Reforma judicial contra la gestión de la presidenta

El 8 de agosto terminan los foros sobre la reforma judicial en donde se habrán vertido las opiniones de expertos, juristas, investigadores, ministros, magistrados y jueces, además de legisladores, entre otros, y cuyo resultado final habrá sido para tomar la foto del recuerdo y engrosar las memorias de este ejercicio, pero, en realidad, muy poco se incorporará en el texto final y eso tan solo para darle viabilidad y operación a ese manual del autoritarismo para que el Ejecutivo devore al Poder Judicial.

Ni el presidente López Obrador se imaginó que su venganza y revanchismo contra los ministros y jueces que se han pronunciado en contra de varias de las iniciativas presidenciales tendrían tantos vericuetos legales y problemas para su instrumentación, que van desde dotarle recursos extraordinarios al INE para organizar la elección de los juzgadores por voto directo, hasta crear las leyes secundarias para que la impartición y procuración de la justicia no se detenga, además de no transgredir los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.

Son tantas las aristas de la reforma judicial que luego que ocurra la aprobación que haga el Congreso con mayorías calificadas de Morena y rémoras de la reforma, vendrá necesariamente un impasse de varios meses para gradualmente despedir a los juzgadores y en su lugar instalar a los que ganaron el proceso de elección directa.

Los afectados de este bodrio legislativo que dejará en la plena inoperancia a los juzgados serán, sin duda, los ciudadanos que acuden a los tribunales a dirimir sus diferencias.

Si ahora hay asuntos en los tribunales que tardan años en resolverse con cierta imparcialidad y apego a la ley, no me quiero imaginar qué va a pasar con estos nuevos jueces de pacotilla, cuya única virtud, en el mejor de los casos, será caerle bien a los ciudadanos, aunque no tengan ni un céntimo de conocimientos jurídicos y mucho menos la experiencia para resolver los asuntos que caigan en sus manos.

Cierto, en la actualidad, el sistema judicial del país deja mucho que desear, sobre todo porque prevalece en gran número de juzgadores el criterio de someterse al mejor postor.

En la misma Ciudad de México, se dan casos aberrantes por la corrupción que prevalece en los juzgados penales, principalmente.

Pero, no por ello, se van a cambiar todos los jueces por ciudadanos que fueron seleccionados por insaculación o porque son afines al régimen, pues es una aberración total que pondrá de cabeza a la nación y trastocará absolutamente todo y que dejará al garete la misma administración de la presidenta de la República.

Espero que los asesores jurídicos de la doctora le informen con objetividad el impacto que tendrá en su gestión la reforma judicial en los términos que está redactada.

La reforma judicial es un búmeran que vendrá de regreso en cuanto una mujer se convierta en jefa del Poder Ejecutivo federal, ya que tiene repercusiones internacionales porque daña el contenido de los tratados comerciales.

A la reforma judicial de AMLO se le agregará la gradualidad en la renovación de juzgadores. Es decir, no se correrá a todos los jueces al mismo tiempo, sino que será de forma paulatina, hasta cambiarlos en su totalidad.

Hay otra propuesta que tiene que ver con aquellos trabajadores del Poder Judicial que ya se encuentran laborando en los diversos órganos jurisdiccionales. Se les permita acceder a los procesos de elección popular en forma prioritaria, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos previstos en el artículo 97 de la iniciativa de la reforma; esto con el objetivo de no interrumpir la carrera judicial.

Y la tercera propuesta es privilegiar la participación de mujeres en el proceso de elección de los juzgadores para lograr mayor presencia de las féminas en la impartición de justicia.

Existen otros puntos de vista que coinciden en señalar que debe crearse un comité de revisión y evaluación de los perfiles a competir por un puesto de juez, para evitar que se cuelen a los juzgados personas non gratas, ya por sus antecedentes o por el tipo de patrocinios que los apoyan.

No se trata de vender chiles o de tomar decisiones personales para resolver controversias; la impartición de justicia tiene que ver con la imparcialidad, el conocimiento, la experiencia, la objetividad y el entendimiento total de la Carta Magna y las leyes secundarias, reglamentos y demás ordenamientos legales.

La reforma judicial de López Obrador busca cobrar afrentas personales derivadas del Poder Judicial y no mejorarlo. Entonces, mejor hay que esperar que se vaya y entonces ponderar la reforma judicial con base en mejorar a todo el sistema de justicia, visto este como un todo integral en donde los fiscales y ministerios públicos están considerados en la ecuación reformadora.