La no detención de Puigdemont por los Mossos: «Ha habido una pasividad colaborativa. Eso es delito»
La no detención de Carles Puigdemont tras su fugaz reaparición ayer en Barcelona –con mitin incluido– puede tener consecuencias judiciales para quienes han obviado el cumplimiento de la orden judicial y los que hayan auxiliado al expresidente de la Generalitat a fugarse de nuevo. Las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN ven indicios de posible conductas delictivas. De momento, Vox ya se ha querellado por cuatro delitos –omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, desobediencia y denegación de auxilio a la autoridad judicial y prevaricación– contra el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena; el responsable del operativo policial y todos a aquellos que hayan auxiliado al líder independentista a sustraerse a la acción de la Justicia.
Una denuncia que se une a la querella que también ha presentado Hazte Oír –en su caso contra Pere Aragonès y contra el director general y el jefe de los Mossos, Pere Ferrer y Eduard Sallent, respectivamente– por omisión del deber de perseguir delitos. Y según fuentes de la asociación ultima ya otra querella contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Dos mossos ya han sido detenidos por encubrir supuestamente a Puigdemont en su huida, y ambos han planteado ante el juez de guardia de los Juzgados de Barcelona un «habeas corpus» al considerar su arresto ilegal.
Respecto a esa presumible inacción policial, las fuentes jurídicas consultadas muestran su sorpresa por el hecho de que el pasado miércoles se preparase «en un espacio público» el escenario donde iba a intervenir Puigdemont «bajo la supervisión de la Policía». Esas mismas fuentes califican de «esperpento» la «operación Jaula» puesta en marcha por los Mossos en las salidas de las autopistas de Barcelona «más de media hora después de que Puigdemont se pierda de vista y en la frontera más de una hora más tarde, es decir, con tiempo suficiente para no detenerlo».
«Como poco –añaden– se trata de una pasividad colaborativa, e incluso una prevaricación si se han dado órdenes en ese sentido. Ayudar a un fugado a que se siga fugando e incumplir órdenes judiciales de detención es delito. Ahora se trata de saber quiénes han ideado, acordado, ordenado y ejecutado el delito o delitos».
«Sorprendido y estupefacto». Así asegura encontrarse el magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente. «Una de las exigencias para no ser un Estado fallido –asegura– es que haya eficacia policial y judicial y hoy (por ayer) delante de toda la ciudadanía y del resto de países europeos hemos dado un paso atrás en esa dirección».
Portillo hace hincapié en relación a la orden de detención de Puigdemont que las resoluciones judiciales «están para obedecerse», algo «básico en un Estado de derecho». Y aunque asume que si el líder independentista «estaba en un acto público rodeado de cientos de personas razones de orden aconsejaban no llevar a cabo la detención en ese instante». Pero posteriormente, añade, «tan vigilado como estaba por las Fuerzas de Seguridad y siendo objetivo de decenas de cámaras de televisión y de teléfonos móviles, no se entiende que se haya escabullido sin más, dejando sin cumplirse una resolución judicial».
«Da la impresión –se queja el presidente de Foro Judicial Independiente– de que cuando hay intereses políticos sobre la mesa no existe tanto celo en aplicar la ley y procurar obediencia a los tribunales, creando agravios comparativos entre ciudadanos».
«Aparte de las responsabilidades políticas que corresponderá exigir a quien competa –afirma el magistrado– podríamos hablar de la comisión de delitos, como el de obstrucción a la Justicia, al menos». Aunque para Portillo antes es necesario «conocer todos los detalles» porque –recuerda– «hay muchos que son críticos con la decisión del Tribunal Supremo de entender que la Ley de Amnistía no se puede aplicar a esta malversación».
«Para esto que ha pasado no tenemos explicación alguna y mucho menos pública, falta transparencia frente a la sociedad», lamenta. «Esa es la diferencia entre el funcionamiento del poder judicial, guste más o menos, y el de otros poderes», concluye el magistrado.
Sin embargo, fuentes próximas al expresidente de la Generalitat niegan tanto la existencia de actuaciones delictivas como la existencia de un acuerdo con los Mossos por el cual se le permitía dar el mitin para a continuación ser detenido. «Cuando se han visto con el agua al cuello, han filtrado que había un acuerdo de entrega. No es cierto. No ha habido nada», insisten. Y señalan que el dispositivo de seguridad «estaba en el parque de la Ciudadela para que Puigdemont no entrara en el Parlament. A partir de ahí no había ningún control en torno al escenario».
[[H3:«Se la ha jugado y le ha salido bien»]]
Tras la intervención pública del líder independentista sobre el escenario, aseguran, los Mossos «no se dieron cuenta de que en la comitiva no iba Puigdemont hasta que han llegado a la puerta del Parlament». Sí iba entre ellos su abogado, con toda la documentación necesaria en la mochila para presentar el habeas corpus ante el juez de guardia si Puigdemont era finalmente detenido.
«Estaba muy sereno y muy tranquilo. Y contento de haber venido», apuntan respecto al estado de ánimo del expresident al regresar a Barcelona casi siete años después. «Valoró todos los escenarios y tomó la decisión que consideró oportuna. Se la ha jugado y le ha salido bien», apuntan.Orden nacional de detención en vigor
Aunque la Ley de Amnistía obliga a levantar cualquier medida cautelar de forma inmediata a los encausados beneficiados por la medida de gracia, la orden nacional de detención de Puigdemont sigue vigente porque el juez Llarena considera que la malversación agravada por la que está procesado Puigdemont no entra dentro del ámbito de aplicación de la norma. La ley excluye expresamente de su paraguas de impunidad este delito cuando se haya producido un enriquecimiento ilícito, que tanto Llarena como el tribunal del "procés" equiparan con el ánimo de lucro que ven inherente al desvío de fondos públicos para fines distintos a los establecidos legalmente. Además, el magistrado defiende que la financiación pública del desafío soberanista de 2017 afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, otra de las causas de exclusión de la aplicación de la Ley de Amnistía. Con esas premisas, Llarena se negó a retirar la orden nacional de detención -acordada en enero de 2023- que se preveía que llevase ayer al arresto del expresidente de la Generalitat en su regreso a España.
En la resolución en la que se negó a amnistiar al líder independentista, el magistrado del Tribunal Supremo defiende que la malversación se llevó a cabo "en beneficio personal" en la medida en que Puigdemont y los exconsellers fugados "endosaron sus gastos a la Administración Autonómica, sin que la iniciativa respondiera a la satisfacción de ningún interés público", la financiación del proceso independentista a espaldas del mandato del Tribunal Constitucional, que "había declarado nulas las previsiones presupuestarias sobre el referéndum".
Llarena -que sí ve amnistiable el delito de desobediencia, por el que también está procesado el líder de Junts tras la derogación del delito de sedición- considera que la actuación de Puigdemont "no solo era ilegal", sino completamente ajena "a sus responsabilidades de gobierno", al "cargar a los fondos públicos aportados por los contribuyentes el coste" del proceso en pos de la independencia.
Y respecto a su conclusión de que lo intereses financieros de la UE también se vieron afectados, el magistrado del alto tribunal exponía que "la sola realización del referéndum" prohibido por el Tribunal Constitucional "afectaba necesaria y automáticamente a la configuración de España y a la dimensión territorial de la Unión Europea", lo que de culminarse la separación de Cataluña del resto de España -incidía- tendría un "reflejo directo en los ingresos comprometidos por España en el presupuesto de la Unión, principalmente los vinculados a la recaudación de IVA y Renta Nacional Bruta".