Prisión preventiva de Alejandro Toledo: impacto en el caso del expresidente tras decisión del Poder Judicial

Este jueves 8 de agosto, el Poder Judicial dictó 30 meses de prisión preventiva contra Alejandro Toledo por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos, en el caso del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur. El expresidente, quien ya cumple prisión preventiva por 18 meses, continuará recluido en el penal de Barbadillo.

Ante esta decisión del juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, La República contactó con el abogado Andy Carrión para conocer cuál sería el impacto y las consecuencias en el caso del expresidente Toledo tras la orden del Poder Judicial.

"Estamos ante un caso similar al del expresidente Pedro Castillo, quien también tiene hasta tres órdenes de prisión preventiva. Lo mismo está sucediendo ahora con Alejandro Toledo" expresó Carrión, quien explicó cuáles serían los motivos por el que el juez Víctor Zúñiga tomó la decisión de dictar una prisión preventiva por 30 meses.

"Lo que la Fiscalía ha sostenido para solicitar esta prisión preventiva, avalada ahora por el juez, es de que él no dispone de los arraigos necesarios para que sea sometido a la justicia peruana. La Fiscalía le recordó a él que, después de ser presidente en el Perú, no ha tenido un trabajo conocido en nuestro país. Su esposa está en Israel y no tiene familiares que puedan responder por él como dependientes, entonces todo ello aportaría hacia esta sentada prisión preventiva", expresó el abogado.

Otros de los indicios por los que esta decisión se tomó habría sido la gravedad de los delitos que le señalan a Toledo Manrique, según el abogado Carrión. Además, el largo proceso de extradición desde Estados Unidos demostró su poca proactividad para someterse a la justicia peruana. "El proceso de extradición también implicó maniobras jurídicas para que este no proceda, y es más, el solo establecimiento de un procedimiento de extradición implica un tratado coactivo por parte de la justicia norteamericana. Entonces todo este tipo de comportamientos hacen prever que no se someta a la justicia peruana en el transcurso de los procesos", puntualizó.

Con relación a esta nueva orden de prisión preventiva de 30 meses interpuesta paralelamente a otra solicitud de 18 meses que cumple en el penal de Barbadillo, para el letrado a este punto del caso hace que sea muy incierta la fecha en la que él podría salir del penal. "Debemos recordar que los casos que él está enfrentando al día de hoy se encuentran en etapa de juicio oral y él va a estar preso preventivamente durante 30 meses. Es muy probable de que, antes que se cumpla este plazo, ya se obtenga una sentencia eventualmente condenatoria en su contra y que pueda pasar ya los años en prisión que se le impongan", manifestó Andy Carrión.

Finalmente, el abogado aclaró si esta decisión del juez Víctor Zúñiga Urday podría afectar a los otros dos procesos judiciales que también afronta el expresidente Toledo: "La prisión preventiva se establece antes de la inscripción de la sentencia condenatoria. En los otros dos casos que aún tiene en juicio oral, es probable que se dé una sentencia condenatoria porque el caso, creo yo, es sólido. Ahora, si afecta a las demás casos, no necesariamente porque son de cumplimiento paralelo. Si a los otros casos le imponen una sentencia condenatoria, no significa que las demás prisiones preventivas se dejen sin defecto. Cada proceso sigue su prisión preventiva", señaló.