Los nuevos convenios solo establecen la jornada de 37,5 horas que promueve Yolanda Díaz para el 11% de los trabajadores

Las urgencias de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para instaurar por ley la jornada laboral semanal máxima de 37,5 horas a ser posible a partir del próximo 1 de enero no parecen ser compartidas ni por los empresarios ni tampoco por los sindicatos. Así se desprende al menos de la información que proporcionan los cerca de 400 convenios colectivos rubricados por los representantes de los trabajadores y de las empresas a lo largo de la primera mitad del año -ya con el acalorado debate en torno a la reducción legal de la jornada laboral encima de la mesa-, que solo han reconocido esa jornada semanal máxima al 11% de los trabajadores protegidos por acuerdos laborales de nuevo cuño. De hecho, casi dos terceras partes de los trabajadores en empresas o sectores cuyos convenios se han firmado este año (un 62%, por ser concreto) han acordado jornadas laborales superiores a las 38,5 horas , el punto de partida a partir del cual el Ministerio de Trabajo aspiraba a reducir la jornada máxima de trabajo que permita la ley. En caso de aprobarse bajo los parámetros que pretende el Ministerio de Trabajo, el nuevo marco legal reduciría el número máximo de horas semanales de trabajo que se permiten en España desde las 40 horas actuales a 38,5 a finales de este año y a 37,5 a partir de 2025. Las objeciones planteadas por la CEOE a este calendario tan apremiante han empezado sin embargo a suavizar la posición de Trabajo, que justo antes del parón de agosto ya mostraba su disposición a flexibilizar la implantación de las 37,5 horas semanales aunque solo un poco, «a lo largo de todo el año 2025». Según los datos difundidos ayer por la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo, que mensualmente publica el Ministerio de Trabajo, a pesar del decidido apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., a la iniciativa del Ministerio, cerca del 90% de los nuevos acuerdos laborales colectivos suscritos este año contemplan jornadas semanales de trabajo de más de 37,5 horas y casi dos de cada tres han sido firmados con jornadas por encima de las 38,5 horas. La información recopilada hasta el mes de julio, apenas el 10,93% de los cerca de un millón de trabajadores que han estrenado marco laboral empresarial o sectorial tendrán una jornada pactada de menos de 37,5 horas por semana. Un 27,4% han pactado una jornada de entre 37,5 y 38,5 horas por semana, que aún estaría dentro de los nuevos parámetros que intenta instaurar el Ministerio de Trabajo. Con todo, suponen una inmensa mayoría los trabajadores protegidos por nuevos convenios cuyos representantes han acordado una jornada laboral semanal que desborda los límites que pretende instaurar el Gobierno. El 62% de los trabajadores regulados por nuevos convenios tienen reguladas jornadas que superan las 38,5 horas semanales. Los datos proporcionados por la estadística subrayan uno de los principales problemas que aprecian los agentes sociales en la propuesta del Ministerio de Trabajo. Las premuras en el calendario de implantación de la medida obligaría a abrir alrededor de 5.000 mesas de negociación entre empresarios y sindicatos al efecto de adaptar los convenios colectivos al nuevo marco legal que pretende el equipo de Yolanda Díaz. Para hacerse una idea de lo que esto supondría, los datos proporcionados ayer por Trabajo atestiguan que en los primeros seis meses del año se firmaron 390 convenios colectivos, ni un 10% de todos los que habría que negociar. Incluso los sindicatos abrieron la puerta tras la última reunión con Trabajo para utilizar la negociación colectiva para modular la entrada en vigor de la medida. Una alternativa que el Ministerio de Trabajo que de momento parece rechazar. «Obviamente no vamos a diferir la negociación de la reducción de jornada hasta el año 2030», dijo el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey , tras la última reunión para tratar el asunto el pasado mes de julio. Como también contaba este periódico, la propuesta que hay ahora sobre la mesa que fija para el 1 de enero de 2025 la incorporación obligatoria de la reducción de jornada, obligaría a remover prácticamente las casi 5.000 mesas de negociación colectiva existentes en España, pudiendo generarse un embudo en las negociaciones que sería contraproducente para el objetivo efectivo de la medida. Tras dos años con subidas salariales excepcionales en los convenios colectivos como consecuencia de los efectos de la espiral inflacionista, las subidas salariales medias acordadas en los convenios colectivos volvieron a situarse al cierre del primer semestre del año por debajo de la barrera del 3%, concretamente en el 2,99%. Aún así, según la información proporcionada por la estadística del Ministerio de Trabajo, casi el 35% de los trabajadores amparados por convenios colectivos de nuevo cuño tendrán subidas salariales superiores al 3% y un 31% tendrán subidas de entre el 2,5% y el 3%. Por contra, solo el 3% de los trabajadores que han firmado un nuevo convenio este año han tenido una subida inferior al 1%. No obstante, el dato está sujeto a las revisiones salariales que se hubieran pactado en acuerdos anteriores para absorber el eventual impacto de la subida de la inflación.