Endesa desconectó 425 plantaciones de marihuana en Catalunya durante el primer semestre del año
Seis de cada diez cultivos interceptados con luz pinchada en todo el país estaban en esta comunidad, donde casi la mitad de toda la energía defraudada en la red eléctrica está vinculada al cultivo de cannabis
Hemeroteca - España concentra el 20% de las ventas ilícitas de cannabis de toda la Unión Europea
El aumento del cultivo de marihuana en Catalunya —y en España— no solo afecta a las autoridades policiales: se ha convertido también en un dolor de cabeza para las empresas que comercializan energía por el fraude a la red eléctrica de los cultivos. Solo en la primera mitad del año, las filiales de Endesa desconectaron en municipios catalanes 425 plantaciones de cannabis que estaban enchufadas ilegalmente.
La cifra, que supone más de 16 desconexiones a la semana por este motivo, se ha convertido en un “problema persistente” que “amenaza la seguridad física de los vecinos” y el suministro en zonas con alta concentración de cultivos de marihuana, según ha informado la empresa este miércoles.
El alto número de fraudes detectados confirma que Catalunya es a día de hoy uno de los grandes hubs del cultivo de marihuana en el país: el 42% de la energía defraudada en la red catalana está vinculada al cultivo de cannabis. Seis de cada diez plantaciones con la luz pinchada en todo el país estaban en esta comunidad.
Las estadísticas tanto de entes públicos como de consultoras privadas llevan ya tiempo avisando de que España se ha convertido en el mayor productor de esta planta en Europa. El mercado ilícito no deja de aumentar en el país, en un momento en el que varios Estados europeos, como Alemania, República Checa o Suiza, han iniciado procesos regulatorios de la marihuana en parte para luchar contra el mercado negro y su violencia asociada.
Según el European Drug Report de 2024, elaborado por la Unión Europea, el 47% de toda la marihuana requisada en la unión en 2022 estaba en nuestro país. La cifra, con todo, incluye grandes incautaciones de cannabis no psicoactivo —el llamado CBD— que no está fiscalizado y suele acabar con los acusados absueltos una vez llegan a juicio.
Riesgo para el suministro
Según Endesa, el alto consumo de electricidad que suponen estas plantaciones y la “manipulación devastadora” de las instalaciones es tan grande que se llegan a originar incendios en las líneas subterráneas y en los centros de transformación.
“Se han registrado picos de 15 fusibles fundidos al día en un mismo centro de transformación”, informa la distribuidora, que asegura que en algunos puntos de la red se ha tenido que incrementar la potencia hasta 12 veces para evitar interrupciones en el suministro a los vecinos.
La energética asegura que las conexiones ilegales a la red provocan incendios tanto en las instalaciones generales como en los edificios y viviendas donde se ubican las plantaciones, originando “graves riesgos” tanto para los cultivadores como para los vecinos del entorno de las plantaciones que pueden sufrir, además, problemas en su suministro.
90.000 inspecciones en seis meses
La empresa ha llevado a cabo alrededor de 90.000 inspecciones en Catalunya durante los primeros seis meses del año para detectar conexiones ilegales, en una tarea en la que cada vez tiene más influencia la Inteligencia Artificial. La actividad inspectora detectó 11.170 casos de fraude eléctrico a nivel general, un 30% más que durante el mismo periodo de 2023.
Según Endesa, las inspecciones vinculadas a los cultivos de marihuana suponen cada vez un mayor riesgo para los inspectores debido a la “violencia creciente” de las redes criminales dedicadas a esta tarea. “En determinadas zonas [los inspectores] deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación e ir siempre acompañados por fuerzas policiales cuando van a desconectar plantaciones”, informa la compañía.
Las coacciones y amenazas a los empleados de la distribuidora, sin embargo, no solo están relacionados con el cultivo de cannabis: en los últimos tres años los trabajadores de la empresa y de sus contratistas han sufrido medio centenar de agresiones en todo el Estado.