El juez Peinado agota las principales vías de investigación sin encontrar delito en la actuación de Begoña Gómez
El magistrado instructor del caso ha puesto en marcha una docena de diligencias que por ahora han desembocado en informes exoneratorios de la Guardia Civil, testigos convertidos en imputados que han negado irregularidades y vías de indagación poco claras
Begoña Gómez se querella contra el juez Peinado por llevar una investigación “perversa y prospectiva” contra ella
La investigación contra Begoña Gómez afronta el parón del verano sin que, hasta la fecha, ninguna de las diligencias puestas en marcha por el juez Juan Carlos Peinado haya arrojado indicios claros de delito contra la esposa del presidente del Gobierno. Después de algo más de tres meses de instrucción, el balance deja dos informes exculpatorios de la unidad de élite de la Guardia Civil, media docena de testimonios negando irregularidades y una comparecencia de unos pocos minutos de Pedro Sánchez en uno de los despachos de la Moncloa. Con dos testificales pendientes para finales de agosto, el foco está puesto en el juez y sus próximos pasos en una causa impulsada solo por acusaciones populares de extrema derecha.
La investigación del juez Peinado, tras la intervención de la Fiscalía Europea y las delimitaciones de la Audiencia de Madrid que ha ignorado, se centra en varios frentes sin descartar cualquier conducta de Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno. Uno son los contratos públicos millonarios que consiguió el empresario Carlos Barrabés. Otro es el rescate millonario de Air Europa. Y una tercera ramificación, recientemente abierta y en constante expansión, es la relación de la esposa del presidente del Gobierno con la Universidad Complutense de Madrid.
Varias de estas vías de investigación han sido desestimadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La supuesta relación de Begoña Gómez con el rescate millonario de Air Europa, por ejemplo, no se sostiene en ninguna prueba: la Audiencia de Madrid habló de “meras conjeturas” de la denuncia de Manos Limpias y la Guardia Civil descartó que haber coincidido en dos eventos con Javier Hidalgo, directivo de Globalia, permitiera ir más allá. “No se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”.
La parte de la causa que afectaba a las adjudicaciones públicas al empresario Carlos Barrabés, al que se acusa de haberse beneficiado de su cercanía a Begoña Gómez, adelgazó drásticamente después de que la Fiscalía Europea reclamase una parte importante del caso. Antes de eso, dos periodistas testificaron para defender sus informaciones y reconocer que no encontraron pruebas de que la esposa del presidente del Gobierno hubiera presionado para beneficiar a Barrabés. Algo que también descarta la Unidad Central Operativa: las cartas de recomendación que Gómez y varias instituciones firmaron a favor del empresario no son un “elemento diferenciador” a su favor.
El propio Barrabés ha negado este supuesto trato de favor que apuntan las acusaciones populares, que han puesto el foco en las visitas que realizó a la Moncloa, la mayor parte de ellas para reunirse con Begoña Gómez y una de ellas en un encuentro del presidente del Gobierno con empresarios del sector de la innovación. El juez quiere saber si esas visitas sirvieron para engrasar las adjudicaciones públicas de Barrabés con Begoña Gómez haciendo valer su matrimonio en beneficio de ambos. Barrabés ha llegado a explicar que Gómez ni siquiera estaba presente la única vez en que vio a Sánchez.
La tercera –y por ahora última– vertiente del caso tiene que ver con la relación entre Begoña Gómez y la Universidad Complutense de Madrid. En concreto, si la esposa del presidente del Gobierno recibió algún trato de favor para dirigir una cátedra de transformación social competitiva y si, además, gestionó de forma irregular un software desarrollado en el seno del centro educativo.
El rector de la Complutense, Joaquín Goyache, ha comparecido ya dos veces, la primera como testigo y la segunda como imputado, condición que ha sido recurrida por la Fiscalía. En las dos ha negado haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra, reconociendo que también acudió a la Moncloa a hablar con ella. En paralelo, la propia Complutense se ha dirigido varias veces por escrito al juez para reconocer que no ha encontrado pruebas de irregularidades pero solicitando que sea el magistrado el que investigue si Gómez incurrió en alguna ilegalidad gestionando un software creado en el seno de su cátedra.
El juez ha movido ficha en las últimas horas y ha puesto en marcha una batería de diligencias para profundizar en este aspecto de la causa, el de la Universidad, convertido ya en la principal después de que los dos anteriores no hayan dado resultado. Ha pedido a la UCM que entregue los datos de otras cátedras extraordinarias para comparar el currículum de sus responsables con el de la esposa del presidente del Gobierno. También ha pedido al Instituto de Empresa el contrato que firmó con ella cuando se puso al frente del África Center.
Dos testigos y dos querellas pendientes
El magistrado tiene también dos testificales pendientes señaladas para el 26 de agosto. La primera es Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, y la segunda es la de Luis Miguel Ciprés, directivo del grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés. Lauffer estaba al frente de este 'hub global de innovación' creado por Globalia y la Organización Mundial del Turismo cuando firmó un patrocinio con el África Center que dirigía Begoña Gómez en el que se desembolsaron 1.700 euros en total.
Esta empresaria ya compareció a principios del pasado mes de junio en la comisión de investigación del Senado abierta a raíz del 'caso Koldo' para investigar irregularidades en la venta de mascarillas y material sanitario a administraciones públicas durante la pandemia. A lo largo de dos horas, Lauffer explicó que se reunió con Gómez varias veces para abordar temas de innovación, pero nada relacionado con el rescate de Air Europa, una de las acusaciones de Manos Limpias desestimadas por la Audiencia Provincial de Madrid y la Guardia Civil.
Del patrocinio de 40.000 euros que pactaron para el África Center que dirigía Gómez solo se abonaron 1.700 euros, explicó. Y durante sus conversaciones, afirmó, Begoña Gómez nunca actuó como “mujer del presidente” sin querer “conseguir o sacar algo”. HazteOir ya ha ofrecido por escrito al juez la testifical del exmarido de Lauffer, dispuesto según la organización ultracatólica a explicar los contactos que la empresaria mantuvo con Gómez.
La testifical de Ciprés estaba originalmente señalada para hace unos días y el juez decidió volver a citarle para el mes de agosto después de que, nervioso, el empresario no recordara algunos detalles necesarios para la causa.
Será a finales de septiembre, con todas estas diligencias ya finalizadas, cuando el organismo supervisor de la causa estudie los recursos que el abogado Antonio Camacho y la Fiscalía han presentado contra diversas resoluciones del juez Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid anunció que sería el 30 de septiembre cuando empiece a estudiar estas alegaciones, que por encima de todo piden en el caso de Gómez el archivo de la causa contra ella.
Mientras tanto, el juez Peinado estará pendiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde los magistrados tienen ya encima de la mesa dos querellas que le acusan de revelar secretos y prevaricar en la gestión de esta causa. Una fue presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez, apuntando a que retorció la ley para forzar que su testifical fuera presencial en la Moncloa y no por escrito. La segunda ha sido presentada por Gómez en las últimas horas y acusa al instructor, directamente, de llevar una investigación “perversa y prospectiva” contra ella.
Es previsible que al juez no le falten ofertas y peticiones de los impulsores de la causa: las acusaciones populares que ejercen Vox, HazteOir, Manos Limpias, Iustitia Europa y el abogado Aitor Guisasola. Algunos han pedido que declare Javier Hidalgo (Globalia), que se investiguen las subvenciones de una empresa para la que trabajó Gómez antes de que su marido fuera nombrado presidente del Gobierno o las cuentas bancarias de la empresaria. El partido de extrema derecha liderado por Santiago Abascal ha dicho, por boca de su máximo dirigente, que no descarta incluso plantear al juez la imputación de Pedro Sánchez.