El juez que ha pedido al Supremo que impute al fiscal general decidirá sobre la querella de Sánchez contra Peinado
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena -que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- será el encargado de decidir si se admite a trámite la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación.
Así lo ha acordado en una diligencia de ordenación la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, que ha registrado y numerado la denuncia presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez contra el magistrado que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
La decisión de la Sala no presupone la admisión o inadmisión de la querella, sobre la que tendrá que pronunciarse el magistrado Goyena, designado ponente. De hecho, la tramitación efectiva de la denuncia se llevará a cabo a partir de septiembre, al ser agosto inhábil a efectos procesales.
El presidente del Gobierno anunció que se querellaba contra Peinado inmediatamente después de que el magistrado acudiera a tomarle declaración como testigo al Palacio de la Moncloa. Sánchez, que le había trasladado por carta su intención de colaborar con la Justicia, se acogió a su derecho a no declarar contra su esposa y amparado en ese dispensa legal no pudo ser interrogado por el juez en relación a las reuniones del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez recomendó por escrito en adjudicaciones públicas, en la residencia presidencial, a dos de las cuales él habría asistido según la versión del empresario, que hoy está citado a declarar como investigado en los juzgados de Plaza de Castilla.
La Abogacía del Estado justifica la presentación de la querella "en defensa de la dignidad da la institución de la Presidencia del Gobierno de España". Para los Servicios Jurídicos del Estado, la querella "no supone, ni puede suponer un ataque al poder judicial, sino el intento de alejamiento del ejercicio puntual de un representante de ese poder, de la arbitrariedad proscrita constitucionalmente, dirigida, no solo respecto a cualquier ciudadanos, sino, en este caso, respecto del máximo representante de otro de los poderes estatales, esto es, el Ejecutivo".
"Se trata de impedir que el ejercicio del poder judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales", argumenta la denuncia, que cuestiona que el juez negase a Sánchez la posibilidad de declarar por escrito dado que según el jefe del Ejecutivo (respaldado por la Fiscalía y la defensa de su esposa), los hechos sobre los que se le pretendía interrogar los conoció por razón de su cargo, y no -como defiende el magistrado- como esposo de Begoña Gómez.
El pasado 15 de julio, el juez Goyena elevó al Tribunal Supremo una exposición en la que desgranaba los indicios para investigar por revelación de secretos a García Ortiz por la difusión de un comunicado en el que la Fiscalía desgranaba las conversaciones con el abogado de González Amador para alcanzar un acuerdo de conformidad a cambio de admitir el fraude fiscal de 350.000 euros que se le imputan. El empresario y el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) se querellaron contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal delitos económicos Julián Salto (a quien el instructor finalmente ha exculpado), al considerar que con esa divulgación se vulneró el derecho de defensa.
Tanto los dos investigados como la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ratificaran ante el juez lo que el propio García Ortiz ya había admitido por escrito al instructor: que fue él quien dio la orden de que se publicara la polémica nota, según dijo para hacer frente a los "bulos" publicados en medios digitales sobre su negativa a llegar a un acuerdo con la defensa de la pareja de Ayuso. Pero el juez Goyena no cree que fuese así y sostiene que "la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros" pudo perjudicar a González Amador y al "interés colectivo" al vulnerar el derecho de defensa.