Nuevas ayudas de la Junta para impulsar una gestión del patrimonio «profesional y perdurable en el tiempo»

Apoyar los proyectos de gestión del patrimonio que generan una actividad cultural «sostenible y perdurable en el tiempo» e impulsar la «profesionalización» de las entidades del sector en Castilla y León son dos de los objetivos de la nueva línea de ayudas en concurrencia competitiva puesta en marcha por la Consejería de Cultura y Turismo, que destinará para l a primera convocatoria 2,9 millones de euros , cuantía que podría duplicarse si el volumen de candidaturas que cumplen los requisitos es mayor. La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, presentó ayer esta iniciativa coincidiendo con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). El plazo para la presentación de solicitudes se abre este miércoles y se prolongará hasta el próximo 5 de septiembre. La dotación está destinada a los ejercicios de 2024 y 2025. La responsable de la Consejería de Cultura y Turismo recordó que «es responsabilidad de todos» que «el patrimonio sea todo lo que es y todo lo que pueda ser» y «no sólo de la Junta», por lo que «una de las claves» para que además de pasado y presente tenga futuro es la «corresponsabilidad» en su gestión, tal y como recoge la nueva Ley de Patrimonio ; es decir, «la participación de los ciudadanos en políticas que no sólo conserven el patrimonio, sino que generen empleo y desarrollo ». «Las políticas son más eficientes y perdurables si en ellas colaboran agentes activos, porque su cercanía al territorio las convierte en promotores de iniciativas de éxito», subrayó Mar Sancho, para quien la Junta demuestra así su «claro compromiso» para proveer de los medios económicos necesarios a los agentes más involucrados en estas tareas. Según detalló, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las entidades cuya actividad esté relacionada con la investigación, estudio, gestión, restauración o difusión del patrimonio cultural, ya sean asociaciones, fundaciones, agrupaciones de personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro. También comunidades de propietarios y comunidades de bienes, organismos públicos de investigación, universidades, pequeñas y medianas empresas y agrupaciones de empresas. En este sentido, el director general de Patrimonio, Juan Carlos Prieto, aclaró que en la resolución de la convocatoria primarán los proyectos que aborden «una mirada global del proceso», es decir, «de extremo a extremo», desde la investigación hasta la difusión y puesta en valor, pasando por la sostenibilidad o la intervención cuando sea precisa. «Antes existían distintas líneas, pero nos faltaba una visión integral. Castilla y León cuenta con extraordinarios técnicos, arqueólogos y arquitectos; también con empresas que son referencia nacional e internacional, pero nos faltaba un hilo de unión en todo el proceso», reflexionó, antes de insistir que contarán con «más puntos» en la valoración final las entidades que «abarquen todo el proceso», así como las propuestas que «atiendan todos los eslabones de la cadena de valor del patrimonio». Se trata de una política que, en su opinión, podría promover sinergias entre los actores del sector. Según detalla la convocatoria, serán objeto de estas subvenciones «cualquier bien inmueble del patrimonio cultural » que esté declarado BIC o incluido en el inventario de bienes, bienes arqueológicos inmuebles y bienes inmuebles catalogados por el planeamiento urbanístico por razón de su valor como patrimonio cultural o bienes inmuebles que tengan un valor reconocido como patrimonio cultural». Asimismo, recoge entre los «gastos subvencionables» los necesarios para la formulación del proyecto; adquisición de material; realización de actividades de restauración, conservación, recuperación, promoción y salvaguarda; formación para la especialización técnica, y organización y realización de encuentros. Aclara, además, que la cuantía de las ayudas para cada beneficiario no podrá ser superior al 80 por ciento del total de los gastos subvencionables para los que se solicita el apoyo, con un límite de 240.000 euros por beneficiario. «Nuestro patrimonio es mucho y es amplio», recordó antes de concluir Mar Sancho, motivo por el cual animó «a todas esas entidades vinculadas al territorio» a que «soliciten» estos apoyos. La viceconsejera señaló ser consciente de que al ser una primera convocatoria «costará un poco», pero destacó la importancia de que lo hagan para «abarcar un número importante de bienes patrimoniales».