José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional: "El TC no puede desbancar la posición del Tribunal Supremo"

Recién incorporado al Tribunal Constitucional, José María Macías (Barcelona, 1964), magistrado y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asegura a LA RAZÓN sobre una posible abstención en el debate acerca de la Ley de Amnistía –sobre cuya inconstitucionalidad se pronunció públicamente– que para un jurista llegar al TC «con la mente vacía sobre un tema relevante es tremendamente difícil».

Deja un CGPJ que ha estado en el ojo del huracán por el bloqueo político para su renovación y llega a un Tribunal Constitucional muy cuestionado. ¿Qué espera aportar a la corte de garantías?

Mi aspiración es aportar lo que aporta todo jurista a una deliberación de un tribunal, mi criterio jurídico, e intentar en la medida de lo posible enriquecer con eso el del tribunal. Y si mis aportaciones, más allá de lo jurídico, pueden contribuir también a limar ese aparente conflicto, que primero tengo que llegar y ver en qué consiste, y hay algo que pueda aportar en beneficio del consenso y el diálogo, pues en eso estaré, por supuesto.

¿Cree que ahora mismo está en cuestión la confianza ciudadana en el Tribunal Constitucional?

Es evidente que existe una situación de controversia derivada de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional, que una parte de la ciudadanía entiende y otra no, que unos medios alaban y otros critican. Pero no creo que sea algo esencialmente novedoso. La historia del Tribunal Constitucional arranca con la sentencia de Rumasa y desde entonces ha estado en el punto de la crítica más diversa.

Las recientes sentencias que anulan las condenas de los ERE han generado controversia. ¿Considera que con esa decisión el TC abona la impunidad de la corrupción política en la gestión de los fondos públicos?

Una decisión de un Tribunal Constitucional que deja sin efecto una decisión que a su vez ha adoptado el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, necesariamente abona la controversia, porque el Tribunal Constitucional no deja de ser un tribunal de designación estrictamente política que, efectivamente, tiene a su alcance dejar sin efecto las decisiones, no solo del Ejecutivo y del Legislativo, sino también del Poder Judicial. Lo que plantea una situación de controversia y un problema de límites con el que hay que ser tremendamente cuidadoso.

¿En qué medida se han podido superar esos límites? Los votos particulares inciden en que el TC ha invadido la función jurisdiccional del Tribunal Supremo.

Cuando se prevé la Constitución del 78 y después se desarrolla la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, se está pensando en el recurso de amparo como un instrumento de control del poder público en la medida en que puede acabar lesionando derechos de los ciudadanos. Pero la lectura que ahora se hace es que, más allá de lo jurídico, puede tener también trascendencia política si el asunto que se plantea afecta a políticos. Desde luego es un problema de límites. El artículo 123 de la Constitución dice que quien culmina la organización judicial superior en todos los órdenes es el Tribunal Supremo, sin perjuicio de la función del Tribunal Constitucional en garantía de la propia Constitución. El Tribunal Supremo sigue siendo el órgano superior en todos los órdenes y lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es desbancar esa posición del Tribunal Supremo sin poner en entredicho ese artículo 123. Yo no digo en absoluto que esto haya pasado en ese tema porque, entre otras cosas, no he estado en él. Lo que digo es que es una situación en la que es necesario ser tremendamente cuidadoso, porque el TC tiene una composición política, se designa políticamente, y a un órgano de designación política se le está dando la facultad de dejar sin efecto el poder que está llamado a controlar a los políticos. Eso exige ser muy cuidadoso con los límites.

[[QUOTE:PULL|||Crítica|||La reforma que retiró los nombramientos al CGPJ perjudicó de manera grave al Poder Judicial]]

Usted se ha pronunciado en contra de la Ley de Amnistía, sobre cuya constitucionalidad deberá posicionarse el TC. ¿Cree que es motivo suficiente para abstenerse o defiende, como ya apuntó el tribunal, que los magistrados no pueden llegar con «la mente vacía»?

La pregunta, desde luego, es muy interesante, es de aquellas que merece que se diga que yo me alegro que me haga esta pregunta, o no. No voy a eludirla. Pero una cosa es lo que dice un jurista, que ni siquiera se plantea ser magistrado del Tribunal Constitucional, mientras no lo es, emitiendo una opinión. Y otra completamente diferente lo que puede decir un magistrado del tribunal. Lo que yo tenga que debatir en orden a las decisiones sobre mi abstención o no, obviamente, lo debatiré en el seno del tribunal y no antes. Es tremendamente difícil que un magistrado de reconocido prestigio no haya dicho nada sobre un tema relevante. Si no ha dicho nada, solo puede deberse a dos circunstancias: que no sea jurista, y por lo tanto no tenga nada que decir, o que no tenga prestigio, en cuyo caso a nadie le interesa lo que tenga que decir. Llegar con la mente vacía sobre un tema relevante es tremendamente difícil. Si eso motiva o no una abstención en un tema como este es una cosa que por razones elementales de prudencia, incluso de respeto a mis compañeros, será algo que solo trataré en el seno del propio tribunal, si llega a plantearse.

El magistrado del TC José María Macías sigue pensando, como en su día el vocal José María Macías, que la Ley de Amnistía es inconstitucional.

Lo que se espera de un magistrado del Tribunal Constitucional no es que no tenga ideas, sino que acuda con la mente abierta y la capacidad para reformular sus ideas fruto del proceso de deliberación. Por lo tanto, el hecho de tener una idea previa desde luego no desmiente ni descarta la capacidad de un jurista para, en el seno del debate, llegar a otras conclusiones. ¿Si en este caso llegaría a las mismas conclusiones o diferentes? Eso lo tengo que dejar a la deliberación en el tribunal.

En una entrevista con LA RAZÓN aseguró no esperar nada del TC en su control de la ley. ¿Su pesimismo se ha mitigado?

Entendamos bien lo que dije. Cuando se me preguntó qué esperaba, dije que efectivamente nada. Era una manera amable de contestar la pregunta y, al mismo tiempo, ser exquisitamente prudente. Podía haber dicho que esperaba del tribunal que declarase la inconstitucionalidad de la ley. Y, desde luego, no dije eso. O que esperaba del tribunal que confirmase la validez de la ley. Desde luego, no dije eso. Sencillamente no dije nada. Y eso es exactamente lo mismo que tengo que decir en este momento por las razones que vengo apuntando.

Se ha posicionado en contra del «procés». ¿Era necesaria la Ley de Amnistía para recuperar la convivencia en Cataluña?

Esa puede ser una de las cuestiones motivo de debate en el planteamiento jurídico que se haga por parte de los recurrentes o del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal si se eleva una cuestión de inconstitucionalidad. La necesidad de que el tribunal no se lleve una mala imagen frente a la ciudadanía, como apuntábamos antes, exige de mí que haga un alarde de prudencia. Lo que no tiene sentido es que se exija a quien no es magistrado que se comporte como si lo fuera, porque entonces la sociedad tendría que ser absolutamente silente. No era el caso; ahora sí lo es.

[[QUOTE:PULL|||Nuevo Consejo|||Pido paciencia y comprensión para el CGPJ. Inicia su andadura en un momento complicado]]

Se mostró muy crítico con la reforma legal que recortó competencias al CGPJ, impidiéndole realizar nombramientos. El TC avaló esa reforma. Imagino que hubiera votado en contra.

Sí, totalmente. Y me atrevo a entrar en esta cuestión porque ya se decidió y porque ese recorte de funciones, con el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es una cosa del pasado. El nuevo CGPJ nace con todas sus funciones. La crítica rotunda que enuncié en relación con esa reforma la he referido también a la propia sentencia del Tribunal Constitucional y por escrito. Creo sinceramente que esa sentencia no fue la más afortunada posible. También fue muy controvertida, con unos votos particulares que expresaron con claridad los efectos de esa ley: perjudicar de manera grave y selectiva el correcto funcionamiento del Poder Judicial.

Decir que el TC, después de dos reformas, sí tenía la relevancia como para que recuperásemos la capacidad de nombrar magistrados de las que se nos privó, pero que no la tenía el Tribunal Supremo... Mucho se me tiene que argumentar para intentar convencerme de que hay diferencias y por mucho que se argumentara jamás me convencerían, porque eso no es así. Espero que sea algo que quede en el pasado y que el encargo que se ha hecho al nuevo Consejo General del Poder Judicial para que sea capaz de hacer una propuesta de reforma del sistema de selección de los vocales impida que situaciones como las que he vivido se vuelvan a repetir para que el órgano de gobierno de los jueces no se vea privado de sus funciones constitucionales.

Su posición sobre las acusaciones de «lawfare» a los jueces es bien conocida. ¿Qué valoración hace de las presiones políticas al juez Peinado?

Creo que esas valoraciones le corresponde realizarlas al nuevo Consejo. En un asunto vivo como es ese, que puede generar recursos e iniciativas varias, y que algunas de ellas pueden acabar en el Tribunal Constitucional, creo que lo mejor es que no haga ninguna valoración concreta. Sobre todo porque entiendo que quien debe hacerlas es el CGPJ. Me atrevo a pedir para ellos lo que no pedí para mí ni para mi Consejo, paciencia y comprensión, porque inician su andadura en un momento tremendamente complicado. No los envidio en absoluto.

Pero el CGPJ al que usted pertenecía tampoco salió en defensa del magistrado.

Eso es cierto, pero hay que entender la situación de absoluta transición en la que estábamos. Ahora mismo en el Tribunal Constitucional no hay ninguna cuestión relacionada con la investigación a Begoña Gómez ni con las decisiones del juez Peinado, pero puede llegar a haberlas. Y en previsión de que pueda ser así creo que lo que se tiene que esperar de mí es que sea prudente.

Entiendo que ve indicios de alguna posible vulneración de derechos fundamentales.

No, no. Lo que digo es que esa controversia que he visto en los tribunales puede llegar al TC, incluso respecto a cosas que aún no han pasado. De un Consejo General del Poder Judicial que no reaccione ante una situación que interprete como un ataque a la independencia judicial, pensaría mal. De un magistrado del Tribunal Constitucional que, ante esa misma situación, se avance a emitir opiniones por adelantado, también pensaría mal. Ni el uno ni el otro estarían cumpliendo adecuadamente su función. Cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial reaccionaba con contundencia cuando creía que esa reacción era necesaria. Es posible que se interprete que he destacado por eso. No me parece mal. Me parece perfecto. Esa es la confirmación de que cumplí bien mi papel. Pero si ahora siguiera haciendo lo mismo merecería ser objeto de crítica y sería también la confirmación de que no estaría cumpliendo correctamente mi actual papel.

[[QUOTE:PULL|||Ley de Amnistía|||Lo que tenga que debatir sobre mi abstención o no lo debatiré en el seno del tribunal]]

¿Comprende el revuelo originado por la citación como testigo del presidente del Gobierno?

Que se cita a un presidente de Gobierno como testigo y que eso genere revuelo es obvio. Como lo generó cuando se citó a Felipe González en el tema de los GAL o cuando se citó a Mariano Rajoy siendo presidente del Gobierno por el tema de «Gürtel». O como generó revuelo que en el curso del juicio del «procés» se citará a ex ministros para que comparecieran a declarar. Es obvio que todo eso genera revuelo. Solo constato un hecho, no formulo una opinión sobre si es correcto que se le haya citado. Ese tipo de situaciones pueden terminar perfectamente en un recurso de amparo.

Se están escuchando críticas feroces que cuestionan la independencia judicial y se habla de una causa política e incluso de prevaricación.

Insisto. La misma pregunta formulada a un vocal del Consejo y formulada a un magistrado del Tribunal Constitucional, contestada por la misma persona en distinta condición, tiene que recibir distintas respuestas.

Hablaba antes del nuevo Consejo. Usted defiende que la designación de los doce vocales judiciales sean elegidos por los jueces, en consonancia con los estándares europeos.

Y lo sigo defendiendo.

El CGPJ debe redactar en seis meses la reforma legal que lo haga posible. ¿Cree que los vocales serán capaces de pactar ese texto?

Creo que va a ser tremendamente difícil porque desde luego los planteamientos de unos y otros van a ser rotundos y muy diferentes. Si dejas fluir la democracia dentro de la carrera judicial para que designe a doce de los 20 componentes del CGPJ es obvio que sus conclusiones van a ser muy diferentes que si permites que sean dos partidos políticos quienes los elijan negociando. Conozco la carrera judicial y me atrevo a hacer una traslación: ni por asomo se repetirá que cinco o seis vocales sean de la Asociación Profesional de la Magistratura y los otros seis de Jueces para la Democracia. Jueces para la Democracia como mucho tendría uno, o dos si consiguieran un rotundo éxito, y la Asociación Profesional de la magistratura no tendría cinco y muy probablemente otras asociaciones judiciales estarían presentes. Si se deja votar es con todas las consecuencias. Pedir a vocales que pueden estar pensando que no estarían, o no estarían en la misma proporción, que hagan un ejercicio de generosidad para asumir que en el siguiente Consejo las cosas serán diferentes no es pedir poco. Será difícil, pero no imposible. Desde luego van a tener que hacer un ejercicio de generosidad.

[[QUOTE:PULL|||Mayoría progresista|||En el Consejo hemos sido capaces de llegar a consensos. El TC también puede hacerlo]]

En todo caso después tienen que ser las Cortes las que aprueben esa reforma legal.

Claro. Habrá que ver si los partidos políticos son capaces también de hacer ese ejercicio de generosidad. La directriz es que se haga una reforma del sistema con participación directa de los jueces, y eso quiere decir sin intermediarios, que mejor se adecue a los estándares europeos. Esos estándares son conocidos. La encomienda no es a folio en blanco. Es con directrices y las directrices son las que son. Luego veremos si se cumplen o no.

Llega a un tribunal polarizado, en el que las decisiones sobre asuntos de calado salen adelante a menudo con los siete votos de la mayoría progresista. ¿Tiene esperanzas de consenso

He vivido una situación en este Consejo entre 2018 y 2021, antes de que se nos prohibiese nombrar, en la que podíamos hacer los nombramientos pero se nos pedía de manera constante por algunos sectores que no los hiciéramos. Y decidimos que teníamos que hacerlos obteniendo el máximo consenso, hasta el punto de que nuestro objetivo era conseguir hacer las cosas por unanimidad o casi. No es sencillo poner de acuerdo a veinte voces. Cada uno era hijo de su padre y de su madre. Y se consiguió. Naturalmente, es fundamental la voluntad de consenso sin la que es imposible llegar a nada. En un contexto de absoluta polarización hemos sido capaces de llegar a consensos muy contundentes. Creo que el Tribunal Constitucional no será un sitio diferente donde la gente no se hable. Estoy convencido de que se puede llegar a acuerdos y consensos, no desde luego en decidir las cuestiones por criterios de oportunidad y conveniencia, sino por criterios jurídicos. Eso lo hacen los tribunales cada día y el Tribunal Constitucional puede hacerlo también.