están en curso sobre graves violaciones a derechos humanos cometidos durante el conflicto en el Perú”, explicó.
Pero algo más crítico, según dijo, es que con esta ley también se podría revisar procesos judiciales que ya se encuentran cerrados, incluyendo aquellos seguidos contra miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).
“Lo más grave es que abre la puerta para revisar condenas que ya están firmes tanto contra miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno, como miembros de Sendero Luminoso que ya fueron hallados responsables de crímenes de guerra”, explicó.
Juanita Goebertus subraya que la ley sobre los delitos de lesa humanidad se da en un contexto de sostenido ataque a las instituciones democráticas en el Perú, incluyendo a la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales.
Desde su punto de vista, en la actual coyuntura, una opción es que haya jueces peruanos que decidan no acatar la nueva ley de impunidad, pues pueden alegar que va en contra de la Constitución y el derecho internacional.