Un hotel ilegal de Lanzarote sostiene que ya no hay “nada que proteger” en la zona de protección de la costa que ahora ocupa
La promotora del complejo Papagayo Arena pide a Costas que vuelva a establecer en 20 metros y no en 100 la anchura de la servidumbre de protección del litoral en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, por la “pérdida de aprovechamiento urbanístico” que genera el nuevo deslinde, aprobado a principios de julio
Costas sitúa en la zona de protección del litoral el hotel Papagayo Arena, un complejo turístico ilegal en Lanzarote
La promotora del hotel ilegal Papagayo Arena, en Lanzarote, ha solicitado a la Dirección General de la Costa y el Mar que anule el nuevo deslinde acordado en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, que afecta directamente al complejo turístico al quedar enclavado en su mayor parte en la zona de protección del litoral.
El pasado 8 de julio, Costas aumentó de 20 a 100 metros la anchura de la denominada servidumbre de protección de tránsito prevista en la Ley de Costas, la franja que debe quedar liberada para el paso público y la circulación de los vehículos de vigilancia y salvamento, en muchos puntos entre Piedra Vieja y Baja Cumplida, entre ellos el de la Playa de Las Coloradas, donde está ubicada la mencionada edificación. En el tramo de servidumbre está prohibido construir viviendas u hoteles de ningún tipo.
La resolución de Costas ordena a su delegación en Canarias a iniciar las actuaciones pertinentes con el objeto de “rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado”. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha otorgado un plazo de un mes para presentar un recurso de reposición y dos meses para hacerlo por la vía contencioso-administrativa.
En el anuncio de la Dirección General de la Costa y el Mar, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), quedaron recogidas y contestadas las alegaciones de varios actores, como el propio Ayuntamiento de Yaiza, que mostró oposición a la mayoría de los tramos en los que quedó establecida una anchura de 100 metros. Sin embargo, de la mercantil Papagayo Arena S.L., propietaria del complejo hotelero con el mismo nombre, no constaba réplica. La sociedad ha respondido ahora, según un escrito al que ha tenido acceso Canarias Ahora, defendiendo que no había recibido notificación alguna del procedimiento y presentando un escrito en el que pide anular el nuevo deslinde.
El origen del conflicto se remonta al siglo pasado. La Ley de Costas, aprobada en verano de 1988, fijó la anchura de la servidumbre de protección del litoral en 100 metros, salvo contadas excepciones. Uno de los supuestos en los que la norma permite una distancia inferior, de 20 metros, surge en caso de que un plan urbanístico fuera aprobado después del 1 de enero de ese mismo año, pero antes de la entrada en vigor de la legislación, el 28 de julio. Este es el supuesto que afecta al Plan Parcial de Las Coloradas, aprobado el 4 de enero de 1988.
Costas accede en estos casos a que la anchura de la franja pensada para proteger el litoral sea de 20 metros, siempre y cuando el plan urbanístico se haya llevado a cabo cumpliendo su plan de etapas. El de Las Coloradas tenía una duración de nueve años y debía haber terminado en 1997. El órgano defiende en su resolución que no lo hizo, de ahí la modificación del deslinde.
Mediante imágenes satelitales de GRAFCAN, la Dirección General de la Costa y el Mar sostiene que, si bien el acceso rodado y el encintado de las aceras del plan parece finalizado en buena parte, los terrenos contiguos a la zona marítimo-terrestre que iban destinados a zonas verdes públicas se aprecian “totalmente inalterados” y, del mismo modo, “tampoco puede asegurarse” que el resto de los servicios como saneamiento, abastecimiento, suministro de energía y alumbrado público estuvieran concluidos a fecha de 1997.
Papagayo Arena S.L. no comparte el argumento. Dice que, en 1998, un año después de la fecha límite para finalizar el Plan Parcial de Las Coloradas, ya había “al menos dos urbanizaciones concluidas o parcialmente concluidas”, con casas habitadas y piscinas en funcionamiento, “lo que supone necesariamente que el sector tenía” todos los servicios que Costas reclamaba. La mercantil reconoce que quedaban “por ejecutar algunas unidades de obra” que se terminaron en los años 90 y comienzos del 2000, pero que “la práctica totalidad” de las mismas lo hicieron durante el plan de etapas consignado.
Para la compañía, el nuevo deslinde afecta a “infinidad” de construcciones levantadas hace más de 20 años en un suelo edificado “en casi un 90%”. Cree que la decisión de Costas generará “una pérdida de aprovechamiento urbanístico (…), a todas luces indemnizable”, y que ya no hay “nada que proteger” en el lugar donde está situado, entre otras construcciones, el hotel ilegal Papagayo Arena, cerca del macizo volcánico de Los Ajaches.
La mercantil también acusa a Costas de cambiar su criterio e ir “en contra de sus propios actos y en clara vulneración de los principios de seguridad y confianza legítima”. A pesar de que la directora general del departamento público, Ana María Oroño, avisó en un informe fechado en 2021 que el deslinde de Playa Blanca, donde está la Playa de Las Coloradas, se representa “de forma incorrecta” con una anchura de 20 metros en lugar de 100, un año más tarde agregó, en otro escrito adjuntado ahora por la empresa, que “carece de sentido” proponer anchuras mayores en terrenos “totalmente edificados (...) y que por tanto ya no pueden proporcionar ninguna protección al litoral”, haciendo referencia al citado plan urbanístico.
El hotel Papagayo Arena, que abrió sus puertas en 2003, opera con normalidad pese a tener más plantas de las permitidas, ocupar un vial público de acceso a la playa, no tener licencia y ahora, además, estar situado en el tramo de protección de la costa, donde está prohibido levantar complejos turísticos. En enero de 2022, la Justicia ordenó su derribo, pero el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estimó recientemente un recurso presentado por la propiedad al constatar que existe un expediente de legalización del hotel iniciado por el Ayuntamiento de Yaiza, aún sin resolver.